En la cuerda floja
Como nunca antes la aplanadora gubernamental en el Congreso logró en tiempo record la aprobación de la reforma tributaria con un texto final de 65 artículos. Lo aprobado en términos generales mantiene la línea del proyecto original en materia de destinación de recursos para asumir el gasto social de los programas de Ingreso solidario, PAEF, matrícula cero en educación superior, así como la reactivación económica, asegurando las fuentes de los 15 billones de ingresos adicionales buscados para el presupuesto nacional. En alguna forma, esta ley es una buena noticia para los afectados por la pandemia.
Sin embargo, en el resultado final imperó el mundo de los ‘oídos sordos’ en el Ministro de Hacienda y en los parlamentarios gobiernistas, ante iniciativas como las de gravar a las bebidas azucaradas en beneficio de la salud pública, y las de buscar mayor progresividad del sistema impositivo con el aumento de la tributación de los dividendos y con el impuesto a los altos patrimonios de las personas naturales. Su actitud indiferente conllevó también, mantener el gravamen establecido por la actual administración a las ínfimas mesadas de los pensionados del SIMPLE y eludió la racionalización de sanciones por incumplimientos formales que nada afectan la recaudación, las cuales seguirán castigando de manera injusta a las pymes.
El trámite en esta ocasión pareciera haber repetido experiencias desafortunadas del inmediato pasado ignoradas por sus protagonistas. Si bien la ley fue aprobada en primer debate por las comisiones económicas el 25 de agosto, la ponencia oficial para segundo debate fue recibida en la secretaría de la Cámara de Representantes y ordenada su publicación el mismo 6 de septiembre (Gaceta del Congreso No.1161) y, al día siguiente, con muy poco tiempo para el análisis y discusión, fue impartida la aprobación final en las dos plenarias de Senado y Cámara.
Cuando la Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento Presupuestal, lo hizo por la presencia en su proceso de aprobación de vicios de trámite insubsanables, vulneración de los principios de publicidad y consecutividad, y concluyó que, por lo tanto, no hubo deliberación, sino una elusión del debate. Algunos congresistas advirtieron la posibilidad de presentar demandas contra la reciente ley aprobada. Por su parte, el Ministro Restrepo defendió la socialización del proyecto al estimarla cumplida en forma amplia, en las sesiones conjuntas de las comisiones y guardó silencio frente a lo ocurrido en las sesiones plenarias.
El ejecutivo y sus mayorías impusieron su decisión forzándola de una manera injustificable, al igual que lo hicieron en el 2018. Nada impedía el haber permitido un tiempo suficiente para el amplio debate del articulado. Pesó más el afán que la prudencia, llevando la Ley a un evidente e innecesario riesgo.
Nada impedía el haber permitido un tiempo suficiente para el amplio debate del articulado. Pesó más el afán que la prudencia, llevando la Ley a un evidente e innecesario riesgo.”