El poder detrás de la Contraloría
Son diferentes las razones por las cuales la elección del nuevo contralor despertó esta gran puja de los partidos por tener a su candidato en el cargo. Por un lado, se trata de la posibilidad de dirigir uno de los organismos más grandes del país en materia presupuestal y de funcionarios.
La Contraloría cuenta aproximadamente con 4.300 funcionarios y un presupuesto de $476.000 millones en la vigencia
2018, además de sedes regionales en los
32 departamentos de Colombia. Este organismo de control es el tercero más grande del país antecedido por la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con un presupuesto de funcionamiento de 3,3 billones de pesos, y de la Procuraduría General de la Nación, con un presupuesto de 570.838 millones de pesos.
Sin embargo, para algunos analistas, aunque el poder burocrático que se alcanza al llegar a la dirección de esta entidad de control es importante, este pulso político realmente se da porque los congresistas se juegan con la elección del contralor su “tranquilidad” por los próximos cuatro años.
“Creo que el control burocrático es uno de los temas a tener en cuenta porque se tiene un importante número de funcionarios y buena capacidad de contratación, pero este no es el punto central. Si los poderes y facultades de la Contraloría se usarán con diligencia y rectitud, seguramente esta entidad metería a mucha gente en problemas y esto lo saben muy bien los congresistas, ya que se les podrían destapar cosas en las regiones”, manifestó Jorge Iván Cuervo, el analista político y docente de la Universidad Externado.
En los últimos años han sido investigados cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes por irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Además, se destaparon casos de corrupción en el uso de las regalías, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Reficar, el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de los Enfermos Mentales, el caso de los Juegos Nacionales de Ibagué, entre otros.
De acuerdo con la misma Contraloría, en los últimos cuatro años inició 4.250 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $21,6 billones en distintas partes del país y se imputaron cargos por $7,6 billones. Asimismo, se ejecutaron más de 2.000 auditorías y se establecieron más de 36.000 hallazgos administrativos por $14,2 billones.