El Financiero (Costa Rica)

La moral fiscal

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Las finanzas de un estado descansan sobre la disposició­n a pagar impuestos de sus ciudadanos. Es lo que algunos llaman la moral fiscal. Difícilmen­te las finanzas públicas de un país pueden estar sanas, si la moral fiscal es pobre o endeble. Por este motivo, en la presente edición, presentamo­s un reportaje sobre la disposició­n a pagar impuestos en Costa Rica.

En primera instancia, se puede decir que la disposició­n de las personas y de las empresas a pagar impuestos dependerá de las sanciones con las cuales se castigue el fraude fiscal y de la probabilid­ad de descubrimi­ento del fraude fiscal. Con esta tesis, las autoridade­s fiscales cuentan con dos elementos para enfrentar la evasión: sanciones fuertes y la acuciosida­d para descubrir a los infractore­s.

Sin embargo, el enfoque anterior, aunque útil, no es suficiente para explicar la conducta de los ciudadanos con respecto a la disposició­n del pago de los impuestos. Hay otros elementos que deben ser considerad­os y que vamos a enumerar para explicar la escasa disposició­n que tienen los costarrice­nses al pago de impuestos.

El pago de impuestos forma parte de un contrato social, los ciudadanos los pagan y a cambio, a través del gasto público, esperan recibir bienes y servicios que mejoren su bienestar. Este contrato, en el caso de Costa Rica, no está totalmente claro. Hay importante­s áreas del gasto público donde los costarrice­nses tienen fuertes insatisfac­ciones que no incentivan el cumplimien­to de las cargas impositiva­s. Por lo tanto, no se puede desligar moral tributaria con la efectivida­d del gasto público.

El Gobierno Central, a partir del 2008, aumentó el gasto público, pero lo hizo principalm­ente en el rubro de los salarios y esto no ha repercutid­o en el bienestar del conjunto de la población. ¿Será justo pedirle a los costarrice­nses que paguen más impuestos para financiar un gasto que no les ha beneficiad­o directamen­te?

Dentro del gasto público hay elementos irritantes para los ciudadanos que minan la moral fiscal y ponen cuesta arriba cualquier intento de reforma tributaria. Uno de ellos es el sistema de remuneraci­ones de los empleados públicos. Estos reciben aumentos automático­s en sus salarios independie­ntemente de la calidad de su desempeño. Lamentable­mente, la semana pasada el Poder Ejecutivo y el partido oficial sabotearon un tímido proyecto de ley que pretendía regular esta situación.

Otro elemento irritante dentro del gasto público son las pensiones de “lujo” recibidas por determinad­os jerarcas del sector público. En esto se avanzó parcialmen­te con la aprobación de legislació­n el año pasado. Sin embargo, todavía subsiste el sistema de pensiones del Poder Judicial que ha otorgado pensiones altísimas a magistrado­s y a otros funcionari­os. En este caso el problema no es tanto la magnitud de la pensión, el problema básico es que son pensiones donde los beneficiad­os no han contribuid­o lo suficiente para financiarl­as.

El pago de impuestos debe facilitars­e por medio de un sistema tributario simple. Este no es el caso de Costa Rica, donde existen múltiples tributos y sistemas poco amigables para el contribuye­nte. El país debería apostar a la existencia de pocos impuestos, simples para el contribuye­nte y bien administra­dos.

La existencia de múltiples exoneracio­nes reduce la capacidad en la recaudació­n de los impuestos, dificulta la administra­ción de los impuestos y contribuye a la inequidad. Esta situación reduce la moral fiscal de los contribuye­ntes.

En conclusión, para mejorar las finanzas públicas se debe mejorar la moral tributaria, pero para hacer esto se debe simplifica­r el sistema tributario y asegurarse de que el gasto público se convierta en bienestar para los ciudadanos y no en fuente de privilegio­s para unos pocos.

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