La conservación
premontano y las cuatro restantes sirven para producción agrícola sostenible, alojamiento y senderos para turistas. “Para poder mantener económicamente la reserva yo trabajaba en Medellín y regresaba a La Zafra solo los fines de semana porque queda a cinco horas de la ciudad; mientras tanto mi esposo se quedaba trabajando aquí. El dinero que recibimos por conservar nos permite tener un ingreso extra para poder mantenernos y conservar la reserva”, comenta Lorena.
En Colombia el concepto de los PSA no es nuevo. Desde hace 20 años el Estado ha creado incentivos para promover la conservación como el Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales. Por su parte, el programa Familias Guardabosques ofrece ingresos económicos y apoyo técnico para proyectos productivos a familias en riesgo de sembrar cultivos ilícitos. Actualmente, los recursos de los esquemas PSA vienen no solo del Estado sino de la empresa privada y de las personas naturales.
Moisés Martínez Tinjacá fue el primer campesino vinculado a un esquema PSA en Santander. Según él, en su finca de 31 hectáreas no hay explotación de ningún recurso. “Tengo seis cabezas de ganado pero no más. Con el dinero he podido mejorar mi casa, ahora tenemos cocina a gas y me puedo dedicar a otras cosas. Yo soy agricultor y también sé algo de construcción, pero trabajo en otras fincas porque la mía la dejo quieta para que crezca el bosque. Este tipo de programas deberían extenderse porque hacen que los campesinos nos queramos quedar, en vez de irnos a la ciudad”.
Sin embargo, pocos conocen estas iniciativas. De acuerdo con Jaime Andrés García, director de Masbosques, solo 400 personas naturales han aportado durante los tres años de existencia del esquema BANCO2. De ahí que sea necesario diseñar estrategias para dar a conocer estos programas y concientizar a la población sobre el deber de enmendar el daño ocasionado por la contaminación.
“La sostenibilidad de los PSA está garantizada si los campesinos reciben apoyo suficiente para seguir con proyectos productivos por su cuenta cuando ya no hagan parte de los esquemas. También se trata de cambiar el chip y pensar que la conservación es un proyecto productivo de largo aliento”, dice Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare y añade que “cuidar el medioambiente es el mejor negocio; necesitamos el agua y el oxígeno para todo y en esa medida la conservación no es una labor de dos o tres años sino de toda la vida”.
Justo ese es uno de los grandes retos de los programas de pago por servicios ambientales: asegurar que después de finalizada la intervención, los campesinos sigan con un proyecto sostenible a largo plazo. Además, la sostenibilidad económica de los esquemas PSA proviene en gran medida del compromiso de las empresas que compensan pues detrás de esta labor también hay beneficios como exención de impuestos y generación de valor agregado por el reconocimiento a su responsabilidad social, ambiental y empresarial.
La sostenibilidad está garantizada si los campesinos continúan con los proyectos