Un corte supremo a la justicia
La Corte Suprema de Justicia le ha hecho un corte injustificado a la justicia, lo que pone en evidencia el grado de politización que hoy tiene permeado ese recinto. Flaco favor le hacen a la institucionalidad y a la democracia esos togados que sin escrúpulos, con cuentos salidos de una realidad nefasta que vivimos, quieren evadir la responsabilidad que tienen, que es de obligatorio cumplimiento y no admite dilaciones en el tiempo. Pero los magistrados que hoy la componen, no pocos de ellos muy cuestionados, quieren con una reseña melodramática convencernos de que se ajustan a derecho, cuando es lo más torcido que pueden hacer, tratándose de una entidad que se supone debe estar encargada de administrar justicia y sentar jurisprudencia, en un país en el cual la corrupción ha permeado todos los círculos de los poderes públicos y también de los privados.
La demora para nombrar fiscal general de la Nación no es una decisión jurisprudencial sometida a las discusiones de los togados. Ese proceso es un acto administrativo que no tiene nada que ver con la justicia, el mismo que no cumplen, violando las obligaciones que tienen, esas para las que fueron nombrados. Hablamos de una Fiscalía General de la Nación en la que dejan en interinidad a una muy cuestionada funcionaria, que ellos mismos estarían en obligación de poner en entredicho e impedirle ocupar ese cargo que ha sido usurpado siempre por los más corruptos, cuando no los más mediocres personajes, salidos de las corruptelas que se tejen en los altos niveles del poder en Colombia sin la más mínima vergüenza, sin que tengan pesos de conciencia que los torturen interiormente; cuando las personas, cualquiera sea su rango, su formación o su creencia, actúan violando los principios y las leyes establecidas en nuestros mandatos constitucionales y legales, demostrando que la legalidad en Colombia es una farsa, llena de cuestionamientos y de trampas.
La gran mayoría de los fiscales que tenemos en las fiscalías en Colombia, y que actúan ante Corte, tribunales y juzgados en el área penal, son gente honesta y recta, que tiene claros principios de transparencia y que entienden la justicia como la aplicación de normas establecidas claramente en nuestro ordenamiento jurídico, sin dejarse manosear por los poquísimos corruptos que quieren que hagan cosas distintas, que violen las leyes, que fallen contra evidencia y que conviertan la justicia en un juego con el cual pueden mantener en vilo a las personas y a las instituciones. He conocido fiscales en varias partes, la gran mayoría son personas honestas, decentes, transparentes y justas en el desempeño de sus funciones. Pero también he conocido ese pequeño grupo de “delincuentes” que dan órdenes, cambian el fiscal o juez, o lo trasladan, para que otro acuse o no lo haga contra evidencia, convirtiendo el arte de la justicia en un sucio juego de intereses, en el que los pocos corruptos que la manejan, hacen pasar desapercibidas a las mayorías de funcionarios honestos y pulcros que conforman esa rama del poder, sometida a todo tipo de artimañas desde los niveles de mando, en los que la ética no tiene valor alguno, la moral es completamente desconocida y la justicia es una diosa maltratada a la que le quitaron la venda, le inclinaron la balanza y le pusieron la miserable tarea de actuar en contra de las leyes y del Derecho, la que en manos de togados politizados y cuestionados violan a diario, sin pudor, sin vergüenza y sin conciencia. El nombramiento de fiscal, de la terna que les fue presentada y que ellos aceptaron, no es una decisión jurisprudencial; es un acto administrativo, que por desgracia les fue asignado, en un país en el que los poderes no son independientes, se mezclan con vulgaridad y cinismo para no tener investigaciones o condenas, pero poder violar las normas constitucionales. Es degradante nombrar a sus esposas, hermanos y familiares con grados de consanguinidad y de afinidad, burlando de manera grotesca, en otras entidades de poder, sin que tengamos un tribunal independiente que se encargue de investigarlos y sancionarlos de manera severa por esas conductas vergonzosas y pueriles. La Corte Suprema de Justicia, que otrora fuera referente de dignidad, honestidad y sapiencia jurisprudencial, hoy produce vergüenza. Lo increíble es que togados de esa supuesta categoría, no diferencien entre los actos jurídicos y las funciones administrativas que les fueron encomendadas. Bien lo dijo Platón: “La obra maestra de la Justicia es parecer justo sin serlo”, pero mejor lo sentenció Francisco de Quevedo: “Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor”.
El nombramiento de fiscal, de la terna que les fue presentada y que ellos aceptaron, no es una decisión jurisprudencial; es un acto administrativo.
Flavio Restrepo Gómez ◆ f.restrepo@icloud.com