N El gigantesco reto para descontaminar el río Bogotá
Sentencias que ordenaron medidas para descontaminarlo, millonarias inversiones y falta de articulación institucional ha ralentizado la salvación de este afluente
El río Bogotá es el principal afluente que cubre a 46 municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital. Este cuerpo de agua tiene una longitud total de 380 kilómetros y de acuerdo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), abastece 26 acueductos comunitarios, 25 de los cuales no necesitan proceso alguno de purificación porque la calidad del agua es óptima.
Desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque, este río es vital, no solo para la vida del ecosistema, sino por su importancia en la economía regional y nacional. De acuerdo con la Secretaria de Gobierno de Bogotá, el río aporta el 32% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia e influye en la cotidianidad de aproximadamente nueve millones de personas, “ya que en sus cuencas alta y media se encuentran 20.000 industrias manufactureras, 194.000 hectáreas de cultivos y 198.000 de ganado”, asegura Celio Nieves, concejal del Polo Democrático.
Y es precisamente por los vertimientos industriales de las curtiembres de Villapinzón, Cundinamarca, ubicadas a cinco kilómetros del nacimiento; la falta de optimización de algunas plantas de tratamiento de los municipios de la cuenca; las industrias; la minería extractiva; los escombros, así como el vertimiento de grandes descargas de aguas residuales, tal como lo indica un estudio del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central,
que el río está contaminado.
A causa de la catástrofe ambiental, ecológico y económico-social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, causada por los habitantes e industrias aledañas, así como la omisión de las autoridades frente a estas situaciones por más de 30 años, el Consejo de Estado emitió una sentencia el 28 de marzo de 2014, ordenando el diseño y la implementación de medidas para descontaminar el río Bogotá y evitar la contaminación a futuro.
Una de las medidas implementadas por las autoridades consistió en establecer Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar),gestionadas por las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR). Estas plantas tienen la función de procesar las aguas residuales del sistema de alcantarillado antes de ser descargadas al río Bogotá, llevando a cabo tareas como filtración, clarificación y tratamiento.
“El estado del río, en comparación con hace 15 años, es mucho mejor. Pero el avance del proceso de descontaminación es más lento respecto a lo que se previó con la sentencia en 2014. Especialmente porque los alcaldes no han asumido con responsabilidad las obligaciones que les impone el Consejo de Estado y no han priorizado recursos para solucionar la contaminación que hoy, en su mayoría, es por aguas residuales domésticas (detergentes, jabones y grasas)”, aseguró Alfred Ballesteros, director de la CAR.
En entrevista con PUBLIMETRO, Ballesteros indicó que a la fecha, hay 33 plantas de tratamiento de aguas residuales, tres que construyó la Corporación, y que hay nueve municipios que no tienen sistema de tratamiento, “es decir, que están generando vertimiento directo al río
(…) Pero la mayor preocupación es que muchos municipios que tienen plantas no las están operando bien”.
Por este hecho, señaló que la entidad ha iniciado procesos sancionatorios contra algunos municipios: “Las curtiembres están operando menos de una tercera parte. En otras empresas, se ha generado un control permanente. Pero la ciudadanía debe entender que todo lo que arrojamos en el sanitario, lavaplatos o en la calle, todo termina llegando al río y las plantas no están diseñadas para tratar todos los elementos que se boten”.
Sobre las medidas que piensan implementar en los próximos cuatro años para seguir reduciendo la contaminación y recuperar el río, “se va a trabajar en la conservación de los ecosistemas, fortalecer la capacidad de la CAR para tener mayor control y vigilancia junto a la Fiscalía para judicializar, articularnos con los alcaldes para que sensibilizarnos y apoyarlos financieramente y con Bogotá, que es el gran contaminador, vamos a aportar entre 2024 y 2047, el 50% de los recursos al Proyecto PTAR Canoas, que cuesta, aproximadamente, $12 billones.