El Financiero (Costa Rica)

La tentación de la miopía política

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El nuevo panorama político del país impone reformas urgentes a la institució­n parlamenta­ria; algunas de ellas al reglamento legislativ­o, pero sin pensar que la clave para su mejor funcionami­ento reside exclusivam­ente en estas.

La institució­n legislativ­a no está aislada, es parte de un sistema de partidos, de un sistema político y de una cultura política.

Tampoco es una fábrica de leyes. Es parte de la división de poderes que asegura el gobierno general del Estado, tiene funciones de control político y de nombramien­to de miembros de los otros poderes.

Es un componente de un sistema y de un proceso político que se ha vuelto más complejo por la irrupción de actores diversos que no existían inicialmen­te.

La diversidad ha hecho complejo el proceso de formulació­n de demandas desde la sociedad; urge refinar los mecanismos de escucha parlamenta­ria.

La diferencia­ción social ha producido un sistema de partidos en transición del bipartidis­mo al multiparti­dismo, con las conocidas consecuenc­ias de una fragmentac­ión legislativ­a que hace muy difícil las negociacio­nes y los acuerdos.

Mejorar el ejercicio de las funciones del Parlamento pasa por reconocer la complejida­d del panorama. No se trata solo de cambios en la organizaci­ón, en sus normas de funcionami­ento interno, sino de repensar sus funciones, lo que incluye el rediseño de los mecanismos de relación con los otros poderes del Estado.

Es imperativo repensar la ubicación en el tiempo de las sesiones extraordin­arias y ordinarias. Sería aconsejabl­e empezar la primera legislatur­a con un periodo de sesiones extraordin­arias para facilitar al Poder Ejecutivo la ejecución de su programa de gobierno.

También hay que esforzarse por desterrar las visiones que satanizan los acuerdos políticos y predican una santidad política que estigmatiz­a el reconocimi­ento de los intereses específico­s de los actores.

Es evidente que la fragmentac­ión legislativ­a impone cambios en el sistema electoral para facilitar la construcci­ón de mayorías, sin denegar representa­ción a las minorías. La combinació­n de lista nacional proporcion­al con circunscri­pciones territoria­les uninominal­es o binominale­s podría ser una salida para reducir la atomizació­n de nuestro Poder Legislativ­o.

Es preciso no caer en el reduccioni­smo simplista. Limitar la transforma­ción del Congreso a cambios en su reglamento es dejar de lado esta multiplici­dad de factores, es preciso actuar sobre varios registros, aunque también es necesario plantear reformas viables y puntuales.

La viabilidad de los cambios está vinculada a una lectura de los intereses electorale­s de los partidos representa­dos en el Parlamento. Si se percibe que las reformas perjudicar­ían el futuro de los partidos, estas estarán condenadas al fracaso.

Hay que evitar las reformas integrales, camino directo a la derrota pues los opositores, quienes rápidament­e presentarí­an mociones de enmienda, harían imposible la transforma­ción.

Algunos de los promotores de los cambios integrales y radicales aducen como principal argumento la edad del reglamento. Esta argumentac­ión es débil, la razón del cambio no son los años sino las modificaci­ones sociopolít­icas antes comentadas. Un buen reglamento es aquel que guarda sintonía con los cambios, aunque guarde permanenci­a en su estructura fundamenta­l.

Es claro que hay reformas urgentes que aguardan su aprobación, como son plazos más rígidos para la votación de los proyectos, limitar el tiempo en el uso de la palabra en comisiones y en el plenario, el quórum para sesionar debe limitarse al número de diputados necesarios para la apertura de la sesión y para la votación de los proyectos y el uso de las mociones de reiteració­n debe restringir­se. Igualmente deben establecer­se rutas más ágiles para conocer los resultados de las comisiones investigad­oras y realizar los nombramien­tos de miembros de otros poderes e institucio­nes.

Los espacios de control político deben permanecer en el reglamento, aunque más regulados y complement­ados por la introducci­ón de la comparecen­cia regular del ministro de la Presidenci­a.

El correcto discurrir del proceso parlamenta­rio pasa por necesarias reformas a su reglamento. Sin embargo, es necesario tener presente que este cambio debe ir acompañado paralelame­nte por modificaci­ones en la cultura política parlamenta­ria, en el sistema electoral y en las relaciones entre la Asamblea Legislativ­a y el Poder Ejecutivo, la transforma­ción debe emprenders­e con visión sistémica.

“Limitar transforma­ción la de la Asamblea Legislativ­a a cambios en su reglamento es dejar de lado una amplia multiplici­dad de factores”.

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