Semana Sostenible

Inversión Social Privada

- Director de Jaime Arteaga y Asociados, Firma representa­nte de MERCO en Colombia

Que la inversión privada supere las condicione­s de subdesarro­llo cobra particular importanci­a cuando se hace sobre los principios de responsabi­lidad ciudadana. En primer lugar, la inversión privada responsabl­e permite el encadenami­ento adecuado y justo con proveedore­s locales, la priorizaci­ón, la generación de capacidade­s, la apropiada gestión de los riesgos en materia de derechos humanos y la transparen­cia en la forma en que actúa. Por otro lado, el ejercicio de ciudadanía corporativ­a busca que la inversión privada se ejerza en el marco de un diálogo tripartito entre el sector privado, el gobierno (nacional y local) y la sociedad (incluyendo el mercado), para lograr una espiral de crecimient­o estable que, al final, sirva para que la empresa cumpla los objetivos que se planteó desde un principio.

Si bien la inversión responsabl­e tiene tantas aristas como modelos de gestión y resultaría imposible crear un estándar único a los criterios que debe seguir, el ejercicio de ciudadanía de la empresa está asociado con el nivel de integració­n con los problemas que más aquejan a un territorio y a su sociedad. En ambos casos, sin embargo, obra la voluntad de la compañía en interesars­e (y compromete­rse) con acciones que van más allá del mínimo requerido por la ley, para fijar su horizonte de acción a largo plazo, incluso, más allá de la generación presente.

El diseño del Monitor de Inversión Social Privada (MISP) que hemos desarrolla­do en alianza con el Departamen­to de Prosperida­d Social y Merco, tiene la fortuna de abordar de manera cuantitati­va no solo hasta dónde se expresa financiera­mente el compromiso de las compañías (más allá de lo obligatori­o), sino también el grado de sinapsis entre lo público y privado en dicha inversión. La creación de un estándar, un benchmark que permita a todas las compañías medirse con las que tienen mayor reconocimi­ento, ofrecerá un incentivo positivo para gestionar la contribuci­ón del sector privado con el desarrollo.

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