Se esclarece lo sucedido en el sur del César y la provincia de Ocaña en la década de los ochenta
El centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presenta un informe que ayuda a entender lo sucedido entre la población civil y el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra
PUBLIMETRO
La importancia de este informe y del trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica radica en que con la creación de memoria y verdad histórica se puede empezar un verdadero proceso de reconciliación para entender lo vivido por la población civil en medio del conflicto armado.
Este informe esclarece la verdad sobre lo que sucedió con comunidades en el sur del César y en la provincia de Ocaña, el cual muestra el impacto del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, grupo paramilitar que se desmovilizó en 2006.
Violencia y estigmatización social en el sur del César y en la provincia de Ocaña, como es titulado el documento, está basado en 75 entrevistas de excombatientes y 95 testimonios de víctimas, que se recopilaron entre 2014 y 2021, que permiten ver y entender las circunstancias con las acciones y hechos en la región.
El principal hallazgo del informe
El principal hallazgo de este informe, según Javier Cárdenas, investigador de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), es que estos grupos paramilitares son la reacción ante las organizaciones sociales y sindicales que surgieron en la década de los ochenta en el sur del César. Este contexto se ofrece como parte de los procesos de apertura democrática del país, así como de las movilizaciones sociales, especialmente la del Paro de Nororiente de 1987.
La estigmatización que vivieron estas organizaciones es, en especial por intereses económicos, hizo que se les diera el rotulo de ‘insurgentes’. Los grupos paramilitares, entre ellos el Grupo de los Prada y el Grupo 20 de Julio, que eran clanes familiares y muy locales, se organizaron en contra de los diferentes grupos que surgieron. Esta fue la manera de coartar y debilitar las capacidades políticas de las diferentes comunidades que habitaban el sur del Cesar.
Esto hizo que los resultados no fueran solo masacres, sino también el despojo de tierras, especialmente en áreas de proyectos de agroindustria, particularmente de la palma de aceite y la ganadería, lo que generó desplazamiento forzado, masacres y torturas, destacando casos como las masacres de Puerto Patiño y las ocurridas en Barrancabermeja.
Consecuencias de lo sucedido en la década de los ochenta
Según el informe, esto generó una gran ruptura del tejido social y desconfianza entre los habitantes de la zona por la idea de un enemigo interno. Esto llevó al fracaso en diferentes intentos de que los ciudadanos del lugar pudiesen tener proyectos políticos, sindicatos u organizaciones, algo muy común en el país en la década de los ochenta.
El informe también detalla cómo estas estructuras colaboraron con otras como el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte con el fin de mantener el dominio territorial de algunos municipios del Sur del Cesar y de la provincia ocañera. La estructura, con el nombre de Héctor Julio Peinado Becerra, se desmovilizó en 2006, pero tuvo diferentes denominaciones que respondieron a una trayectoria de expansión con otros grupos paramilitares.
Otro fenómeno es que hubo personas que se vincularon a la organización durante las negociaciones de Ralito, alrededor de 2001, con ello se puede intuir una intención de no reconocimiento de lo sucedido en el sur del César, sino también dejar intactas algunas estructuras que es posible que siguieran funcionando después de la desmovilización.
“Violencia y estigmatización social en el sur del César y en la provincia de Ocaña”, como es titulado el documento, está basado en 75 entrevistas de excombatientes y 95 testimonios de víctimas que se recopilaron entre 2014 y 2021, que permite ver y entender las circunstancias con las acciones y hechos en la región
Los afectados, la población civil
El informe muestra que este frente dirigía su violencia principalmente hacia la población civil estigmatizada como insurgente. Esto se refleja en la desarticulación de organizaciones sociales, en las persecuciones y los asesinatos de líderes políticos en las décadas de los ochenta y noventa, accionar que afectó negativamente la participación democrática de los ciudadanos, creando un ambiente de miedo que persiste en la región. El informe reseña la masacre de Puerto Patiño, que fue hacia una comunidad señalada de ser parte de la insurgencia y esto muestra que la comunidad siempre fue señalada de ser parte de las FARC, M-19 o el ELN.
A pesar de la violencia sufrida por las comunidades víctimas, el informe destaca las iniciativas de memoria y resistencias de sus organizaciones. Estas han operado como elementos articuladores de intereses e identidades, permitiendo a las comunidades ejercer agencia sobre el dolor sufrido.