‘Los trapitos sucios’ de la familia Char: ¿Qué le están investigando al gran clan?
Irregularidades con impuestos, sobornos y familias damnificadas por construcciones en zonas de alto riesgo hacen parte de los señalamientos que tienen a los Char en el ojo del huracán. En el más reciente escándalo, David Char, primo del alcalde, habría re
El martes de esta semana, quedó aplazada la indagatoria a David Char debido a que la defensa del excongresista pidió un plazo para informarse sobre el proceso que cursa en su contra.
Según la investigación, Char habría recibido dinero del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para financiar su campaña al Senado en 2006. Declaraciones rendidas por exparamilitares ante la Fiscalía lo señalan de estar involucrado en el asesinato de Carlos Posada Flórez, alias Capulina, uno de los hombres de confianza del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
Sin embargo, este no es el único caso que ha puesto al exsenador y a su familia bajo la lupa de la justicia.
Afectados de Campo Alegre
Antes de que Alejandro Char, primo de David, fuera alcalde de Barranquilla, la firma Alejandro Char & Cía Ingenieros Constructores construyó, entre 2002 y 2005, dos conjuntos residenciales sobre un terreno de alto riesgo que dejó a 400 familias damnificadas en el sector de Campo Alegre.
Contradictores del alcalde señalan que el dinero de la indemnización a esas familias, un poco más de $5900 millones, fueron solventados por el erario del Distrito.
La decisión final sobre este caso tuvo que esperar hasta el año pasado, cuando el juez 11 administrativo del Circuito de Barranquilla, Huberlando Peláez Núñez, condenó solidariamente al Distrito de Barranquilla, a la urbanizadora y a los constructores por los perjuicios causados en las viviendas de un sector del barrio Campo Alegre.
Además del Distrito, el fallo cobija a la Urbanizadora Parrish & Cía Ltda., y a las constructoras ACH Ingenieros Constructores SAS (antes Alejandro Char & Cía Ingenieros Constructores, a cargo del actual alcalde), Construcciones Marval S.A., Cadena Fawcet, Urbe Inversiones, Pidsa S.A., Metrópolis S.A., Finviconstrucciones Ltda. y Proyectos Barranquilla.
La compensación a las familias se debería hacer así: constructoras (60%), Parrish & Cía Ltda. (25%) y Distrito (15%).
El apoderado de las familias afectadas en la acción de grupo, Roberto Tapia Ahumada, señaló que inicialmente la demanda estaba dirigida en contra del Distrito y de la Urbanizadora Parrish. El primero por haber entregado los permisos para urbanizar, relotear y vender los terrenos pese a que, desde 1997, Ingeominas había advertido sobre su inestabilidad; y la segunda por haberlas urbanizado a sabiendas del estudio.
Las constructoras fueron vinculadas al proceso en el año 2010 y, según Tapia Ahumada, “ahí comenzó la dilación, ya que cada vez que el juez profería un auto o decisión, por insignificante o irrelevante que fuera, todos los abogados de los accionados presentaban recursos ante el Tribunal que hacían demorado el trámite de este proceso. Además de las dilaciones inexplicables por parte de los abogados del Distrito y las constructoras”.
Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, Jorge Padilla Sundheim, dijo que los deslizamientos en la ladera de Campo Alegre son un tema relevante, “que venimos asumiendo como ciudad; hemos comprado inmuebles, pagado arrendamientos y realizado inversiones cuantiosas para detener los deslizamientos, y con el Invías se logró la reconstrucción de la carrera 38 en ese sector de la ladera”.
En cuanto a la acción de grupo, precisó que el fallo de primera instancia será apelado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico: “Buscaremos aclarar todos los puntos. Se trata de un fallo en abstracto, es decir, plantea una responsabilidad de los constructores, la urbanizadora y del Distrito, pero no establece ninguna cuantía. Es una forma posible que tienen los fallos judiciales, que se plantea en abstracto y luego se hace una liquidación cuando el fallo esté debidamente ejecutoriado”, puntualizó.
Alcalde ad hoc para el caso
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo designó en 2016 a Gustavo García Figueroa como alcalde ad hoc de Barranquilla para que co- nociera de acciones judiciales contra el Distrito y la empresa de Alejandro Char.
