Tribunal respalda normas tributarias
Solo una de cada cuatro acciones de constitucionalidad votadas en temas tributarios son declaradas con lugar en la Sala IV.
Los asuntos tributarios son, también, los que demuestran uno de los más altos consensos entre los magistrados en la última década: 79% de las acciones admitidas entre el 2005 y el 2015 se resolvieron por unanimidad.
La tendencia a fallar en contra de este tipo de acciones (la mayoría presentadas por ciudadanos hombres y por empresas privadas) y la cohesión en el criterio de los magistrados demuestra un fuerte respaldo histórico de la Sala a la capacidad del Estado para fijar una política impositiva.
Ese respaldo es visible particularmente en instrumentos como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto a Bienes Inmuebles y las leyes de creación de impuestos municipales.
La línea tributaria de la Sala
Según sostiene el II Informe del Estado de la Justicia, una gran parte de las impugnaciones presentadas a la Sala sobre este te- ma pretendían cuestionar las normas de imposición de tributos de forma personal, o para grandes empresas. En ellas, la conducta de la Sala ha tendido hacia el rechazo de las impugnaciones.
Sin embargo, contradictoriamente, las pocas decisiones que ha tomado la Sala en materia de tributos, han sido las más gravosas para el erario público. El trámite del paquete fiscal y del impuesto a personas jurídicas, por ejemplo, resultaron en planes fallidos de Hacienda por visos de procedimiento de los diputados.
La investigación del Estado de la Justicia no permite determinar a qué tipo de grupos ha tendido a defender la Sala (o si, en particular defiende el erario público), aunque –según el investigador Carlos Cascante– la tendencia ha sido a defender la norma.
La discusión del Impuesto a Personas Jurídicas también destaca como un hito de la Sala, por el caudal de casos que representó para el órgano y por la división (insólita en el eje temático) que generó entre los magistrados. Contra esa ley se conocieron 25 acciones y se admitieron dos. Una de ellas se rechazó por unanimidad, pero la otra tardó 26 meses en resolverse para obtener una votación polarizada de 4-3.