¿Cuándo llegará el orden?
La situación internacional y nacional no permite proyectar un escenario económico positivo para este y los próximos años. Hay incertidumbre, pueden venir cambios en el orden económico global y el país continúa sin resolver el problema del déficit fiscal.
Ante este escenario conviene cuestionarse: ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué medidas va a adoptar el sector público para promover el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos? La misma pregunta la dirigimos al sector privado: ¿Cómo vamos a competir?
Nuestra economía es altamente dependiente de los mercados internacionales y los principales socios comerciales no proyectan resultados de alto crecimiento –particularmente la Unión Europea y China–. De conformidad con la calificación de riesgo de Fitch, nuestra prima por riesgo es de 3,55 puntos, es decir, somos igual de riesgosos que Guatemala, lo que finalmente se traduce en tasas de interés más elevadas.
Cuando damos una mirada a la agenda parlamentaria, observamos que fue aprobada la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyas repercusiones van mucho más allá del Registro de Accionistas; imponiendo importantes reformas en el sistema impositivo, lo cual sin ninguna duda permitirá disminuir la evasión a través de la obligatoriedad de aceptar los medios electrónicos como forma de pago.
Se aprobó en primer debate el Impuesto a las Personas Jurídicas y el Gobierno solicita transformar el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado. Si bien estas medidas pueden servir para paliar temporalmente el problema fiscal, de no reformarse el sistema público, se convertirán simplemente en el paliativo a un cáncer que continúa creciendo.
La aprobación de nuevos impuestos, fiscalizaciones y regulaciones sin promover el desarrollo económico del país, es sinónimo de querer ahogar a la gallina que pone los huevos de oro.
En el Estado costarricense se observa una gran cantidad de instituciones ineficientes, con duplicidad o triplicidad de funciones y con poca o nula coordinación. Solo para ilustrar, existen al menos 20 instituciones públicas destinadas a atacar el problema de la pobreza, cada una con sus jerarcas, órganos técnicos, asesores, personal administrativo, burocracia y consultorías.
Si bien hay que reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno Central para contener el gasto, faltan aún las grandes reformas. Al mismo tiempo, muchas instituciones autónomas continúan en su fiesta como si viviéramos una época de bonanza, estas representaron el año anterior el 38% del total del gasto.
No se trata de cerrar instituciones o afectar a los empleados públicos, se trata de ordenar el Estado costarricense.
¿Y el estímulo al sector productivo? La agenda parlamentaria está compuesta por nuevos impuestos, regulaciones y restricciones y poco o nada referente al fomento económico del país.
Tenemos un contexto internacional donde el precio de las materias primas sigue en aumento y una realidad interna que nos impide competir por precios.
No se trata de que el Estado intervenga en las decisiones empresariales, sino de ir eliminando barreras y burocracia, invertir en infraestructura y modernización portuaria; cobrando lo que se tenga que cobrar de forma simplificada y uniforme.
Estas políticas deben ir acompañadas de una mayor profundización financiera y diversificación del mercado crediticio, pues sin duda alguna, el acceso al crédito sigue siendo la principal barrera para los emprendedores. No es posible pretender obtener grandes resultados con cero riesgos.
El Estado debe entonces promover métodos para el intercambio de información y sinergias, especialmente a través del desarrollo de plataformas tecnológicas que generan importantes ahorros en términos de tiempo y dinero. Debe promover también zonas económicas especiales donde emprendedores e inversionistas puedan conocerse y trabajar conjuntamente.
Son muchos los retos nacionales por lo que el principal desafío consiste en iniciar una discusión pública nacional y ordenarnos, de modo contrario, dejaremos el rumbo del país a expensas de lo que suceda fuera de nuestras fronteras.
“Existen al menos 20 instituciones públicas destinadas a atacar el problema de la pobreza”.