MINAMBIENTE BUSCA FRENAR EL CONFLICTO POR SANTURBÁN
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, argumentó que la política es la de prevenir conflictos y para ello se habilitarán en Bucaramanga dos centros de prevención, uno para la macrocuenca Magdalena-cauca, y otro para el tema socioambiental.
Mientras para el ministro de Ambiente, ricardo Lozano, es fundamental frenar los conflictos relacionados con la delimitación de Santurbán, el trabajo predio a predio hecho por Corponor prue- ba que el mapa trazado por la cartera ministerial no coincide con la realidad regional. El reto parece cada vez más complejo.
Diciembre es el mes de las hayacas, los buñuelos y la natilla.
En las calles, ríos de personas cargan regalos. Los villancicos y el ‘chucu chucu’ son la música de moda. El ambiente es de fiesta, pero para Santurbán, páramo estratégico del oriente colombiano, es un mes donde el sol se oculta y la neblina cubre el encanto de los majestuosos paisajes.
El 19 de diciembre de 2014, mientras el interés de la ciudadanía estaba puesto en las fiestas decembrinas, el entonces gobierno de Juan Manuel Santos delimitó el páramo Santurbán. La Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente, así lo confirmó. (Ver línea de tiempo: Hechos trascendentales)
Ese día, “se configuró el engañó más grande en la historia ambiental del país. La Resolución 2090 terminó siendo acomodaticia de las mineras, desvirtuando el concepto de páramo, pues, sin argumento científico, se divorcia del criterio del Instituto Alexander Von Humboldt y escinde más de 30.000 hectáreas, cifra muy similar a las concesionadas en títulos mineros en Santurbán”.
La teoría de Erwing Rodríguez-salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, se sustenta en lo que él llamó “el teatro de lo absurdo, que se inició con una feria de títulos mineros y luego, el Gobierno, consciente de que no se podía hacer minería en los páramos, cometió la barbaridad de volverlos a delimitar, con las mineras tras bambalinas al acecho”.
Antes de gestarse la delimitación de páramos en Colombia, los mismos estaban definidos por el Atlas del Instituto Humboldt. Santurbán tenía como área de páramo más de
130.000 hectáreas y con la Resolución 2090, tan solo 99.000 quedaron bajo esta figura. En las restantes, concebidas como de restauración y de agricultura sostenible, se permitiría la minería, tal como lo aseguró el ministro de Ambiente de la época, Gabriel Vallejo.
Las marchas, que tuvieron como precedente la movilización del 25 de febrero de
2011, en Bucaramanga (participaron alrededor de 45.000 personas), continuaron.
Para la época, Rodríguez-salah, promotor de la gran movilización social en Santander, donde el impacto minero es muy superior al de Norte de Santander, oficiaba como director ejecutivo de Fenalco Santander y a él se le debe la inclusión de todos los sectores sociales para que de manera pacífica se le exigiera al Gobierno garantizar el agua y conservar a Santurbán.
REALIDAD EN NORTE
Tras la delimitación con la Resolución 2090 -actualmente en ajustes por decisión de la Corte Constitucional-, se les dio a las Corporaciones Autónomas de Santander y de Norte de Santander tres años para hacer la zonificación del páramo.
Para este caso nos remitiremos a lo hecho en Norte de Santander y de acuerdo con el director de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, hay momentos claves.
“Se designó un equipo técnico con el ingeniero Sergio Niño a la cabeza y para la zonificación se definió un modelo predio a predio, en el entendido de que en el páramo habitan familias campesinas, hay actividades productivas en fincas y esto no se podía desconocer”. (Ver mapa: Relación de predios)
Producto de ese trabajo predio a predio, el equipo técnico de Corponor evidenció en campo que el mapa para Santurbán definido por el Ministerio de Ambiente no coincidía con la realidad regional.
“Una reflexión es que el 70 por ciento de la gente que ocupa los predios no tiene la titularidad de los terrenos, pero sí un compromiso ancestral con la conservación del páramo. Con la zonificación se han identificado las actividades, pero no tenemos competencia para legalizar los predios”, dijo Angarita.
