La ganadería arrasa los bosques del Putumayo
Un inmenso hueco amarillo en medio de la selva muestra las imágenes satelitales de Puerto Leguízamo, Putumayo, frontera con Perú. Allí, durante años, ganaderos han talado cientos de hectáreas de bosques, convirtiéndolo en uno de los focos de deforestación de la Amazonía colombiana.
Un enorme pastizal se abre paso en pleno corazón de la selva amazónica colombiana. Como si se tratara de parásitos, ganaderos y cocaleros del Putumayo se han ido apropiando de 900 hectáreas del Parque Natural Nacional La Paya. Pero esta reserva no es la única que ha sufrido la deforestación, sus vecinos también la padecen. En los últimos diez años, las comunidades indígenas Nukanchiruna, Chaibajú y Uaima, que viven en La Tagua, un corregimiento de Puerto Leguízamo considerado la entrada a la selva amazónica colombiana y que conecta al río Putumayo con el Caquetá, han visto cómo ganaderos ocupan y tumban selva para sembrar pastos.
Para llegar a estas tres comunidades se parte en carro desde el casco urbano de Puerto Leguízamo hasta un lugar conocido como el kilómetro ocho. Luego se camina por más de cinco horas en medio de trochas y pastizales. En todo el trayecto, un área agreste y húmeda, se ven troncos de árboles quemados, ganado y cercos que separan los potreros. Los indígenas explican que algunas de las tierras que se ven entre la carretera y las tres comunidades son de colonos y que otras son de ellos, pero han sido invadidas. Puerto Leguízamo es uno de los ocho municipios en los que, según el último reporte de alertas de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se concentra casi el 50 por ciento de la pérdida de los bosques naturales del país. Los otros son San Vicente del Caguán (12,1 por ciento), Cartagena del Chairá (10,3 por ciento), San José del Guaviare (8,8 por ciento), Calamar (4,6 por ciento), El Retorno (3,4 por ciento), Solano (3,1 por ciento) y Puerto Guzmán (2,5 por ciento). En los últimos cuatro años, en Puerto Leguízamo se deforestaron 16.925 hectáreas de bosque natural, un área del tamaño del área metropolitana de Barranquilla, de las cuales cerca de la tercera parte (4950) fueron derribadas el año pasado. María Soila Salazar, indígena kichwa líder de Nukanchiruna, una comunidad de 140 familias, asegura que los ganaderos han ocupado y quemado 170 hectáreas, una cifra que corroboraron con la ayuda de geógrafos de WWF, en recorridos en 2014 y 2017. Bajo un sol ardiente, la indígena muestra la tumba de árboles que han venido dejando los ganaderos y que hoy son sabanas de pastizales que se mezclan con troncos podridos. “Esta situación nos significa un perjuicio, todo está destruido”, dice resignada. Ella señala a un ganadero de Puerto Leguízamo de apropiarse de sus tierras, que años atrás eran selva. Cuenta que su comunidad ya le ha exigido que retire su ganado, pero este, según los indígenas, se niega aduciendo que tiene derechos sobre esos potreros. María Soila reconoce que los gobernadores de su comuni- dad no frenaron la invasión a tiempo, por lo que ha sido difícil llegar a un acuerdo. Las comunidades Nukanchiruna, Chaibajú y Uaima se asentaron en 2007 en el territorio de La Samaritana, que hace parte del Resguardo Alto Predio Putumayo, a 3,2 kilómetros de Leguízamo, gracias a un acuerdo con líderes de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas de Puerto Leguízamo y del Alto Resguardo Predio Putumayo (Acilapp), ya que no tenían tierra y estaban dispuestos a ayudar a frenar la ocupación y la tala de bosques. Los acuerdos se dieron en una reunión entre gobernadores indígenas de diferentes etnias, líderes de Acilapp y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que los avalaron.
