Diputado del PAC.
El COVID-19 ha golpeado la economía mundial. Frente a esta dura realidad, urge implementar en Costa Rica acciones que mitiguen las repercusiones en las empresas, trabajadores, sistema financiero y finanzas públicas.
Las cifras muestran una contracción del comercio mundial de bienes y servicios, mayor que la reportada en la crisis del 2008, debido a un parón abrupto de la demanda al generarse una menor afluencia de turistas, pérdida de confianza de los consumidores, menor demanda de empleos, etcétera.; así como postergaciones en las inversiones y rupturas en las cadenas globales de valor.
Estos efectos harán que las personas gasten menos, lo que repercutirá en menores niveles de producción y empleo.
Son los pequeños y medianos empresarios los que sufrirán en primera instancia los efectos de la contracción de la demanda debido a que dependen casi enteramente del mercado interno, las condiciones que deben cumplir para recibir financiamiento suelen ser más onerosas, la productividad es menor que las compañías de mayor tamaño y su trabajo es más intensivo.
No obstante, generan más del 75% del empleo nacional (33% del empleo formal), especialmente para trabajadores con menor cualificación en áreas de menor desarrollo.
Ante esas condiciones que enfrenta Costa Rica, las proyecciones económicas deberán ser revisadas a la baja respecto al crecimiento de la producción, niveles de empleo, déficit fiscal y de la deuda pública, al igual que la asignación de recursos para el sistema de salud.
Algunos efectos previsibles en Costa Rica y sus respectivas propuestas para paliarlos son las siguientes:
Significará un problema importante de morosidad que, si no se maneja desde ya puede derivar en grandes consecuencias para la estabilidad del sistema financiero.
Se requiere que las autoridades del Poder Ejecutivo y los rectores del sistema financiero vuelvan la cara hacia la reactivación del mercado doméstico de manera decidida, con acciones como:
a. Política agresiva de compras del Estado para la adquisición, primordialmente, de bienes de producción nacional.
b. Impulso por parte de las autoridades del sistema financiero a planes de apoyo a las familias y las pymes, mediante moratorias parciales de pago y disminución de cargas de deudas. Jamás permitir que los costos de los préstamos aumenten o que las condiciones financieras se endurezcan. Son tiempos para que los entes financieros se sumen al rescate del mercado, en vez de visualizar ganancias.
c. Revisión urgente por parte del Conassif a las ponderaciones de riesgos asociadas al cálculo de la suficiencia patrimonial que castiga fuertemente la capacidad de acción de los entes financiero.
d. Eliminación de las tasas de interés piso, pues impiden que la política monetaria tenga efecto y, también, son cláusulas abusivas que afectan especialmente los créditos de vivienda.
e. Acción dinámica y eficiente por parte de las autoridades de la competencia para frenar abusos especulativos, así como evitar que el poder de mercado aplaste a las partes más débiles en las cadenas de valor.
El Gobierno debe prepararse para un alto repentino en el acceso a recursos financieros, tan necesarios para el refinanciamiento de sus obligaciones. Por eso debe buscar acuerdos con organismos multilaterales para asegurar la liquidez necesaria. En el plano internacional debe levantar la voz en busca de métodos de reacomodo de las finanzas globales.
Se debe realizar una evaluación meticulosa de la regla fiscal para que, en casos de emergencia como este, no se convierta en una camisa de fuerza que le impida al Gobierno actuar de manera eficiente y responsable. La vida, salud y economía de los ciudadanos debe estar por encima de toda norma financiera.
El deterioro económico debe ser compensado con acciones de apoyo a las poblaciones más vulnerables. Es necesario ubicar recursos frescos para reforzar la red de cuido, los comedores escolares, los CEN-CINAI, las ayudas del IMAS, entre otros.
Los esfuerzos que hagamos para reducir los efectos sobre nuestra economía y generar confianza no pueden esperar.