¿Debe ser ratificado el Acuerdo de Escazú en el Congreso?

El Congreso de la República tiene en su agenda la ratificación del Acuerdo de Escazú (Costa Rica), suscrito por Colombia el año pasado, y que se enfoca en el cuidado del medioambiente. El documento, que tiene mensaje de urgencia, señala que es el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. El Consejo Gremial Nacional argumenta que no debe ser ratificado porque sería un obstáculo para la reactivación económica, obedece a ideologías políticas y le quita facultades al país. Desde otros sectores se ve como una conciliación de derechos humanos y ambientales, que articularía de mejor manera las políticas ambientales, y que cuenta con el respaldo de la Cepal. 1 ¿Debe ser ratificado el

Acuerdo de

Rafael Hernández Lozano, gerente de

Fedearroz Escazú en el

1

Considero que no, ya lo hemos discutido Congreso? ampliamente en el seno de la

SAC (Sociedad de Agricultores de 2 ¿Están en Colombia), y tenemos claro que el país

tiene suficientes controles ambientales, por parte del Ministerio juego la de Ambiente y de las corporaciones autónomas reactivación regionales. Aquí hay que sacar licencia ambiental para

todo, y con esto vamos a darle la posibilidad a todos esos económica y organismos internacionales, manejados por un poco de

ONG, que hay de todas clases, oponiéndose al desarrollo y la soberanía

todo lo que se va a hacer. Consideramos que no tenemos por qué darle esa posibilidad a otros países y organismos nacional?

internacionales, cuando este es un país en desarrollo al 3 ¿Es un acuerdo que le falta mucho por hacer. ¿Usted se imagina el día en

que vayan a hacer una línea del ferrocarril o una carretera ideologizado nueva, con los organismos internacionales metidos en todo esto, y con los indígenas y con todo el mundo?

2 o podría

Claro que sí, eso es permitir que otros países y organismos ser articulador internacionales que tienen un concepto muy

diferente, porque son países desarrollados la mayoría, de políticas decidan por nosotros. Considero que eso es un poco

inmiscuirse en los problemas nacionales y atentar un poco ambientales?

con la soberanía.

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Claro que lo es, esto tiene más de otro tipo de políticas que ambientales. Los gremios, en general, no estamos de acuerdo con eso. No me gustaría referirme a eso, pero sí hay ideologías metidas ahí, no veo eso conveniente para nuestro país.

Vivian Newman, directora de Dejusticia

Hemos defendido la importancia de que se ratifique, es un paso muy importante en la protección del medioambiente. Es el primer tratado que articula derechos humanos y derechos ambientales. Llena vacíos, porque en la Ley de Transparencia no aparecen como sujetos obligados a brindar información las empresas y entidades que trabajan con recursos naturales, y esos son asuntos públicos que afectan a la ciudadanía. Todos los ciudadanos deben poder acceder a esa información y que puedan participar para que su voz sea oída, y se protejan los bienes que son de todos.

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Eso es un juego de palabras. Los tres poderes públicos están involucrados en la integración de cualquier tratado internacional en Colombia, pueden revisarlo si hay algo que va en contra de nuestra Constitución. No afecta la soberanía, al revés, nos da la posibilidad de decidir internamente qué es lo que queremos. ¿Perdemos soberanía si firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cada vez que firmamos un TLC perdemos soberanía? No, eso no es cierto.

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La palabra “ideologizado” es tramposa...todo el mundo tiene ideologías; si defender el medioambiente es una ideología, pues protegerlo es parte de eso. Defender el medio ambiente es un interés público, y a los empresarios debería interesarles eso para la sostenibilidad de ellos mismos, para que sus negocios no se acaben dentro de poquito; eso es pensar en el corto plazo. Conciliar derechos da mayor legitimidad y es pensar en mediano plazo.

“El país tiene suficientes controles ambientales”.

“Articula derechos humanos y derechos ambientales”.