Hacia un sistema de méritos
En los últimos meses, diversos actores de la vida política del país han señalado la importancia de discutir sobre el empleo público.
Algunos lo hacen motivados por razones financieras aduciendo que es un disparador del gasto. Otros señalan la supuesta ineficiencia de las personas que trabajan en el sector público y llaman privilegios a los incentivos que existen.
En este debate, el régimen académico salarial de la Universidad de Costa Rica ha sido objeto de críticas y recientemente se interpuso una acción de inconstitucionalidad en su contra.
Corresponderá a la Sala Constitucional emitir un criterio sobre esa materia, sin embargo en este artículo interesa explicar a la ciudadanía cómo este régimen puede convertirse más bien en un ejemplo para otras áreas del sector público.
El asunto más criticado hasta ahora es el derecho a la anualidad, esto es una retribución por cada año de servicio. El debate oscila entre quienes critican que se trata de un porcentaje alto y otros que del todo desean eliminarlo. Es sin duda una discusión que se debe dar. Pero no se debe olvidar que en cualquier trabajo, ya sea sector privado, público y a nivel nacional o internacional, la experiencia es un factor de peso y que se reconoce y se paga.
No es lo mismo un piloto de avión con 10 horas de vuelo que otro con 10.000 y, por lo tanto, el segundo será mejor remunerado. De hecho, los puestos complejos requieren años mínimos de experiencia. Esto es suficiente para entender y apreciar por qué los años de servicios son premiados con un aumento salarial.
El llamado régimen académico se trata de un sistema para premiar el mérito y la producción profesional.
Este es un sistema de puntaje, donde sube la base salarial según peldaños relacionados con el puntaje y requisitos sustantivos. Por ejemplo, para ser catedrático (la base salarial más alta) se requieren 90 puntos. Así por ejemplo se obtienen 20 puntos después de 10 años de servicio, un doctorado equivale a 35 puntos, el dominio completo de un idioma 3 y se realizan evaluaciones periódicas en docencia, investigación y acción social para optar por 12 puntos adicionales. La publicación de un libro puede generar 2 puntos y de un artículo en una revista internacional 1 punto. Por ejemplo, el académico que no investiga, no hace acción social, no publica ni habla idiomas no puede subir su peldaño salarial. Además, el sistema garantiza que la docencia universitaria al estar en constante actualización y especialización aporte lo mejor a las y los estudiantes universitarios.
Como se puede notar, acumular puntos es complejo, requiere muchos años de trabajo y es un proceso de evaluación constante de la calidad y cantidad de la producción profesional. Es un sistema de méritos, ligado estrictamente al logro de resultados y la producción sustantiva.
Por ello, resulta paradójico que se ataque este régimen cuando más bien debería ser un ejemplo del tipo de evaluaciones del mérito, rendimiento y actualización que todo servidor público debería realizar.
Es posible que algunos de estos ataques sean producto de algunos dogmas, de una moda que afirma que todo lo público es negativo. Con ellos el debate es más complicado porque no se puede dialogar con alguien que no quiere escuchar.
También es posible que otros busquen debilitar a las universidades públicas para fortalecer el negocio de la educación privada (cuando lo ideal es que ambas coexistan y sean de calidad), que como sabemos es una lucrativa actividad, algunas veces a costa de las ilusiones de las personas jóvenes y los bolsillos de sus familias. Con ellos el debate es todavía más complicado porque razonan con la billetera.
Finalmente es posible que otros estén descontentos con el rol que juega la Universidad en nuestra sociedad, en la formación de profesionales, realizando investigación y acción social pero también sirviendo de ojo crítico y defensa contra los ataques a la institucionalidad pública y la tradición de derechos humanos que caracteriza a Costa Rica.
Con ellos el problema es mayor, pues lo que quieren es eliminar el debate y que su hegemonía ideológica no sea contestada por nadie. Con ellos, el riesgo no es solo para la universidad, la calidad de educación universitaria de nuestro país y la institucionalidad pública sino para la democracia y las libertades del país.
“El régimen de la UCR puede convertirse en un ejemplo para otras áreas del sector público”.