‘Están afectando a los colonos’
Ganaderos locales se defienden. Aseguran que el Estado es el responsable histórico de lo que ocurre en la región.
La Junta Ganadera de Puerto Leguízamo, asociación que integran 150 ganaderos, se defiende de las acusaciones de los indígenas. Argumenta que los linderos de las tierras que invadieron no estaban bien definidos o que estas habían sido abandonadas. Luis Alejandro Valenzuela lleva 18 años en Puerto Leguízamo, es dueño de 350 hectáreas y es uno de los ganaderos en disputa con los indígenas. Asegura que se han formado grupos de indígenas para pedirle más tierra al Estado, refiriéndose a los coreguajes y a la comunidad Nikanchiruna. “Están afectando a colonos que llevan más de 20 años en la zona”, dice. José Miguel López Amaya, otro ganadero que posee 315 hectáreas y quien lleva 30 años viviendo en la región, señala al Estado como el histórico responsable de los conflictos de tierras y del inicio de la deforestación en Puerto Leguízamo. “Si yo no tenía pasto, el Banco Agrario no me prestaba plata. Entonces tumbé monte y sembré pasto. Con eso saqué a mi familia adelante. Si hice algo mal (silencio), faltó comunicación del Estado con el campesino al fundar esta región”, se excusa. El ganado que se cría en Leguízamo es comercializado en Puerto Asís, Cali, Bogotá y Leticia. Algunos militares consultados para este reportaje aseguran que buena parte de las reses son contrabandeadas en las fronteras de Perú y Ecuador. De las maderas taladas, los ganaderos mencionaron que fueron aprovechadas para hacer cercos y mejoras en las viviendas. El resto fue quemada. Se desconoce si las especies forestales de gran valor fueron traficadas. La reacción de la autoridad ambiental frente a la tala indiscriminada ha sido tímida. Corpoamazonía informó que está adelantando investigaciones administrativas y hay en curso una penalidad por la Fiscalía, pero no ha habido mayores resultados. Lo cierto es que la Amazonía está más que nunca bajo escrutinio en el país y en el mundo. Recientemente, un fallo de la Corte Suprema de Colombia estableció que la región es sujeto de derechos, lo que implica que sus ecosistemas deberán estar protegidos por las leyes y las autoridades del país. Ramiro Muñoz Macanilla, exsecretario de la Alcaldía de Leguízamo, precisa que, según el Plan de Ordenamiento Territorial, las tierras en Puerto Leguízamo sí están delimitadas y se distribuyen así: 36,3 por ciento son del Parque Nacional Natural La Paya; una proporción similar corresponde a reservas de la Ley Segunda de 1959; 25,4 por ciento son de resguardos indígenas y una mínima extensión “son hectáreas que están constituidas como propiedad privada o que pertenecen a colonos”, explica. También hay tierras destinadas por el Estado para la exploración y explotación de hidrocarburos, y otras son de las Fuerzas Militares. Entre tanto, el Ministerio de Ambiente está corriendo para cumplir con los plazos que le estableció la sentencia de la Corte Constitucional. Este despacho está coordinando con las corporaciones autónomas, las autoridades locales y la sociedad civil de la Amazonía un Plan de Acción y un Plan Intergeneracional que les permita poner freno a la deforestación y a las amenazas que se ciernen sobre esta región.