Posiciones políticas
Los nuevos congresistas tienen ideas bastante cautas y tradicionalistas.
Para los casos del Partido Integración Nacional (PIN), el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Frente Amplio, se consideraron sus posturas ideológicas en la muestra total de 46 legisladores consultados.
En el ámbito social también se determinó una fuerte oposición de los diputados a que se eliminen las clases de educación sexual que se imparten en los colegios.
Seis de cada diez rechazaron la idea de prescindir de estos espacios educativos en los que se aborda la sexualidad y la afectividad. Una de las observaciones repetidas por varios congresistas, es que se deben revisar los programas del Ministerio de Educación Pública, pero no eliminarlos.
El 65,9% de los próximos legisladores cree que se deben reformar los cuatro regímenes de pensiones que existen (Magisterio Nacional, Poder Judicial, IVM y con cargo al presupuesto nacional), para crear un sistema único de jubilaciones para todos.
Esta iniciativa encontró un amplio respaldo en la Unidad Social Cristiana (83,4%), Acción Ciudadana (66,7%) y Liberación
Más impuestos
Los nuevos diputados respaldan la idea de que todas las personas y empresas paguen más impuestos para superar el déficit fiscal del país y sobrevive el precepto de que el Estado debe ser el principal responsable de promover el bienestar de la población.
La mitad de los legisladores consultados está de acuerdo con que se aumenten los tributos como medida para atacar el déficit financiero del Gobierno, que para este año podría cerrar en el 7,1% de la producción nacional, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Casi la mitad de los integrantes del próximo plenario legislativo considera que se deben recortar salarios y pluses a los empleados públicos para reducir el gasto. En esta pregunta, el 36% prefirió marcar la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y solo una minoría se opuso.
Sin embargo, en un Estado que ve como su deuda pública –como porcentaje del PIB– creció del 28,1%, en 2008, al 49,2%, en 2017; todavía persiste la idea de que el bienestar de la población debe nacer fundamentalmente de los recursos públicos.
Siete de cada diez diputados están de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de garantizar el desarrollo de la población.
Algunos congresistas, quienes se opusieron a esta afirmación, apuntaron que se debe incentivar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la creación de empleo en el sector privado para generar riqueza que llegue a los sectores más desprotegidos.
Esta idea del “Estado paternalista” se refleja en otra de las preguntas. El 77,3% se opuso a la posibilidad de recortar la asignación del 8% del PIB para financiar la educación costarricense.
Incluso, la mayoría los encuestados apoyó que las plataformas digitales de transporte –como Uber– sean reguladas con normas similares a las que rigen para los taxis formales.
Para los próximos congresistas, la exploración y explotación de nuevos combustibles y energías limpias debe salir de las manos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Los diputados cuestionan la labor de esta institución –que no refina combustibles desde 2011– y consideran que su operación es bastante deficiente.
¿Cómo se hizo?
La muestra, que supera las dos terceras partes del total de legisladores, no solo ofrece posturas ideológicas, también permite profundizar en el perfil profesional y otras peculiaridades de cada uno de los congresistas.
Los nuevos legisladores respondieron tres secciones de preguntas: una sobre datos sociodemográficos, una sobre el ámbito social, y la última, sobre el ámbito económico.
Para establecer las respuestas, se utilizó la escala de Likert, mecanismo mediante el cual se les ofrecieron cinco opciones desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. Los entrevistados solo eligieron la respuesta que se acercaba más a su postura ideológica con respecto a la afirmación presentada en la pregunta.
Los diputados Walter Muñoz, del PIN, y Mario Castillo, del PAC, solo ofrecieron los datos sociodemográficos, pero rehusaron contestar las otras dos partes del cuestionario.
Las entrevistas se hicieron en persona y por teléfono, entre el lunes 16 de abril y el martes 24 de abril. Los diputados Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Rodolfo Peña, del PUSC, no contestaron.
Tampoco lo hicieron Xiomara Rodríguez y Giovanni Gómez, del PRN, quienes no fueron localizados por teléfono. En el PLN se intentó contactar, sin éxito, a los congresistas Ana Lucía Delgado, Carlos Ricardo Benavides, Paola Valladares y Wagner Jiménez.
La lista de diputados que no contestaron las preguntas la completan Otto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y Sylvia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).
A partir del martes las 57 curules de la Asamblea Legislativa tendrán nuevos dueños, un grupo comandado por abogados y administradores de empresas.
Carlos Alvarado, el presidente más joven de Costa Rica de la Segunda República, tendrá el reto de cerrar acuerdos con un congreso menos dividido e integrantes más jóvenes que el anterior.
Aunque en política, y sobre todo en el plenario, la juventud no es sinónimo de posiciones más abiertas y progresistas. En la dinámica legislativa, lo único que prevalece es la negociación.■■
Colaboraron en la aplicación de las entrevistas: Laura Ávila y María Luisa Madrigal, periodistas de la sección de Economía y política de EF.
Revisión y validación del cuestionario: Ronald Alfaro y Steffan Gómez, investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN) y del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR).