Mínimos comunes
Parece difícil tener un clima de polarización mayor que el que vivimos actualmente en Colombia.
Sin embargo, el carácter emocional de la política nacional, la debilidad institucional, la ausencia de liderazgos sólidos, la confrontación electoral que se inicia y la tentación populista de muchos hacen pensar que es urgente actuar para no caer más hondo.
Comienzo por reiterar la legitimidad de los intereses propios de los diversos sectores y la importancia de respetar la diversidad ideológica que caracteriza cualquier democracia seria. Por eso, el reto que tenemos ahora es construir, desde las diversas ideas e intereses, verdaderos propósitos compartidos. Aunque esto parece obvio, la realidad nacional evidencia nuestra incapacidad para establecer esos mínimos comunes.
¿Cuáles son esos asuntos que no deberían estar en discusión y que son básicos para crear valor compartido? Aquí presento algunas reflexiones para motivar la conversación: en primer lugar, la consolidación de políticas públicas con perspectiva de sostenibilidad. Es decir, políticas, que además de ser pertinentes y bien enfocadas, sean económicamente viables en el largo plazo y se basen en la responsabilidad actual y futura que debe guiar a quienes las conducen. En esta misma línea está la importancia de contar con un marco normativo que genere condiciones para la confianza y la inversión, y que esté respaldado por un sistema de justicia que actúe teniendo en cuenta el interés común -que no significa desconocer los derechos del individuo-, los límites económicos propios de cualquier sistema y la indispensable estabilidad en las reglas del juego.
Otro mínimo común, que debe superar la discusión ideológica, es reconocer la importancia de la iniciativa privada, como base del desarrollo económico y social. En este marco la empresa privada, basada en buenas prácticas y con un modelo de gestión responsable, ha demostrado ser la principal fuente de generación de riqueza -entendida como la generación de beneficios para muchos, y no la acumulación de pocos-.
El desafío que tenemos y que invita a la reflexión de todo el sector empresarial es fortalecer esas prácticas responsables, para que toda la sociedad reconozca el valor de la actividad productiva formal, que desarrolla relaciones ganarganar, piensa en el largo plazo, actúa a partir de la ética, es consciente de su entorno, y entiende que su permanencia está íntimamente ligada a su capacidad para aportar al desarrollo de la sociedad, generando bienestar y competitividad.
Este tipo de prácticas deben ser la guía y no la excepción de las dinámicas empresariales del país, en todos los campos. Por supuesto, eso plantea un llamado a la transformación de muchas formas de actuación que han hecho carrera a lo largo de la historia y que han promovido la inequidad y la ilegalidad. En este mismo sentido, también es esencial hablar del rotundo rechazo que debe generarnos a todos, como sociedad, cualquier acto de apropiación de los bienes públicos para beneficio privado. Hoy más que nunca necesitamos evidenciar el compromiso de ciudadanos, gobiernos y empresas con la transparencia. Es vital recuperar la confianza e impulsar el crecimiento.
El momento que vive actualmente el país nos reclama a todos mayor conciencia sobre la responsabilidad que tenemos para superar diferencias y actuar con un concepto claro del equilibrio: en las relaciones, en la forma de consumir y de retribuir, en la manera de impartir justicia, en la concepción del entorno y en el reconocimiento del otro. Cuando el equilibrio se rompe, comenzamos a ser inviables.
La invitación es a asumir la construcción de una sociedad sostenible como un mínimo común, más allá de las diferencias coyunturales. Solo sobre esa base podemos construir valor compartido.
Es esencial hablar del rechazo que nos debe generar la apropiación de bienes públicos para beneficio privado