Masacres, una tragedia sin fin
Solo se sabe que los autores son supuestos grupos armados ilegales de los que las autoridades no tienen mayores detalles.
Solo se sabe que los autores son supuestos grupos armados ilegales de los que las autoridades no tienen mayores detalles.
Pese al repudio general, las masacres en Colombia se multiplican, en lugar de acabarse. La semana arrancó, por ejemplo, con el asesinato de 11 personas en dos hechos de violencia en los municipios de Buenos Aires (Cauca) y Mosquera (Nariño). En el primer caso, la Defensoría del Pueblo ya había lanzado una alerta temprana que no fue atendida de manera eficiente. Los móviles de ambas situaciones son bastante parecidos a lo que ha ocurrido en las ya 61 masacres registradas por Indepaz en el país en lo que va del año: Los autores son desconocidos que llegan sin razón aparente y matan a un grupo de personas, sobre todo jóvenes.
Las comunidades afectadas claman que el Estado llegue a esas apartadas zonas e investigue lo sucedido, pero los avances de las indagaciones son limitados y los criminales no dejan de ser tratados con términos que redundan en la generalidad, mientras que la crisis social y humanitaria en esas zonas se vuelve más compleja. Solo se sabe que los autores son supuestos grupos armados ilegales de los que las autoridades no tienen mayores detalles. En el caso de Buenos Aires, el 26 de abril ya habían sido asesinadas tres personas allí, en el caserío de Munchique. Granadas y armas largas fueron usadas por los asesinos en ambos casos.
Voceros de organizaciones como Proceso de Comunidades Negras (PCM), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom) y la Asociación para la Investigación y la Acción Social, entre otras, se han manifestado para exigir que el Estado intervenga y ponga fin al derramamiento de sangre de civiles, y han criticado que pese a las advertencias el Gobierno nacional ha hecho caso omiso al clamor de establecer medidas efectivas de prevención y protección para los pobladores de esa zona del Cauca.
En la misma encrucijada se encuentran comunidades de Nariño, Valle, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y Córdoba, entre otros departamentos, que se sienten desprotegidas, y que además de sufrir con los asesinatos de numerosos líderes sociales ahora suman personas del común, principalmente jóvenes, cuyos homicidios ocurren sin que se tengan motivaciones claras. Si se toma en cuenta que durante todo el 2017 se registraron en el país 11 masacres, que ya son muchas, lo actual es totalmente escandaloso.
La espiral cotidiana de violencia que afrontan esos territorios parece tomar cada vez más velocidad. Una obsesión por generar terror se apodera de grupos criminales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, y que se movieron rápido a copar territorios que antes estaban ocupados por la guerrilla de las Farc, y a los que el Estado nunca llegó. Las matanzas que antes eran esporádicas ahora ocurren, por lo menos, cada dos días, y la posibilidad de que ese capítulo pueda ser cerrado pronto se ve lejana. Es urgente que haya una política clara de desmantelamiento de las organizaciones criminales que siembran el terror en áreas claramente identificadas. La pasividad permite que los criminales se afiancen y manden.