El uso del efectivo

Cuando empieza un gobierno siempre es bueno iniciar muchas discusiones, en particular, cuando se quiere hablar de políticas públicas en materia económica y, sobre todo, de crecimiento. La preferencia por el uso del efectivo sigue siendo una de las razones que impiden la formalización de la actividad empresarial en el país. Si bien el gobierno anterior tenía estimado entre su plan nacional de desarrollo superar los indicadores de bancarización en el país a un 84 por ciento para el 2018, enfocado en el uso de nuevas tecnologías para que las personas mayores de edad tuvieran al menos un producto financiero, el uso de las tecnologías sigue siendo bajo, llegando a un nivel del 79 por ciento al 2017, pues una quinta parte de los mayores de edad en Colombia sigue sin tener un producto financiero formal. En materia tributaria, se avanzó con la Ley 1819 de 2016, en la cual se colocaron topes para la bancarización de costos y deducciones, hoy 50 por ciento, tema que debe ser revisado, para efectos de combatir la evasión. Sin duda, ha habido un esfuerzo por promover la digitalización en el país, como es el caso de la sistematización del recaudo de peajes o las nuevas normas que definen el funcionamiento de los servicios ciudadanos digitales. Pero estas cifras representan un gran reto para el nuevo gobierno, el cual debe trabajar por el desarrollo de una serie de estrategias que contribuyan conjuntamente para lograr mayor índice de bancarización y uso de medios electrónicos de pago. Un mundo digital requiere tener un ecosistema de pagos moderno en aprovechamiento de las nuevas tecnologías para bajar los índices de uso del efectivo. Así las cosas, es imprescindible evaluar que las operaciones de compraventa de inmuebles y vehículos, (norma antievasión), así como los pagos de mesadas pensionales, impuestos, seguridad social, servicios públicos, entre otros, deban ser realizados por medios electrónicos, movilizando el sistema informal hacia un ecosistema digital. Las entidades públicas y privadas deben adaptarse también al nuevo ecosistema. Por eso resulta importante que las políticas públicas de digitalización de los trámites ciudadanos vinculen también los del sector privado, para lograr cumplir el objetivo de una economía digital con la participación de ambos. Es imperativo que se aborde de manera profunda una adecuada política pública de educación económica y financiera, pues si bien para el periodo comprendido entre el 2010 y 2014 el gobierno anterior, adicionó medidas para promover la educación económica y financiera en el país, estas medidas requieren nuevos esfuerzos que logren mitigar las brechas de desigualdad e inclusión financiera y garanticen el acceso y seguridad a todos los ciudadanos. Principalmente, las entidades financieras han promovido programas de educación financiera, pero es el Gobierno el llamado a liderar, desde sus instituciones, un marco para el desarrollo de la educación financiera como un reto prioritario a nivel nacional, con el cual se pueda llegar a toda la población. Esta es una de las tareas que debe ser incluida en la próxima ley del plan.