TRAS LAS MARCHAS, EL DESCONTENTO SIGUE EN LAS UNIVERSIDADES
Los rectores de las universidades públicas consideran que el Estado debe garantizar, como política pública, un modelo de financiamiento que permita un mecanismo de transferencia directa para estos centros de educación superior.
Siete años han pasado desde cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), en 2011. Desde ese entonces, el país no sentía una expresión tan contundente en las calles como la que se vivió el pasado 10 de octubre en las principales ciudades y regiones colombianas.
En esta ocasión, la concurrida manifestación, que exigía una mayor financiación de la educación superior pública, se constituyó en una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y actores privados, que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia.
El pedido no es otro que ayudar a sanear el déficit de más de $18 billones: $3,2 billones para el funcionamiento y $15 billones en infraestructura, que existe en el sector de la educación pública superior.
Sin embargo, a pesar de la gran respuesta que tuvo la jornada en los diferentes departamentos del país, el gran interrogante que queda después de esta movilización, es: ¿qué tanta efectividad tendrá? y ¿qué viene ahora en materia de soluciones?
Para el rector de la Funda- ción Universitaria Unihorizonte, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, tras las marchas del miércoles lo que queda es la necesidad de que se piense en hacer una reforma al sistema de educación superior, en la que se integre tanto al sector público como privado y que se resuelva el problema contextual de cómo se está entendiendo la función de la universidad.
El economista de la Universidad del Rosario, Giovanni Efraín Reyes, por su parte, cree que el anuncio sobre la adición del medio billón al presupuesto de la educación superior para 2019, no evidencia una voluntad política sino al contrario, muestra un afán de dar “calmantes” a un problema que está latente.
“Lastimosamente, el Estado se está haciendo el de la vista gorda al no aceptar que la educación en general tiene menos presupuesto y mayor cobertura y producto, lo que conlleva a que el déficit vaya creciendo aún más. El planteamiento no es que la universidad quiera más recursos, sino que lo que piden es que se salde la deuda que viene por tantos años”, sostuvo Reyes.
El rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, explicó que la petición que le están haciendo al Gobierno es que se adicionen $500.000 millones a las 32 universidades públicas del país y no a la educación superior, porque entonces nunca verán los recursos.
Por ahora, el ambiente sigue agitado y varias facultades de las universidades públicas han entrado en paro indefinido hasta que no sientan una decisión “real” por parte del Gobierno. De igual forma, se espera que la próxima semana cuatro profesores de instituciones de educación superior vayan a huelga, para exigir apoyo del Estado.