España dice que ETA no quedará impune pese a su disolución
En su último mensaje, dado a conocer por el diario
Berria y el portal Naiz.info, la organización terrorista señala que ratificó la propuesta de la dirección de “dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización”, y por eso “da por concluida toda su actividad política”.
El comunicado se complementa con un video en el que se escucha la voz de los históricos etarras Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera y Marisol Iparraguirre, leyendo en euskera y en castellano la declaración.
“ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos”, subrayó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien dio por zanjada cualquier posibilidad de un cambio en la política penitenciaria.
“La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está. Y que nadie se llame a engaño”, dijo en referencia a unas declaraciones del presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, en las que aseguraba que Rajoy “es sensible a un cambio en la política penitenciaria”.
Para las víctimas del terrorismo, el anuncio de disolución de ETA no es más que la constatación de su derrota, aunque la banda no la haya asumido ni se haya responsabilizado de su actividad criminal, que no debe quedar impune.
“Porque aún existen más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer, además de víctimas desaparecidas, la banda terrorista no puede encontrar ninguna vía para la impunidad de sus crímenes. Nada les debemos, nada les daremos”, señala la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) en un comunicado.
ETA nació a finales de los años cincuenta del siglo pasado y su primer crimen reconocido fue el asesinato de un guardia civil en 1968. Desde entonces, y hasta octubre de 2011 cuando anunció el cese de la actividad armada, mató a más de 850 personas, el 40% de ellas civiles.
Además de los asesinatos, ETA utilizó el secuestro como arma para conseguir dinero y aterrorizar, así como la extorsión a empresarios vascos.