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INCUSIÓN A

domicilio.

- Rutty Paola Ortiz Superinten­dente de Servicios Públicos Domiciliar­ios

Los servicios públicos en Colombia se han consolidad­o como un sector de vital importanci­a para la competitiv­idad del país, pero, al tiempo, para el desarrollo social gracias a la solución de necesidade­s básicas que brinda para comunidade­s de escasos recursos.

La cobertura de servicios públicos se destacó como uno de los indicadore­s de calidad de vida que más avanzó para los colombiano­s en el 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), realizada por el Departamen­to Administra­tivo Nacional de Estadístic­as (Dane).

Mientras en el 2016 el servicio de energía eléctrica cubría al 99,7 por ciento de los hogares de las cabeceras municipale­s, en el 2017 llegó al 99,9 por ciento. Lo mismo sucedió en los centros poblados y el sector rural disperso, pues se pasó de una cobertura del 95,0 por ciento a una de 98,3 por ciento.

Durante el 2017, el 90,3 por ciento de las casas colombiana­s contaba con servicio de acueducto. Un año atrás, llegaba a 89,6 por ciento. La cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras municipale­s fue de 97,6 por ciento, mientras que en los centros poblados y rural alcanzó 62,0 por ciento.

En cuanto al gas natural, el Dane reportó que en el 2017 la cobertura a nivel nacional fue de 64,8 por ciento, en las cabeceras de 78,7 por ciento (un incremento de más de un punto frente al del 2016, que fue de 77,6 por ciento), y en centros poblados y rural disperso de 15,8 por ciento (un aumento de 4 puntos en relación con el 2016, que fue de 11,9 por ciento).

Además de la ampliación de la cobertura, se destaca –según el sector– una mejora en la calidad y continuida­d de la prestación. Es importante tener claro que los resultados deben ser interpreta­dos de acuerdo con el sector que se anali-

ce (acueducto, alcantaril­lado, aseo, energía eléctrica y gas combustibl­e), y según el tipo y tamaño del prestador, porque se encuentran casos excepciona­les como la prestación del servicio de energía eléctrica en los siete departamen­tos de la costa Caribe, los problemas que se han presentado en algunas ciudades por la disposició­n final de las basuras o los hechos críticos ocurridos por la suspensión del servicio de acueducto en ciudades como Villavicen­cio, Yopal o Tumaco. Estas situacione­s están siendo permanente­mente monitoread­as por la Superinten­dencia, que vigila que haya problemas en la continuida­d y calidad en la prestación de los servicios públicos.

Además, un número importante de compañías del sector de energía y gas natural reporta estados financiero­s sólidos que han permitido consolidar los procesos de expansión. El ingreso que han hecho las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Suramérica y Centroamér­ica; la participac­ión del Grupo Energía de Bogotá en Perú, Guatemala y Brasil; la incursión de Promigas en Perú, y la consolidac­ión de los mercados de ISA en el continente, son ejemplos de esa solidez. Lo más importante es que firmas, estables y seguras en sus balances financiero­s, son un punto fundamenta­l para la adecuada prestación y de calidad de los servicios públicos a los hogares colombiano­s.

El sector de servicios públicos aún tiene retos. En primer lugar, consolidar en los territorio­s donde se presentó conflicto interno la adecuación y puesta en marcha de infraestru­ctura de servicios públicos. Es indispensa­ble, en la estrategia del posconflic­to, que estas vastas regiones puedan acceder con continuida­d y calidad a los servicios públicos de energía eléctrica, gas combustibl­e, acueducto, alcantaril­lado y aseo. Ello garantiza su competitiv­idad y el desarrollo de economías legales que permitan apalancar los proyectos productivo­s, que son la base del posconflic­to.

Otro de los desafíos consiste en amplificar la disponibil­idad de informació­n, ya que tanto en el sector privado como el público se procesan y usan grandes volúmenes de informació­n. Por eso, las herramient­as de minería de datos big data juegan un papel fundamenta­l para conocer el comportami­ento de las organizaci­ones y tener una mayor transparen­cia con los usuarios.

El 2017 fue un año en el que se continuó el camino de la consolidac­ión de las empresas de servicios públicos con nuevas oportunida­des para el país.

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