CCC Ituango anunció que apelará decisión de la Contraloría General
Tienen 5 días para recurrir. Hay 30 días para fallar. El monto es $4,3 billones y es responsabilidad solidaria. Si pagan se acaba el proceso.
FRENTE al pronunciamiento de la Contraloría General, de condenar a 26 personas, entre naturales y jurídicas a pagar 4,3 billones de pesos, por los incumplimientos en Hidroituango, el Consorcio CCC Ituango estudia los alcances del pronunciamiento del ente de control fiscal con el fin de interponer los recursos que resultan procedentes contra la decisión adoptada y apelará.
El fiscal de las finanzas públicas aclaró que no se trata de un proceso en el que se detectara algún tipo de corrupción. Por lo tanto no hay dolo y lo que investigó la Contraloría y falló es que encontró un detrimento patrimonial.
Así las cosas, quienes decidan apelar tienen esta semana para hacerlo, pues la apelación se debe surtir en cinco días siguientes a la notificación y luego la sala de la Contraloría se tomará 30 días para fallar. Eso si, advierte el vicecontralor, Julián
Ruiz, que en el momento en el que se responda por los recursos, el proceso llega a su fin, pues aquí lo que encontró el organismo oficial, fue negligencia.
La afectados también podrán recurrir ante el contencioso administrativo para apelar la segunda instancia de la Contraloría en caso de ser encontrados culpables.
Para el Consorcio CCC Ituango y las empresas que lo conforman, han “cumplido con sus obligaciones contractuales, manteniendo los estándares de calidad adecuados y atendiendo las instrucciones, los requisitos técnicos y diseños suministrados por EPM, acorde con las buenas prácticas de la ingeniería”.
“El equipo jurídico del Consorcio está revisando si el fallo del ente de control pondera los desembolsos que hasta el momento ha realizado la aseguradora, en el entendido que estos terminarían cubriendo el supuesto daño fiscal”.
Y el consorcio agrega que “continúa comprometido y avanzando con la ejecución de las obras a su cargo encaminadas a la finalización de este proyecto, clave para asegurar la estabilidad energética del país”.
Por tratarse de un fallo de responsabilidad solidaria, los responsables pueden decidir la cuantía que cada uno aporta, pues, en caso de quedar en firme la sentencia, el ente de vigilancia y control puede obtener los recursos de un solo condenado o de más, y hará uso de las medidas cautelares que tiene en su haber.
El proceso deja ver unos hechos que deben debatir los implicados:
Hidroituango no entró a operar en el año 2018, por lo cual no vendió energía y no han entrado recursos producto de la venta de energía, ese daño lo estima en $1,2 billones, técnicamente, un lucro cesante. Y segundo la destrucción de valor del proyecto, producto de inversiones innecesarias y mal planeadas, lo que valoró en $3,1 billones, en total $4,3 billones.
Los desembolsos que ha realizado la aseguradora... terminarían cubriendo el supuesto daño fiscal”.