Desembolsos de cartera verde y social llegan a $19,3 billones
Informe de sostenibilidad de Asobancaria dice que las 37 entidades han destinado $209.512 millones en inversión social y $320.112 millones en proyectos de I+D.
Cartera de créditos verdes y sociales ya suma $19,3 billones
ASOBANCARIA presentó su Informe de Sostenibilidad de 2020 y destacó que la cartera de productos verdes llegó a $11 billones en 2020, mientras que si además del tema ambiental se tiene en cuenta el social, esta alcanzó $19,3 billones.
Según el gremio, la inversión en investigación, desarrollo e innovación llegó a los $320.112 millones y que las entidades emplearon $209.512 millones en programas de inversión social.
El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, señaló que “desde la banca seguiremos impulsando el crecimiento sostenible del país apoyando la adopción y promoción por parte del sistema financiero de tecnologías sostenibles, la financiación de cartera verde, la incursión en nuevas temáticas como la bioeconomía, el uso sustentable de la biodiversidad y la equidad de género”.
El presidente de la junta directiva de Asobancaria, Jaime Alberto Upegui, quien es el presidente del Scotiabank Colpatria, destacó que “continuaremos actuando de manera contundente de cara a la sostenibilidad social, ambiental y económica del país, generando valor agregado para nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.
El reporte afirma que en materia de inversiones para el bienestar de la comunidad se destacaron los $209.512 millones destinados a programas de inversión social y $14.744 millones que fueron utilizados en el desarrollo y gestión de la educación financiera.
El gremio dio a conocer que 25 entidades financieras ya están bajo la sombrilla del Protocolo Verde, un proyecto enfocado en la implementación de iniciativas hacia una economía baja en carbono que responda a los retos del cambio climático.
Adicionalmente, el informe reveló que 14 entidades cuentan con productos y servicios verdes, 12 establecieron Sistemas de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, 11 definieron políticas o estrategias de cambio climático y 7 definieron metas de cero emisiones netas de gases efecto invernadero para 2050 o antes.
EL CAPITAL HUMANO
El sector destacó que cerró el 2020 con 147.729 empleados directos e indirectos e invirtió $148.859 millones en capacitación, y valoró la disminución del porcentaje de rotación en 4,3% en hombres y 3,9% en mujeres, así como el hecho de que la retribución mínima más básica ofrecido por las entidades fue 1,34 veces el salario mínimo.
El capítulo también reseña que todas las entidades tienen códigos de ética y gobierno corporativo y controles internos que garantizan las políticas de manejo ético y transparente.
De otro lado, en 2020, la inversión en investigación, desarrollo e innovación alcanzó los $320.112 millones, se produjeron 121 innovaciones en el sector (incrementales y disruptivas), 69% de las entidades implementó programas fintech, mientras que 88% implementó espacios para fomentar la innovación.
Además, 97% de las entidades desarrolló innovaciones para mejorar sus productos de crédito, ahorro e inversión y medios de pago, y ese mismo porcentaje de entidades creó procesos de simplificación en la compañía, los cuales han estado enfocados en procesos, canales y tecnología.
Se destaca que 63% de las entidades tiene estrategias o programas de inclusión financiera, que el presupuesto para seguridad digital fue de $315.112 millones, y se pone la lupa en la inclusión financiera, tema en el que se destaca que el indicador de acceso al sector financiero llegó a 87%. Además, entre 2019 y septiembre de 2020 más de 2,2 millones de personas accedieron al sistema financiero.
En el informe 2020 “Microscopio Global”, publicado por The Economist, Colombia ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar por su entorno propicio en inclusión financiera.
El informe dice que el sector tendrá que seguir trabajando en temas como gestionar un mayor acceso al crédito y mantener la calidad de la cartera, aumentar el uso de la tecnología para mejorar el acceso al sistema de las mipyme y las personas en las zonas rurales, y fortalecer sus procesos de evaluación de riesgos climáticos para afianzar su papel fundamental dentro del proceso de descarbonización de la economía, no solo reduciendo las emisiones propias, sino las producidas por sus clientes.