Convención colectiva divide magistrados
Las convenciones colectivas dividieron en la última década a la Sala Constitucional, entre magistrados que se abstienen de evaluar la racionalidad de los pactos entre trabajadores y empleadores, y otros que optan por revisar la proporcionalidad de los acuerdos laborales.
El II Informe del Estado de la Justicia revela la polarización del órgano en uno de los terrenos más frecuentes y polémicos en los que suele participar la Sala Constitucional.
La investigación, encontró la tendencia de dos grupos de magistrados que dividen sus criterios sobre si admitir o no las acciones de inconstitucionalidad.
Allí, magistrados como Ernesto Jinesta, Gilbert Armijo y Ana Virginia Calzada han optado por oponerse a la revisión de las convenciones colectivas y desistir de revisar el fondo de los acuerdos, mientras que Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Paulino Mora, Adrián Vargas, Luis Fernando Solano y Nancy Hernández optaron por la revisión de su proporcionalidad.
La polarización de la sala en estos temas explica por qué los magistrados solo mostraron un consenso en un 58% de las votaciones sobre temas de trabajo en la última década, cuando el promedio general mostrado para todas las votaciones fue de un 67%.
Trabajo: terreno de la Sala IV
Las acciones de inconstitucionalidad en materia de trabajo son el principal terreno de debate en la Sala.
En los últimos cinco años, y según la clasificación de la propia entidad, un 16,6% de las acciones resueltas por el fondo se refieren a esta materia, superando las consultas en ambiente (9,2%), tránsito (8%), comercio (6,4%) o tributarios (5%). Otro 7,2% de las acciones votadas se refieren a las pensiones de los trabajadores.
Entre estas consultas, destaca por mayoría el debate sobre las convenciones colectivas, lo que –según los investigadores– demuestra la “alta importancia” que presta el órgano a las políticas públicas de empleo en el país.
El informe también da a conocer que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad revisadas buscaron, desde quienes las interpusieron, limitar los derechos contenidos en esos acuerdos. El grueso de las acciones fueron presentadas por miembros de los supremos poderes.