Alcalde de Salamina sale bien librado de otra investigación, esta vez disciplinaria.
El Ministerio Público consideró que con la queja no se allegaron soportes o información para orientar una investigación. Fin.
La Procuraduría Provincial de Manizales ordenó terminar y archivar una investigación disciplinaria que se pretendía adelantar contra el alcalde de Salamina, Juan Pablo Ospina Rosas.
El salamineño Rubén Darío Ríos Castaño presentó el 12 de mayo una queja basada en una presunta inhabilidad de
Ospina Rosas para haber sido elegido, ya que habría sido ordenador del gasto en la Gobernación de Caldas; también por haber renunciado al cargo solo seis meses antes de las elecciones, y por posibles compra de votos en su campaña, tráfico de influencias y participación en una fiesta en zona rural del municipio con el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
La Procuraduría, considerando que con la queja no se allegaron soportes o información para orientar una investigación, comisionó al personero municipal a practicar pruebas. Sin embargo, este funcionario dejó constancia de que el 24 de julio no compareció Ríos Castaño a la diligencia virtual en la que se pretendía ampliar y ratificar la queja.
El 12 de agosto la procuradora provincial de Manizales, Liliana Palacio Álvarez, resolvió dar por terminada la actuación y archivar de forma definitiva la investigación disciplinaria.
Sobre esta decisión, el alcalde compartió un mensaje: “Estamos seguros de que hemos actuado con coherencia y solidez jurídica y demostrada en cinco debates judiciales ante el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Caldas y Procuraduría General de la Nación, que nuestra elección se efectuó con rigor jurídico y con el único animo de servirle al municipio”.
Un año antes de las elecciones, Ospina Rosas trabajó como profesional especializado en la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Caldas y fungió como secretario encargado, pero él ha insistido en que no actuó como ordenador del gasto ni como autoridad civil, política, administrativa o militar, que le habría causado la nulidad de su elección.