La solución está en sus manos
El caso del asbesto se presentará nuevamente en la Comisión Séptima del Senado. La autora del proyecto es la senadora conservadora Nadia Blel y estos son los congresistas que deben dar el ‘sí’ para la prohibición del mineral:
Carlos Enrique Soto Edinson Delgado Sofía Gaviria Mauricio Delgado Yamina Pestana Antonio José Correa Jorge Iván Ospina Luis Evelis Andrade Jesús Alberto Castilla Orlando Castañeda Honorio Henríquez Álvaro Uribe Vélez
porque pase el proyecto en la Comisión Séptima, en la que ya se lo tumbaron los mismos coautores del proyecto de ley.
Desde el Congreso, ahora existe el proyecto Ana Cecilia Niño, uno que homenajea a una de las caras de la tragedia, una periodista que murió por vivir cerca a una fábrica de Eternit, en un barrio en Sibaté, y que lideraba la causa en contra del agente maldito que sigue en tejas y tanques del agua.
El proyecto tiene que ser socializado en la Comisión Séptima del Senado, aprobado allí, llevado a plenaria y si pasa, tendría que seguir su curso en la Cámara de Representantes, para que el asbesto sea prohibido en todas sus formas. Sin embargo, se teme que el lobby que han hecho las grandes compañías vuelva a hundir el proyecto como ya lo han hecho en otras oportunidades. El pasado martes se eligieron los 51 magistrados que “conformarían”, la denominada Justicia Especial para la Paz, de la cual, en mayor medida, harán parte el Tribunal para la Paz y un número complejo de salas de justicia, entre las que se destaca la llamada Sala de Amnistía, la cual solo hace parte extensiva de los acuerdos llevados a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc. Siendo así las cosas, podríamos afirmar que, de manera clara, vertical y expresa, sí se negoció la justicia en La Habana, no solo porque esta justicia no existe como tal en el marco de nuestra Constitución, sino porque tampoco hay acuerdos dentro del Legislativo para sacar adelante un acto legislativo que habilite algo inexistente.
Los reparos a este esperpento judicial son varios. Ya sabemos cómo se colaron mafiosos, jefes de oficinas de sicarios, y cuanta porquería existe en el mundo del hampa. Por mucho menos judicializaron y persiguieron a Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, que se encuentra en el exilio. No se logra comprender cómo se pueden elegir magistrados para una jurisdicción especial que no existe en el mundo legal, teniendo en cuenta que, para los jueces, el acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional, solamente es un acuerdo político, sin los contenidos jurídicos suficientes que permitan, de alguna manera, exigir su cumplimiento. Si eso lo dice un Tribunal Constitucional, ¿cómo es posible que se cree una justicia que no existe en la Carta?
En nombre de la paz se han hecho los peores horrores y errores en la historia de la humanidad, en nombre de la paz y la purificación de la raza, Himmler, secuaz nazi del ‘Führer’, hizo todo tipo de experimentos y hechos científicos abominables con miles de niños, Himmler sabía que los tribunales no tendrían ninguna compasión con él y que los raseros de justicia serían bastante verticales, por eso prefirió envenenarse. Dolorosamente, aquí, a quienes reclutaron menores, a quienes rigieron cientos de campos de concentración de secuestrados, encadenados de cuello y manos, se les rinde homenaje. Qué lamentable es que una sociedad guarde silencio y no rechace, con total indignación, el más reciente homenaje a alias ‘Mono Jojoy’.
Los reparos a la JEP pueden ser cientos. En la medida en que pasen los días, más se conocerá y saldrá a la opinión pública, para hacernos a una idea de los fines y móviles de la creación de un tribunal que se encuentra, no solo por fuera de la Constitución, sino por encima de ella: ¡vivir para contar! Hoy está el galimatías jurídico en el Congreso, en donde las mayorías hacen hasta lo imposible para lograr habilitar la Constitución a la designación de los magistrados de la JEP, los cuales, de entrada, tienen un prejuicio y orientación ideológica, lo que lamentable haría comprobar que la creación de este tribunal solo buscaría acabar con lo poco que nos queda de institucionalidad y, de paso, llevar a Uribe a la cárcel porque eso, de entrada, ya lo sabemos.
Hoy sería prudente hacernos una seria de cuestionamientos como, por ejemplo: el tratamiento de la JEP, los desertores, la falta de cooperación para la erradicación total de cultivos ilícitos, la limitación de competencias de la justicia ordinaria y la JEP, tales como quién dirimirá los conflictos de competencia y la judicialización de aforados por parte de esta jurisdicción, toda vez que no existe ninguna prohibición expresa dentro del proyecto ni dentro de la misma naturaleza de la JEP y, sobre todo, la necesaria recopilación normativa que contemple la extradición de cabecillas de las Farc solicitados con el propósito de ser juzgados por conductas delictivas que afecten a ciudadanos extranjeros y sus regímenes jurídicos.