Doce militares estarían implicados en escándalo de corrupción en FF. MM.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció que adelantará una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares por el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley en la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General.
La
Procuraduría le pidió al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos para labores de inteligencia a las Fuerzas Militares por presuntos actos de corrupción.
El procurador general, Fernando Carrillo, instó al Ministerio a suspender el pago por 30 días, con el propósito de adoptar “medidas de control adicionales, previas y suficientes” para garantizar el correcto manejo de los recursos.
De igual forma, solicitó al comandante General de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, designar un oficial “del más alto nivel” para “preservar los medios probatorios que requiera la investigación”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
El organismo de control disciplinario le puso la lupa a los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley en la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General.
La entidad hizo estas solicitudes como parte de una investigación abierta el pasado 11 de diciembre por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia.
Además, Carrillo manifestó que aplicó el poder preferente para que su despacho asuma las investigaciones disciplinarias
en contra de 12 militares, siete oficiales y cinco suboficiales, que estarían relacionados con los hechos.
A esto se suma la investigación publicada por la revista Semana en la que detalla la forma en la que al menos doce militares cobraban dinero a la entidad por fuentes de información falsa.
Entre los implicados se encuentra el general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien fue comandante de las Fuerzas Militares hasta 2016 y que actualmente se desempeña como embajador de Colombia en Corea del Sur.
Según el semanario, algunos militares, entre los que había oficiales y suboficiales, inventaban fuentes de información a las que les pagaban en ocasiones entre
$10 millones y $15 millones de pesos.
Tras comparar la información entregada por los militares, se encontró que los nombres de las supuestas fuentes correspondían a ciudadanos venezolanos a quienes se les pagaba
$20.000 por poner su huella dactilar y firmar documentos en blanco.
De esta forma, detalló Semana, los militares recaudaban hasta $500 millones de pesos mensuales y lograron un total de $20.000 millones en los últimos cuatro años, periodo en el que aparentemente funcionó la red de corrupción.
De igual forma, los implicados crearon un fondo de ahorro con dineros de la entidad para pagar abogados que defendieran a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, propiedades y viajes.
“En las próximas horas la Procuraduría adelantará una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares”, concluyó la Procuraduría.