Morosidad cooperativa
En la edición de esta semana informamos sobre el incremento de la morosidad de las carteras de crédito de las cooperativas. Varios factores influyen en este resultado; entre ellos, el sobreendeudamiento de los clientes y la desaceleración de la economía.
La semana pasada informamos sobre el plan del Poder Ejecutivo tendiente a ayudar a burócratas altamente endeudados. El Gobierno se propone limitar las deducciones automáticas a los salarios de los empleados públicos destinadas a pagar las cuotas de los créditos con las entidades financieras. Esto afectaría principalmente a las cooperativas de ahorro y crédito, quienes en el futuro verían aumentar la morosidad de sus carteras crediticias.
Ambos temas están relacionados con el fenómeno de sobreendeudamiento de las personas. En general, bancos, cooperativas y entes no regulados han contribuido al sobreendeudamiento de la gente. Este proceso se ha manifestado de manera paulatina en los últimos años, pero se aprecia ahora con mayor fuerza ante la desaceleración de la economía.
En el caso de los empleados públicos, el crecimiento del endeudamiento ha sido más fuerte porque tienen ingresos mayores y más estables en comparación con el resto de los trabajadores. La burocracia tiene diversas entidades especializadas, principalmente cooperativas de ahorro y crédito, que se han encargado de otorgar préstamos a tasas de interés bajas y mediante un sistema de pago de las cuotas con deducción automática de los salarios realizada por la Tesorería Nacional o por los departamentos financieros de los entes públicos.
En general, estos sistemas de crédito han funcionado bien en el pasado y con riesgos de crédito bajos por la existencia del mecanismo de deducción automática. Sin embargo, las cooperativas de ahorro y crédito no han realizado un verdadero análisis de riesgo crediticio bajo la confianza de que los préstamos se pagarán inexorablemente mediante las deducciones a los salarios.
En este caso los deudores y las cooperativas han abusado del sistema, de tal forma que hay un grupo apreciable de empleados públicos que casi no recibe salario después de pagar todas las deducciones. Se trata, en estos casos, de una irresponsabilidad de deudores y acreedores que no saben administrar los instrumentos de crédito.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha sido indolente al permitir que las cooperativas de ahorro y crédito subestimen el verdadero riesgo de prestar a la burocracia.
Cinco vías
Ahora el Poder Ejecutivo pretende ayudar a los burócratas. Resulta sensato limitar el monto de las deducciones automáticas para pagar deudas. Sin embargo, si esta medida tiene efecto retroactivo llevará a un incremento de la morosidad en las cooperativas y podría poner en riesgo su viabilidad financiera. Por lo tanto, la medida debe regir para los nuevos préstamos para que las partes conozcan las reglas y no existan sorpresas.
El Poder Ejecutivo también debe entender que la medida no necesariamente mejorará la situación de los empleados públicos, porque si el mecanismo de deducción automática no funciona, entonces las entidades aumentarán las tasas de interés de los nuevos préstamos para hacer frente a los mayores riesgos.
La solución, en nuestra opinión debería ir en cinco líneas. Primero, se debe establecer un límite a las deducciones automáticas para las operaciones futuras de crédito. Segundo, el Conassif debería dictar normativa para que las entidades enfrenten los riesgos de crédito y de sobreendeudamiento en forma correcta.
Tercero, debe reformarse el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef para que integre todas las fuentes de crédito —reguladas y no reguladas— de modo que se cuente con información global de los niveles de endeudamiento. Difícilmente las entidades prestamistas podrán manejar adecuadamente el riesgo de sobreendeudamiento si no hay buena información.
Cuarto, se debe propiciar un plan para permitir la reestructuración de las deudas de los empleados públicos que tienen problemas de liquidez, pero que pueden salir adelante con otras condiciones crediticias (plazos, tasas de interés, etcétera).
Quinto, la Sugef en resguardo del ahorro nacional debe obligar a las entidades a realizar la limpieza de cartera y reconocer las pérdidas por créditos otorgados a empleados públicos que no tienen ninguna posibilidad de pagar sus deudas. Esto obligaría a las entidades a utilizar su capital o realizar aportes adicionales. En otras palabras, las pérdidas hay que reconocerlas y enfrentarlas.
En conclusión, el problema de sobreendeudamiento de los empleados públicos debe resolverse en forma ordenada para evitar la contaminación en todo el sistema financiero y evitar su repetición a futuro. Definitivamente, las entidades que no administraron adecuadamente sus riesgos crediticios tendrán que pagar un costo importante.
“Deudores y cooperativas han abusado del sistema, de tal forma que hay un grupo apreciable de empleados públicos que casi no recibe salario después de pagar todas las deducciones”.