Acuerdo de Escazú: tratado para la defensa del medioambiente
Las negociaciones para el también llamado Principio 10 se iniciaron hace seis años. Ahora, los países firmantes deben llevar su compromiso a sus respectivos parlamentos para que ratifiquen la decisión
El Acuerdo de Escazú, un tratado histórico para la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado por 15 países de la región. Este compromiso es un paso adelante para asegurar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados: cuatro cada semana durante 2017, según cifras de Global Witness.
El 27 de septiembre, Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Guyana y Haití estamparon su firma en el pacto. Los dos últimos países no participaron de las negociaciones previas, pero suscribieron el acuerdo. Un día después, el 28 de septiembre, se unió a la lista Paraguay.
Bertha Cáceres, activista hondureña asesinada en el 2016, es un símbolo para los defensores ambientales de Latinoamérica.
De los países que aún no se han acogido al también llamado Principio 10, dos ausencias fueron duramente criticadas: Chile y Colombia.
Críticas a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera
El caso de Chile ha sido el más cuestionado, puesto que este país estuvo entre los principales promotores del acuerdo y fue uno de los impulsores del documento firmado por 10 países en 2012, cuando se sentaron las bases de lo que hoy se ha convertido en el primer tratado ambiental vinculante para Latinoamérica.
Andrea Sanhueza, representante de Chile, quien participó en la propuesta desde el inicio de las negociaciones, explica las razones por las que su país no se ha acogido a este acuerdo. Según Sahueza, “el Gobierno chileno interpreta que este convenio aumentará los conflictos socio-ambientales que ya existen en el país, bajo la premisa equivocada de que si las personas tienen más derechos habrá mayor conflictividad”.
Otra razón, dice la representante de Chile, es que el Gobierno chileno considera que su implementación puede frenar las inversiones en el país.
Una tercera razón –agrega Sahueza– se relaciona con el artículo de solución de controversias del Acuerdo de Escazú que establece que las partes pueden acordar su propio mecanismo de solución u optar por ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este caso, “el Gobierno chileno teme afrontar nuevas demandas en La Haya como la que enfrentó con Bolivia”, precisa.
Colombia, el otro gran ausente
La decisión de Colombia de no acogerse al Acuerdo de Escazú era la esperada, puesto que durante las negociaciones el país se mantuvo en contra de algunas decisiones que se fueron adoptando. En esa etapa, Colombia retrocedió en dos temas. Uno de estos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país.
El otro aspecto estuvo relacionado con el pedido que hizo la representación de Colombia para que se incluya un artículo que permita a los Gobiernos tener reservas. Es decir, que cada Gobierno tenga la posibilidad de elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen.
En conversación con Mongabay Latam, Natalia Gómez, oficial de incidencia de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus), dijo que “se trata de una oportunidad perdida para fortalecer el marco jurídico del país”. Agregó que, en su opinión, el gobierno de Colombia tiene miedo de comprometerse y de ampliar los derechos de los ciudadanos.
“Por más de 25 años de
haberse adoptado la Declaración de Río, los ambientalistas estamos esperando que se nos brinde el acceso oportuno a la información y una adecuada participación en políticas, proyectos y decisiones que afectan nuestro ambiente y su territorio”, declaró Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, quien ha instado al presidente Duque a que se sume a este esfuerzo internacional y firme el Acuerdo de Escazú.
Celebración en el continente
Pese a las ausencias, la firma del tratado por 15 naciones ha despertado el entusiasmo y celebraciones en la región. En un mensaje por redes sociales, la ministra de Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, dijo: “Este acuerdo representa una de las oportunidades de fortalecer los vínculos entre los países latinoamericanos en un tema tan importante y crítico como es la transparencia en los temas ambientales, la posibilidad de permitir a las poblaciones más vulnerables el acceso efectivo a la información y promover la justicia ambiental”.
Muñoz también recordó que Perú está comprometido en la lucha contra la corrupción y, por tanto, la transparencia en el sector ambiental es un eje fundamental en este camino.
Por su parte, Aída Gamboa, especialista de la ONG peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), manifestó la importancia del acuerdo en la protección de los defensores ambientales, principalmente de los pueblos indígenas de la Amazonía que son amenazados constantemente por proteger sus territorios. Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), precisó que desde su organización se comprometen a fortalecer y difundir este instrumento para enfrentar los conflictos sociales que se presentan en el país debido a los proyectos de inversión que afectan los territorios indígenas.
Este tratado, denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, permitirá a los países
“Los países que tienen tendencias tan peligrosas de violencia contra los luchadores ambientales deberían ser los primeros en firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú” Natalia Gómez, oficial de incidencia de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus)
firmantes adoptar medidas especiales para garantizar un entorno libre de amenazas y restricciones a la seguridad de las personas y organizaciones que promuevan y defiendan derechos ambientales.
El Acuerdo de Escazú también abre el camino a casi 500 millones de personas para participar en procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, como la aprobación de actividades mineras, el tratamiento de la contaminación y la planificación del uso de la tierra, entre otras cuestiones relacionadas con el medioambiente.
En marzo de este año, 24 países se reunieron en Escazú, Costa Rica, para debatir y aprobar todos los lineamientos que debían ser incluidos en el acuerdo regional. La cita culminó el 4 de marzo con la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú, que ahora ha sido firmado por 15 países.