Más pastos, menos selva
La invasión de tierras también la sufren siete familias de la etnia coreguaje, que pertenecen al asentamiento Chaibajú. Este pueblo indígena llegó a esas tierras del Putumayo en 2003, desplazados del Caquetá por el conflicto armado que habían padecido desde 1990 en los municipios de Milán y Solano, a 104 kilómetros de allí. En Chaibajú tienen varias casas y una maloca donde celebran asambleas y ceremonias de yagé. Desde allí tratan de recuperar sus tradiciones, su lengua y sus costumbres alimenticias. “Ahora estamos en paz, antes sí era guerra, mataban indígenas (...), por eso organicé venirme para acá con mi familia”, cuenta su gobernador, Germán Ibáñez. La otra comunidad que vive en medio de la presión ganadera es Uaima, conformada por 140 familias de la etnia múrui
miuna. Rodolfo Rodríguez, su gobernador, explica que una de las maneras que han utilizado para frenar la expansión de ganado ha sido delimitando el territorio, algo que respetan las autoridades. “No tenemos injerencia sobre esos acuerdos”, dice Ramiro Muñoz Macanilla, exsecretario de Agricultura de la Alcaldía de Puerto Leguízamo. El gobernador de Uaima cuenta que a comienzos de 2014 las mismas comunidades definieron los linderos de sus tierras, pero no saben con exactitud el número de hectáreas que le corresponde a cada una. En 2016 y 2017, WWF ayudó a verificar los límites y también hizo un diagnóstico de la deforestación. La ONG encontró que las áreas más cercanas al centro del poblado estaban bastante afectadas y “generan actualmente tensión por la presencia de fincas ganaderas”. Los nativos temen que si los ganaderos siguen avanzando acaben con sus fuentes de agua, como la quebrada Sejerí, donde no solo se abastecen ellos, sino también los animales. WWF y Acilapp recorrieron las 66.885 hectáreas que conforman el eje carreteable La Tagua y encontraron que el 60 por ciento de esas tierras presentan algún tipo de transformación: de cobertura natural a pastos. En un informe concluyen que entre 2004 y 2017 se ha perdido en vegetación natural más de 5200 hectáreas, de las cuales 600 han sido deforestadas en los últimos cinco años. En el Alto Resguardo Predio Putumayo también han identificado otro caso de deforestación que involucra a Jaime Jaramillo Vermeo, ganadero de Puerto Leguízamo, sobre quien pesan varias denuncias en Corpoamazonía que afirman que ha talado bosques para ampliar su finca ganadera, cerca a la quebrada La Tagua. A esta persona también la han denunciado porque se habría apropiado de 700 hectáreas de tierras que están en jurisdicción del Parque Natural Nacional La Paya. Según informaron funcionarios, contra el ganadero se está adelantando una investigación de tipo administrativo ambiental. Este caso también lo lleva la Fiscalía. Para Luis Alberto Cote, coordinador del área de territorio de Acilapp, si bien este ganadero no ha pasado los límites del resguardo, su accionar ha tenido un impacto grave sobre las tierras indígenas. “Como no está cercado, el animal se pasa por el monte y eso es un problema”, afirma. Sobre las comunidades Uaima, Nukanchiruna y Chaibajú, Cote sostiene que la expansión de la ganadería sí tocó sus territorios y se “registra bastante pérdida de bosque natural, la parte acuífera se ve amenazada y la selva, que es la más importante, no ha tenido quién vele por ella”.
Impacto en el mundo indígena
En esta región del Putumayo, el problema con los ganaderos no se trata solo de la ocupación de tierras. Las reses destruyen los cultivos de yuca y plátano que los indígenas siembran para su subsistencia. María Soila dice que el ganado acaba con todo. Ante la invasión, la comunidad Nukanchiruna no ha logrado organizarse. Solo han podido construir una casa comunal y algunos caminos de herradura. “La gente dice que cómo se van a posesionar de los predios si el ganado está ahí”, asegura la líder. Los abuelos indígenas recuerdan que en 2009, acompañados por el antiguo instituto de tierras, Incoder, las comunidades indígenas asociadas en Acilapp recuperaron tierras que aparentemente hacían parte del Predio Putumayo. Sin embargo, la ganadería no para de avanzar. En esa zona abundaban especies valiosas de árboles como cedro, granadillo, arenillo y polvillo, que los nativos usaban para construir sus casas. En Uaima, por ejemplo, los indí-
genas talan el bosque, pero de manera cíclica para abrir chagras, como llaman a las áreas donde cultivan plátano, yuca, piña, tabaco y coca. Lo hacen, dice su gobernador, Rodolfo Rodríguez, “sin afectar los ecosistemas”. A los indígenas también les preocupa que los cambios de cobertura de bosques se presentan cerca a los nacimientos de las quebradas La Tagua y Sejerí, y a los ríos Caucayá, Putumayo y Caquetá, claves para su supervivencia. El aumento de la deforestación en esta zona de la frontera entre Colombia y Perú coincide con el desarme de la guerrilla de las Farc, producto del acuerdo de paz firmado en 2016. Varios indígenas y colonos afirman que la guerrilla manejaba el negocio del narcotráfico, controlaba las rutas terrestres y fluviales, y había impuesto normas de convivencia y ambientales, como el número de árboles que se podían cortar y el uso que se les debía dar. Paradójicamente, con su desarme, el caos reina en estas tierras porque la presencia estatal es casi inexistente.