Legislación contra el fraude
En la Asamblea Legislativa recientemente aprobamos el proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Al momento de empezar a discutir este texto, tuvimos siempre presente las expectativas que la ciudadanía tenía sobre este proyecto; por tal razón, todos los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios asumimos responsablemente la tarea de construir los acuerdos necesarios con la finalidad de dotar a Costa Rica de una legislación vanguardista, completa y efectiva, para combatir peligrosos males que acechan a nuestra sociedad, como lo son el fraude fiscal, el blanqueo de activos, los flujos de dinero ilícito, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo.
Este texto aprobado por el Plenario Legislativo ha requerido largas jornadas de trabajo y estudio, tanto valoraciones políticas como técnicas y, sobre todo, de un ejemplar debate democrático que involucró y tomó en cuenta a múltiples actores gubernamentales, cámaras del sector privado, organismos internacionales y especialistas tributarios.
Lo sustantivo de la iniciativa lo componen dos grandes temas, reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la creación del registro de accionistas para los beneficiarios finales de las empresas.
Sabemos que en la recta final de este dictamen surgieron interrogantes sobre algunos puntos polémicos en dicho proyecto, que después de mucho diálogo y negociación,
“Se incorporó la obligatoriedad de todos los puntos de venta a recibir pagos electrónicos”.
afortunadamente pudieron ser resueltos.
Uno de ellos involucra el mejoramiento de las medidas cautelares en casos de posible defraudación. En cuanto a estas, se instauró la posibilidad de que los jueces establezcan medidas provisionalísimas, tal como se contempla en el Código Contencioso Administrativo, para evitar la distracción de bienes de los deudores tributarios.
Se precisó también la definición de beneficiario final utilizando la Cuarta Directiva de la Unión Europea como referencia, en apego a los más altos estándares para brindar mayor seguridad jurídica, como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De igual manera, se adoptaron los estándares internacionales para registrar ante el Banco Central los beneficiarios finales de toda estructura jurídica, y así poder cumplir con los principios de transparencia tributaria, lo cual garantizará al Estado conocer las personas que realmente controlan las sociedades.
Como complemento, consideramos importante precisar las causas legítimas para acceder a la información y a redactar una definición moderna de gestión de riesgo, con el objetivo de evitar el fishing.
Entre lo más novedoso, se incorporó la obligatoriedad de todos los puntos de venta a recibir pagos electrónicos y brindar factura digital, ello con miras a aumentar la formalidad de los negocios y optimizar la recaudación.
Esas son algunas de las innovadoras disposiciones que introduciría esta ley.
Me alegra afirmar que con esta legislación posicionaremos a Costa Rica a la vanguardia, como una nación que cumple en materia de transparencia tributaria y financiera.
Aprobamos un proyecto que da herramientas al Estado para perseguir el fraude el fiscal, combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, pero que a su vez equilibra y protege los derechos de los contribuyentes. Con esta normativa vamos a estar a la altura de las mejoras prácticas internacionales, y allanaremos el camino para la ansiada incorporación de nuestro país a la OCDE.