¿CUÁNDO SE ACTUALIZA CÚCUTA?
Las leyes 1450 y 1483 disponen que los municipios deben actualizarse en periodos máximos de cinco años.
Sin embargo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) recomienda que sea cada tres años, en atención a que en este lapso los cambios estructurales y los prediales no varían mucho y, en este sentido, los usuarios no van a sentir mucho el peso de la entrada de un nuevo avalúo.
Caso contrario sucede si la actualización se produce cada siete u ocho años, como es el caso actual de la ciudad.
Luego de los hallazgos en los que se encontraron 7.000 predios por fuera de la base catastral de Cúcuta, el municipio presentó una propuesta al Igac para que en la presente vigencia se haga la incorporación al catastro de unos 1.000 o 2.000 predios, y el próximo año empiecen a tributar como debe ser, no como el lote sobre el que venían pagando, sino sobre el edificio que se construyó.
La actualización de la ciudad se haría el próximo año, ya que actualmente presenta un atraso de siete años.
En 2011, cuando se hizo el último estudio de zonas en Cúcuta, había unas condiciones económicas y sociales diferentes a las de hoy. Había una burbuja inmobiliaria, por el tema de Cadivi, y mucho dinero en el mercado. Los valores de los inmuebles la gente los pagaba. Hoy, este mercado inmobiliario varió por la crisis de la frontera.
OCUPACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
Planeación municipal estima que unos 10.000 predios, de los 31.000 sobre los que tiene propiedad el municipio, están ocupados por particulares en zonas apartadas, con quienes se tiene que entrar a desarrollar una estrategia de titulación y con ello buscar su formalización para obtener de ellos ingresos tributarios.
En esta dirección ya se empezaron a dar los primeros pasos con la contratación de un software que empleará la ortofotografía para ubicar los predios y determinar en manos de quiénes están.
El objetivo es atrapar a aquellos evasores del impuesto predial que han construido, incluso edificios, sin dar aviso al fisco, pagando tasas de impuestos irrisorios, lo que representa fugas tributarias para el municipio.
EVITE UN EMBARGO
El embargo es el último paso jurídico que se da a la hora de cobrar una renta, pero previamente se puede acceder a opciones que ayudan a normalizar la situación de cobro y a evitar medidas cautelares o, en el peor de los casos, el secuestro y remate de un bien. Una vez se tenga un compromiso pendiente se debe acudir a los centros de atención al contribuyente para hacer un acuerdo de pago de la deuda. Allí se revisa el estado de cuenta y se establece un plan de pago que sea asequible para cancelarlo en cuotas mensuales durante un determinado plazo.