Pueblo, ciudadanía y democracia
El trino del Presidente de la República invitando a marchar el 14 de febrero y el 1 de mayo para defender las reformas del gobierno prendió las alarmas y generó muchas reacciones en contra. La pregunta de fondo es sobre las vías de expresión en democracia y sobre la mecánica política con que el presidente quiere gobernar.
Una de las primeras reacciones fue de Gabriel Silva en un interesante análisis en la revista Cambio, donde criticó fuertemente la invitación del presidente: “Desafortunadamente, el absolutismo vuelve a asomar las orejas con otro ropaje. El populismo, que no es otra cosa que utilizar al “pueblo” como programa, como justificación y como legitimidad para pasar por encima de la ciudadanía, las instituciones y la democracia, se está tomando la política contemporánea.” Silva pone el dedo en la debilidad de los populistas por pasarse la institucionalidad por la faja y recurrir a las marchas, muchas de ellas manipulables por los mismos gobernantes. Por su parte, el senador Humberto de la Calle trinó al respecto: “Sabemos pasión de Petro por la calle, pero cambiar reflexión sobre temas complejos por la estadística de la algarabía en las calles es un retroceso democrático. Además: si la respuesta del gobierno a una marcha opositora es una contramarcha, el derecho protesta se ve menoscabado”. De la Calle muestra que el “deber ser” de las democracias es respetar los análisis en los cuerpos legislativos, pues deben hacerse con muchos argumentos técnicos, que no son tan fácilmente discutibles en una esquina gritando arengas. Además de señalar el riesgo para la democracia al desconocer los derechos de la oposición. Otros politólogos han hecho preguntas como: ¿Hasta dónde el presidente puede liderar formas de protesta en la calle? ¿Contra quién? ¿Contra los sectores que se oponen en el Congreso a las reformas? ¿Es una forma de balancear la fuerza de una coalición en el Congreso que podría naufragar en el trámite de las actuales reformas? ¿Quiere mantener imagen positiva con los sectores sociales que lo apoyaron electoralmente, pero al mismo tiempo colocando contra la pared al Congreso y así conseguir los votos para la aprobación de la reforma, con la ayuda de una “emermelada” rápida?
Para los que creen que esta invitación a salir a las calles es problema de países populistas como Argentina, Venezuela o Colombia, les notifico que no. También es muy corriente en democracias tan sólidas como la francesa. Allí se mofaban de los primeros ministros diciendo que una manifestación en una calle no tumbaba una reforma, pero que una manifestación en un bulevar, gran avenida, sí la tumbaba; y si se demoraban en retirarla, decían que una manifestación en la gran plaza de la Bastilla, no solo tumbaba la reforma sino también a un ministro. Las marchas en Francia tienen un sesgo más “contra” algo. En general las marchas se realizan en calma, con una vigilancia no solo de la policía, sino también de los mismos marchantes donde saben que deben evitar los brotes de violencia para evitar cascadas de desorden con todos sus riesgos para la integridad de los marchantes y demás ciudadanos y el cuidado de los bienes públicos y privados. ¿Cómo se entiende esta presión que se ejerce en la calle? Como un control a los gobiernos y a los mismos cuerpos legislativos desde el Constituyente Primario. Es una especie de “derecho de veto” de facto que tienen los ciudadanos frente a reformas que consideren injustas. Sin embargo, en el caso colombiano. ¿Contra quién van dirigidas las protestas que convoca el presidente? ¿Contra el Congreso y los sectores que pueden oponerse a las reformas? ¿Cabe que el presidente juegue en los dos ámbitos? ¿Respetará el presidente las decisiones en el Congreso que puedan ser contrarias a las reformas? ¿O promoverá caminos alternativos que puedan implicar un quiebre de los mecanismos democráticos?
Por ello, creo que un toque de calle es importante para las democracias. No para desconocer los escenarios técnicos para contrastar los argumentos especializados, sino para legitimar o deslegitimar algunas reformas o decisiones gubernamentales. Es una forma de participación política que nuestra Constitución consagra, que seguramente debemos madurar como ciudadanía. En Colombia debemos oírnos más, permitir que el grito de las personas que mucho tiempo han estado en silencio o han sido marginadas del debate, se pueda dejar expresar, es una forma de dar lugar a los otros. Sin embargo, la calle como expediente para romper con la institucionalidad sería lanzar al país a un abismo. Y configuraría un abuso por parte del Presidente del derecho a la protesta, y estaría hiriendo gravemente a la democracia.
La calle como expediente para romper con la institucionalidad sería lanzar al país a un abismo.