Para el director, la Corporación venía haciendo un trabajo coordinado cuando surgió la decisión de la Corte Constitucional de ordenarle al Minambiente ajustar la delimitación, teniendo en cuenta a las comunidades para no vulnerarles los derechos.
En ese momento Corponor asumió un rol de garante de la participación de la comunidad, tal como la Corporación Autónoma de Santander (CAS), la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
“Procuramos en esta fase que los habitantes de los 20 municipios de Norte de Santander incluidos en la delimitación, conocieran en detalle lo que significa hacer una delimitación. Se hizo claridad en que las familias asentadas en la zona no serían desalojadas y que quienes tienen actividades no compatibles con el ambiente deben sustituirlas”, precisó Angarita.
Como parte del ejercicio predio a predio, explicó Niño que en las reuniones con las comunidades se analizó caso por caso, y utilizando mapas satelitales, los campesinos podían ubicar a través de una pantalla su predio
EN JULIO DE 2019 DEBE ESTAR LISTA LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO
y ver en que condición estaba.
Ahora bien, el director Angarita ha hecho énfasis en que la efectividad de los procesos de reconversión dependen de los recursos que se destinen y para ello debe existir un compromiso integral del Estado.
“El Ministerio de Hacienda debe destinar los dineros, el Ministerio de Minas apalancar la reconversión, el Ministerio de Agricultura dar alternativas de sustitución y lógicamente el Ministerio de Ambiente con sus conceptos”.
Como garante de la participación de la Comunidad, Corponor hizo objeciones a la estrategia del Minambiente de definir nueve nodos para reuniones. “El hecho de hacerlas en Pamplona no garantizaba que fueran a llegar los habitantes de Chitagá, Cácota, Silos y demás municipios de la Provincia”.
“Después, el Ministerio -durante el gobierno Santos- intentó hacer visitas a los municipios, pero no tuvo en cuenta a la Corporación y contrató a un equipo de personas que visitaron siete. Cuando nos enteramos, objetamos esa metodología y el Ministerio suspendió el proceso”, dijo Angarita.
Para el director, si la Corporación tiene un insumo predio a predio, hay un terreno abonado con datos reales en campo que evidencian que cada finca tiene una destinación específica.
CAMBIO DE GOBIERNO
La llegada de Iván Duque Márquez a la Presidencia y la designación del bumangués Ricardo José Lozano Picón como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue un mensaje claro para los habitantes de Santander y de Norte de Santander, frente al interés por subsanar los errores del pasado.
Tras revisar el proceso de ajuste y argumentar retrasos, el Gobierno pidió ocho meses de prórroga para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. Ese plazo, dado por el Tribunal Administrativo de Santander, se vence el 16 de julio de 2019. (Ver línea de tiempo: Hechos trascendentales)
Ahora bien, “tenemos que ser conscientes de la necesidad de que el Ministerio articule esfuerzos con la Corporación para garantizar la participación de alcaldes, concejales, personeros, dirigentes comunales, campesinos, veedores y oenegés”, dijo Angarita.
Para él, es vital que teniéndose claro que la estrategia de nodos no fue la más funcional, se vire a un modelo incluyente que facilite la integración de todos los actores sociales.
“Hay que responder a la expectativa de la gente frente a la titularidad de los predios. Si un grupo familiar tiene más de 100 años en un predio, cómo se le va a pedir de un día para otro que se retire. En cambio, si se argumenta que con ocasión de la delimitación el Gobierno va a sacar una Ley que les permita legalizarse, se van a generar sinergias para favorecer el trabajo en equipo”.
Adicional a ello, Niño argumentó que como parte del trabajo predio a predio hecho por Corponor y las declaratorias de Parques Naturales Regionales (PNR) -cuatro que suman 62.478 hectáreas protegidas-, se quiere proponer al Ministerio un mapa de gestión integral del territorio.
El mismo podría tener alrededor de 122.000 hectáreas, si se tienen en cuenta los PNR, cuya extensión en gran medida está por fuera de los límites definidos según la Resolución 2090.