UNA INDUSTRIA
promisoria.
En las últimas dos décadas, el crecimiento de la industria de pensiones y cesantías en Colombia llevó al sector a asumir responsabilidades sin precedentes: una de ellas, administrar 230 billones de pesos que pertenecen a más de 15 millones de trabajadores. La segunda, garantizar su pensión en la vejez y procurar la sostenibilidad del sistema.
Estas dimensiones responden al juicioso ahorro de quienes depositaron su confianza y futuro pensional en esta industria. Más allá está el buen comportamiento de las inversiones hechas por los fondos a lo largo de 24 años en beneficio de sus afiliados. Solo en el 2017, los recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lograron rendimientos por más de 28 billones de pesos; en el caso de Porvenir, tuvieron los mejores de los últimos siete años, lo que generó un crecimiento significativo en los ahorros para la jubilación de nuestros más de 11 millones de clientes.
Este año, a pesar de volatilidades normales de los mercados, la industria registra resultados positivos y recuerda la importancia de analizar el ahorro pensional en ventanas de largo plazo. También es optimista ante el buen desempeño actual de la economía colombiana, que permitirá mejores resultados para los afiliados.
De los recursos administrados, las AFP han generado rendimientos históricos por 141,6 billones de pesos, una cifra que no puede pasar inadvertida. Para lograrlos, el sistema de pensiones privado volcó parte de sus esfuerzos en instrumentos cuyo destino es financiar empresas locales o del Gobierno. Los efectos de esta estrategia son claros: dinamizar la economía y fortalecer la estabilización financiera del país. Estudios recientes de Asofondos demuestran que las AFP le aportan al PIB un crecimiento anual de 0,58 puntos porcentuales.
Aun así, industria y Gobierno deben unir esfuerzos para afrontar retos urgentes, como que apenas el 25 por ciento de los adultos mayores de 60 años esté recibiendo una pensión. Tampoco debe pasarse por alto que solo un tercio de quienes cotizan aportan para tener un beneficio pensional.
En la lista de desafíos también están la sostenibilidad fiscal y la inequidad derivadas, en gran parte, de las condiciones pensionales del régimen público. Según Planeación Nacional, el 65,4 por ciento de los subsidios otorgados por este régimen se los lleva el quintil más rico de los pensionados. Mientras una persona de altos ingresos puede alcanzar subsidios que rondan los 1.000 millones de pesos, un cotizante por el salario mínimo no los recibirá por más de 90 millones para pensionarse.
A ello se suma el envejecimiento de la población colombiana, que afecta la sostenibilidad del régimen público de pensiones, pues cada vez son menos los jóvenes que aportan para las mesadas de los jubilados.
Aunque abundan los diagnósticos sobre los regímenes pensionales, no es un secreto que se precisa una reforma que corrija estas distorsiones. Desde Asofondos se ha insistido también en necesidades como garantizar un pilar solidario para colombianos de más bajos recursos, perfeccionar los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y fortalecer el programa Colombia Mayor para que llegue a más gente.
Por último, es importante aclararlo: toda reforma debe respetar derechos adquiridos de los pensionados y expectativas legítimas de quienes estén próximos a jubilarse.