El 4 de febrero de 2016, el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub “se declaró impedido para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia T-473 del 15 de mayo de 2008 y la sentencia T-970 del 18 de diciembre de 2009 proferidas por la Honorable Corte Constitucional”.
Esas acciones judiciales tienen que ver con tutelas interpuestas por la abogada y exresidente del Conjunto Residencial Altos del Campo, y por otros propietarios del Conjunto Residencial Ciudad del Sol 1, “contra la constructora Alejandro Char & Cía., así como de cualquier situación que tenga relación con las circunstancias fácticas y jurídicas que involucren dicha sociedad, en razón a que ostentó la condición de socio; acotando que en la actualidad se viene adelantando el trámite para su cumplimiento, que deberá finiquitar en la vigencia fiscal 2016”.
El 17 de febrero de 2016, Mercedes Lucía Navarro Therán, procuradora regional del Atlántico, aceptó el impedimento manifestado por Alejandro Char en su calidad de alcalde distrital de Barranquilla.
Lo que ha pasado
Tras la renuncia de Gustavo García como alcalde ad hoc de Barranquilla, en marzo de este año, asumió el cargo Raúl Tomás Quiñones Hernández. El nuevo mandatario informó en abril que algunos de los propietarios de apartamentos del conjunto Altos del Campo, ubicado en la calle 84B n.º 41D-115, no se habían acercado a radicar la documentación para iniciar el trámite de pago, de la totalidad que le corresponde al Distrito a cada propietario.
“Se hace un último llamado con el objetivo de que los restantes dueños alleguen los documentos requeridos, con el fin de que se proceda a realizar los pagos de dichos inmuebles”, indicó la Administración.
La Alcaldía está a la espera de dar cumplimiento a las órdenes judiciales contenidas en los autos de fecha 27 de abril y 12 de agosto de 2015, proferidos por el juzgado 11 penal municipal de Barranquilla, en el marco de la acción de tutela 2006-00525; así como en la Sentencia T-473 de 2008, y el auto de fecha 6 de julio de 2015 de la Corte Constitucional.
“Es de advertir que por diferentes medios de comunicación, tales como prensa escrita, radial, página web de la Alcaldía de Barranquilla, reuniones, llamadas telefónicas, etcétera, desde febrero de 2016 se les ha solicitado que entreguen todos los documentos, lo cual ha generado un incumplimiento de los propietarios y no de la Alcaldía Distrital”, resaltó Quiñones.
El negocio de los impuestos
El exsenador David Char también ha sido señalado por la Fiscalía de no pagarle al Distrito la suma de $7000 millones por medio de su empresa recaudadora de impuestos, Inversiones Los Ángeles, en el año 2000, con la cual habría accedido a recursos públicos de forma irregular y cuya concesión debería durar cinco años por ley, pero el Concejo de la época aprobó por 20 años.
El alcalde Guillermo Hoenigsberg (2004-2007), condenado por corrupción, entregó el recaudo de los impuestos a la firma Métodos y Sistemas también por un lapso de 20 años. En 2008 el alcalde Char terminó el contrato con esta empresa y el Distrito asumió el cobro de los impuestos distritales.
El caso Triple A
En abril de este año, el alcalde Char también fue vinculado al escándalo de la empresa Triple A, al haber participado supuestamente en una reunión con ejecutivos de la empresa Canal de Isabel II protagonistas de varios casos de presuntos sobornos.
Char aseguró que nunca se ha reunido con Idelfonso De Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, quien fue capturado por las autoridades españolas tras ser señalado de corrupción en el interior de la compañía española.
El burgomaestre emitió un comunicado de prensa según el cual, “ante la declaración del señor Ildefonso De Miguel, publicada en el medio El Confidencial, en donde se hace referencia a una presunta reunión sostenida en Barranquilla en el año 2008, el alcalde Alejandro Char manifiesta que esas afirmaciones son completamente falsas, que la citada reunión nunca se realizó y que no conoce al señor Ildefonso De Miguel”.
Finalmente, los detractores de la familia Char también resaltan la defensa incondicional al clan al partido Cambio Radical y de asistir políticamente a figuras investigadas por corrupción como los exgobernadores de La Guajira Oneida Pinto y Kiko Gómez.
“Buscamos aclarar todos los puntos. Se trata de un fallo en abstracto, es decir, plantea una responsabilidad pero no establece cuantía” Jorge Padilla Sundheim, jefe de la Oficina Jurídica del Distrito