JUSTICIA ESPECIAL: ¡INCONSTITUCIONAL!
como Eternit, es que ellos protegen los procesos y que se han tecnificado para que sus trabajadores no inhalen las fibras, pero tengo el caso de una amiga que sufre de mesotelioma porque el papá llegaba a la casa y se llevaba las fibras pegadas en el cabello”, cuenta Yenifeth.
“El Gobierno no quiere prohibirlo”
“Lo más triste es que el Gobierno no haga nada cuando simplemente podría prohibirlo y ya, pero yo me alejé de la lucha contra el asbesto porque me desanimé al ver que todos ‘briegan’ para que eso siga así. El Ministerio de Salud podría regular el uso del asbesto, pero no lo hace”, cuenta Cecilia Riaño.
En 2011, Minsalud expidió la resolución 007 de noviembre, en la que regulaba el uso del crisotilo, el único tipo de asbesto que se puede usar en el país, e impuso unas reglas para las empresas que lo usaban y de esta manera trabajar con todas las especificaciones para evitar que los trabajadores terminen por inhalar las fibrillas.
“Entiendo que ahora hay duchas en las fábricas y que hay cómo lavar los uniformes para no llevárselos a la casa. ¿Pero qué pasa con las personas que tienen tejas o tuberías o los tanques de agua en sus hogares? El día que una teja de Eternit se rompe, las fabricadas con asbesto empiezan a soltar el polvo y la gente de lo traga en sus casas. Cuando se erosiona una tubería o un tanque, se desprenden esas partículas y van a parar a nuestros estómagos por medio del agua”, dice Yenifeth.
“El problema es que no ha habido voluntad desde el Gobierno para prohibirlo. No habría necesidad de hacer nada de esto desde el lado legislativo, si desde arriba se hicieran las cosas”, cuenta la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, quien ha luchado El pasado martes se eligieron los 51 magistrados que “conformarían”, la denominada Justicia Especial para la Paz, de la cual, en mayor medida, harán parte el Tribunal para la Paz y un número complejo de salas de justicia, entre las que se destaca la llamada Sala de Amnistía, la cual solo hace parte extensiva de los acuerdos llevados a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc. Siendo así las cosas, podríamos afirmar que, de manera clara, vertical y expresa, sí se negoció la justicia en La Habana, no solo porque esta justicia no existe como tal en el marco de nuestra Constitución, sino porque tampoco hay acuerdos dentro del Legislativo para sacar adelante un acto legislativo que habilite algo inexistente.
Los reparos a este esperpento judicial son varios. Ya sabemos cómo se colaron mafiosos, jefes de oficinas de sicarios, y cuanta porquería existe en el mundo del hampa. Por mucho menos judicializaron y persiguieron a Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz, que se encuentra en el exilio. No se logra comprender cómo se pueden elegir magistrados para una jurisdicción especial que no existe en el mundo legal, teniendo en cuenta que, para los jueces, el acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional, solamente es un acuerdo político, sin los contenidos jurídicos suficientes que permitan, de alguna manera, exigir su cumplimiento. Si eso lo dice un Tribunal Constitucional, ¿cómo es posible que se cree una justicia que no existe en la Carta?
En nombre de la paz se han hecho los peores horrores y errores en la historia de la humanidad, en nombre de la paz y la purificación de la raza, Himmler, secuaz nazi del ‘Führer’, hizo todo tipo de experimentos y hechos científicos abominables con miles de niños, Himmler sabía que los tribunales no tendrían ninguna compasión con él y que los raseros de justicia serían bastante verticales, por eso prefirió envenenarse. Dolorosamente, aquí, a quienes reclutaron menores, a quienes rigieron cientos de campos de concentración de secuestrados, encadenados de cuello y manos, se les rinde homenaje. Qué lamentable es que una sociedad guarde silencio y no rechace, con total indignación, el más reciente homenaje a alias ‘Mono Jojoy’.
Los reparos a la JEP pueden ser cientos. En la medida en que pasen los días, más se conocerá y saldrá a la opinión pública, para hacernos a una idea de los fines y móviles de la creación de un tribunal que se encuentra, no solo por fuera de la Constitución, sino por encima de ella: ¡vivir para contar! Hoy está el galimatías jurídico en el Congreso, en donde las mayorías hacen hasta lo imposible para lograr habilitar la Constitución a la designación de los magistrados de la JEP, los cuales, de entrada, tienen un prejuicio y orientación ideológica, lo que lamentable haría comprobar que la creación de este tribunal solo buscaría acabar con lo poco que nos queda de institucionalidad y, de paso, llevar a Uribe a la cárcel porque eso, de entrada, ya lo sabemos.
Hoy sería prudente hacernos una seria de cuestionamientos como, por ejemplo: el tratamiento de la JEP, los desertores, la falta de cooperación para la erradicación total de cultivos ilícitos, la limitación de competencias de la justicia ordinaria y la JEP, tales como quién dirimirá los conflictos de competencia y la judicialización de aforados por parte de esta jurisdicción, toda vez que no existe ninguna prohibición expresa dentro del proyecto ni dentro de la misma naturaleza de la JEP y, sobre todo, la necesaria recopilación normativa que contemple la extradición de cabecillas de las Farc solicitados con el propósito de ser juzgados por conductas delictivas que afecten a ciudadanos extranjeros y sus regímenes jurídicos.