UNA MOVIDA
inteligente.
Ante los enormes desafíos generados por la globalización, el país requiere que el ramo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) cuente con la inversión necesaria para apoyar la modernización de los demás sectores de la economía, y así generar valor y competitividad. El problema es que Colombia ha perdido su liderazgo regional en materia TIC, terminando el 2017 por debajo de la media regional en cuanto a la penetración de teléfonos móviles inteligentes (45 por ciento versus 55 por ciento regional), cambiando la metodología para calcular las conexiones de banda ancha para cumplir con la meta original de 27 millones de usuarios y siendo la nación con la menor asignación del espectro per cápita en América Latina.
Otra problemática que enfrenta el renglón es la baja inversión de capital, atribuible a la falta de garantías o seguridad jurídica. El Capex sectorial se ha contraído alrededor de 15 por ciento, año tras año, desde el 2015. El inesperado fallo de 1.600 millones de dólares en contra de Movistar y Claro, en julio del 2017, perjudicó a toda la cadena de valor, agravando la difícil situación que viven los operadores móviles, y que ya cumplen diez trimestres consecutivos de crecimiento negativo de sus ingresos. El mismo efecto del fallo de reversión de activos ha sido notorio para las empresas proveedoras de servicios profesionales y de infraestructura de telecomunicaciones en general.
También se le puede atribuir la difícil situación al hecho de que, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en Colombia existe una gran participación de dineros públicos en las telecomunicaciones. Es acertada la decisión del Gobierno Nacional de vender su participación (32,5 por ciento) en Coltel, y sería muy importante que las entidades dueñas de las demás empresas con capital público –como TIGO/UNE, ETB y Emcali, entre otras– sigan ese buen ejemplo para minimizar el arbitraje regulatorio que hoy caracteriza el sector.
Se requiere desligar las decisiones sectoriales de asuntos políticos, como el cabildeo de algunos miembros del Concejo de Medellín para que en Colombia no se asigne la tan anhelada banda de 700 MHZ, y de paso acabar con los escenarios anticompetitivos generados por acuerdos interadministrativos que atentan contra el derecho a la libre competencia de aquellas empresas que no están en condiciones para firmarlos.
Igual de importante sería tener en cuenta que, por más que las TIC han comprobado ser una herramienta potente para acercar al ciudadano a las iniciativas de gobierno (entrega de tabletas a escuelas públicas e instalación de puntos wifi gratuitos), como industria requerimos de programas financiados por el Fontic que sean sostenibles en el tiempo y que generen valor real como factor multiplicador de la inversión.
Los esfuerzos para enfrentar la ilegalidad en el sector tampoco han funcionado, pues más del 50 por ciento del software utilizado en Colombia sigue siendo pirata o sublicenciado, lo que claramente atenta contra un factor tan necesario para estimular la innovación como es la protección de propiedad intelectual y de derechos de autor.
Para salir de la difícil situación se requieren medidas de choque que aún se pueden lograr en lo que queda de este gobierno. Por ejemplo, desde la cartera TIC, el ministro Juan Sebastián Rozo debe dejar como legado un único regulador convergente e independiente, tal y como lo recomendó el Departamento Nacional de Planeación, lo que generaría rápidamente mayor confianza inversionista.
Hacia adelante, con vender la participación estatal en los operadores, repensar impuestos contraintuitivos –como el gravamen al consumo de los planes de datos móviles–, evitar medidas restrictivas para el flujo de datos, promover estándares tecnológicos para entidades públicas y mantener reglas claras que fomenten la competencia a partir de inversión y no de regulación, el sector podrá volver a ser un importante contribuyente al crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano.