Cierre de la frontera después de tres años: una crisis sin fin
La frontera con Colombia cumple tres años cerrada por decisión unilateral del Gobierno de Venezuela, y desde entonces el flujo migratorio ha sido incesante e imparable, sobre todo en el último año por la agudización de la crisis en el vecino país.
Los problemas y situaciones que en su momento esgrimió el gobierno del presidente Nicolás Maduro para cerrar la frontera se mantienen vigentes, es decir, no han desaparecido. Según varias fuentes, este cierre afecta más a los venezolanos que a los colombianos.
En los últimos meses se lograron algunos avances en materia de identificación, atención humanitaria y apoyo a los inmigrantes; sin embargo, aún hay necesidades que resolver como: controles antes y durante el tránsito de inmigrantes; política pública incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y recursos destinados a lo que requieren los territorios afectados por el fenómeno migratorio.
Se cumple el tercer año del cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano y, aunque hay avances en identificación, atención humanitaria, y apoyo a los inmigrantes, las condiciones de Norte de Santander siguen siendo difíciles, en especial porque el flujo migratorio no se detiene desde el 19 de agosto de 2015, exacerbado en el último año por la carencia de condiciones de vida digna en Venezuela.
Las necesidades sin resolver, según autoridades regionales se concentran en tres sectores: controles antes y durante el tránsito de inmigrantes; política pública incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y recursos destinados a lo que requieren los territorios afectados por el fenómeno migratorio.
Juan Carlos Cortés, secretario departamental de Fronteras, afirma que la base debe ser la política pública “porque las soluciones que se están dando son de corto plazo, y se necesita que sean definitivas”, debido a que “las personas que están radicadas en el país ya hacen parte de los municipios y los departamentos”.
La política implicará destinación de recursos para asuntos esenciales que resuelvan las necesidades de los inmigrantes, entre ellos, salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda, e integración sociolaboral.
Para ello, si bien se reconoce que los recursos del Gobierno Nacional serían insuficientes, desde Norte de Santander se conmina a dar una destinación más acertada a la cooperación internacional, según expresa Cortés.
“Pienso que a la cooperación internacional hay que darle un orden, y que sean los territorios los que digan cuáles son sus necesidades, en qué se debe invertir, y eso debe estar en cabeza de la Cancillería”, afirma.
Según el funcionario, son los departamento y municipios los que conocen hacia dónde se deben orientar los recursos para que sean eficientes y que, al final, “se vea la cooperación”.
Así, se evitaría el asistencialismo o la repetición de ayudas, y los apoyos generarían verdadero impacto, en el sentido de generar empleo, proyectos productivos, fortalecer a los municipios y salir de la crisis que afrontan retornados colombianos, familias mixtas y venezolanos.
‘CONTROL, COMO EN PERACAL’
Según el gobierno departamental, se estima que a diario entre 300 a 500 personas caminan por la
vía Cúcuta-bucaramanga, rumbo al interior del país.
Los que no lo hacen, permanecen en el área metropolitana, principalmente en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.
En este último municipio, su Concejo exige controles con la instalación de un puesto migratorio, como los que operan en los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y La Unión (Puerto Santander).
El concejal José Ignacio Rangel denunció que los inmigrantes se han tomado espacios públicos como el miniestadio de Betania, mientras que el cabildante Ciro Rangel señaló que varios de ellos participan en actividades de microtráfico, en el sector de Pensilvania, “sin que Policía
o Migración hagan algo”.
De hecho, habitantes del barrio señalaron públicamente a la Policía de “recibir cuota”, mientras persiste la preocupación porque en el municipio que es paso obligado de los inmigrantes no hay freno, pese a que muchos de ellos transitan indocumentados, y no fueron incluidos en el Registro Administrativo de Venezolanos.
“Recuerdo que cuando uno iba a Venezuela había controles en San Antonio y en Peracal”, señaló el concejal Rangel, para quien es urgente que Colombia tenga el mismo principio de reciprocidad y rigurosidad, necesario para evitar situaciones de riesgo y violaciones de la ley.
LO QUE SE HA HECHO
Permiso Especial de Permanencia
En julio de 2017 Colombia implementó un Permiso Especial de Permanencia (PEP), que en la primera etapa regularizó a 68.374 mi- grantes procedentes del vecino país. En febrero de 2018 se habilitó una segunda fase, y posteriormente se efectuó un Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) que sumó 820.000 personas, las cuales serán regularizadas con Pep.
Acceso a salud
Desde el 18 de agosto de 2017 el Ministerio de Salud permitió la afiliación de ciudadanos venezolanos con PEP al sistema de salud colombiano. El PEP y el pasaporte facilitan el acceso a servicios de salud, como cotizante al régimen contributivo o al régimen subsidiado, para quienes no tienen capacidad de pago. Quienes no poseen el PEP, o están de manera irregular tienen derecho únicamente a la atención de urgencias.