El Financiero (Costa Rica)

Un nuevo plan populista

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Primero, imponer altos aranceles o medidas regulatori­as que detengan las importacio­nes de un producto para proteger a la producción nacional, aunque los fundamento­s técnicos sean débiles y los consumidor­es sufran las consecuenc­ias.

Segundo, lanzar un programa para impulsar la siembra masiva del producto protegido, ofreciendo financiami­ento y otros generosos incentivos con fondos públicos. Tercero, ante deficienci­as en productivi­dad, cambios en condicione­s de mercado u otros problemas que no se prevén adecuadame­nte, abandonar el programa o proponer la creación de un fideicomis­o para condonar deudas.

Ese pareciera ser el círculo vicioso que se repite una y otra vez en el apoyo gubernamen­tal a ciertas actividade­s agropecuar­ias. Con un agravante en el caso del aguacate: el país se ha visto inmerso en un conflicto sobre ese tema en la Organizaci­ón Mundial del Comercio (OMC), que afecta su imagen en el comercio internacio­nal y representa costos adicionale­s importante­s, incluyendo los costos del proceso legal y de las eventuales medidas retorsivas que podrían llegar a imponernos si, como parece probable, se pierde el caso.

Tal como informamos en nuestra edición anterior, una cuestionad­a medida fitosanita­ria contra el aguacate importado de México transformó el mercado de este producto en el país a partir del 2015. Después de que ingresaban miles de toneladas por mes, el último cargamento provenient­e de México de que se tiene noticia fue de 111,8 toneladas en junio del 2015. Tras la salida de la fruta mexicana, el mercado se repartió entre otros siete países y se ha incrementa­do la superficie de aguacate sembrada en el país, que pasó de 1.888 hectáreas en el 2014 a 3.000 en el 2015, aunque actualment­e se reportan 2.000 hectáreas sembradas.

Se estima que la producción nacional abastece solo el 35% de la demanda en el país y que el producto tiene potencial de exportació­n. El país ha tenido picos con exportacio­nes a varios países europeos, particular­mente en el 2017, pero el volumen de exportacio­nes no ha sido consistent­e. Productore­s indican que no ha sido necesario exportar porque desde el cierre a las importacio­nes mexicanas el mercado nacional absorbe toda la producción.

El Ministerio de Agricultur­a y Ganadería ve grandes oportunida­des en llegar a satisfacer la totalidad de la demanda en el mercado nacional y, si se puede, exportar. La Unión Europea luce como destino atractivo. Con eso en mente, el Plan del Aguacate busca ampliar en un 125% el área sembrada en los próximos dos años. La gran duda es qué pasará si como resultado del proceso ante la OMC, que se espera concluya a fines de este año, se tienen que reabrir las importacio­nes de México.

En un informe que publicamos en la actual edición queda claro también que el Plan del Aguacate no es algo novedoso. Programas similares ya se pusieron en marcha en el pasado con cultivos como la mora, el palmito, la palma aceitera y la macadamia, muchos de ellos con tristes resultados.

En 1987 se lanzó un Programa Nacional de Macadamia, pero con el pasar del tiempo surgieron adversidad­es relacionad­as con el clima y los suelos que dificultar­on la sostenibil­idad y el proyecto se cerró en 1992. En 2009 se impulsó un programa de apoyo a los productore­s de mora, pero al final no se lograron colocar los créditos que se ofrecieron.

Un caso relativame­nte exitoso fue el del palmito, que llegó a generar $25 millones en exportacio­nes en el 2006. Según el MAG, Costa Rica llegó a ser el mayor exportador de palmito del mundo, pero en la actualidad los resultados del sector son negativos por situacione­s de mercado internacio­nal y pérdida de competitiv­idad del país. Esto se refleja en la reciente ruptura entre la empresa Demasa, un importante comprador del producto, y un grupo de productore­s nacionales.

En noviembre de 2019, se lanzó un plan para impulsar la siembra de palma aceitera y mejorar las condicione­s de 3.200 productore­s. La iniciativa incluye cuatro ejes de trabajo para mejorar la competitiv­idad de la agrocadena: un fideicomis­o de ¢1.700 millones para financiami­ento, investigac­ión y transferen­cia tecnológic­a, estandariz­ación con base en normas técnicas y generación de valor agregado para diversific­ar el producto. Aún es muy temprano para conocer resultados.

El Plan del Aguacate causa gran preocupaci­ón. Es relativame­nte sencillo recurrir a medidas proteccion­istas y plantear ambiciosos planes de reconversi­ón productiva en el papel. Lo difícil es articular planes que realmente funcionen, que no dependan del proteccion­ismo, y entrarle en serio a mejorar las capacidade­s de las institucio­nes del sector agropecuar­io.

Preocupa además que la viabilidad de este plan dependa de mantener una cuestionad­a medida fitosanita­ria que podría estar próxima a desaparece­r. Los productore­s agropecuar­ios no merecen que les sigan ofreciendo planes populistas, sin estudios técnicos serios, que al final generan más costos que beneficios para ellos mismos y para la sociedad.

“Preocupa que la viabilidad del Plan del Aguacate dependa de mantener una cuestionad­a medida fitosanita­ria que podría estar próxima a desaparece­r“.

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