Evolución de la deuda del Gobierno
La emergencia sanitaria obliga al Estado costarricense a incurrir en un gasto social mayor y a reforzar los sistemas de salud, al mismo tiempo que los ingresos se ven reducidos por la menor recaudación de impuestos.
Muchos de los tributos están ligados a la dinámica de la economía. El consumo de los hogares, la venta de bienes de mayor valor como los vehículos y la operación de los negocios son algunos de los segmentos que caen y cuando esto sucede, las arcas estatales reciben menos recursos.
En este “choque económico temporal”, denominado así por el presidente del Banco Central, el consumo se reduce, el desempleo aumenta, se paralizan miles de negocios y el salario de cientos de trabajadores se reduce a la mitad.
Estos elementos golpean la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Gobierno se ve obligado a gastar más y a recibir menos ingresos. Un panorama totalmente opuesto al vislumbrado a inicio de año.
Al mismo tiempo, se necesitan más recursos para atender el déficit. La deuda, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), inevitablemente aumentará porque el Estado debe endeudarse más para atender la emergencia sanitaria.
Lo mismo ocurrirá con el déficit fiscal. El desbalance entre los ingresos y los gastos del Gobierno se ensanchará.
Ese aumento en la deuda y en el déficit ocurrirá en 2020 y muy posiblemente también en 2021, cuando el lastre de la crisis actual todavía pase factura a la economía.
La deuda tiene una década de aumentar su peso en las arcas estatales.
¿Qué tan duro será el golpe? Aun es pronto para enunciar una cifra oficial y esto se dará a conocer en la revisión de la programación macroeconómica del Banco Central, pero algunos entes ya lanzan sus perspectivas preliminares.
En 2019, el déficit alcanzó una cifra del 7% del PIB y la deuda llegó al 58,5%, también del PIB. Lo que es certero por ahora es que la cifra será más alta, pero la profundidad es aun desconocida.
El Gobierno estimó que con el plan de consolidación fiscal, el nivel de endeudamiento se sostendría y bajaría a partir del 2023. Esa estabilidad para el 2020 ya no será posible.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s lanzó su estimación: el déficit cerrará en 8% el 2020 y en los siguientes dos años avanzará al 6%, a medida que la economía recupere el ritmo.
Al menos desde ya se plantea la necesidad de acudir a una de las cláusulas que permiten levantar la aplicación de la regla fiscal para este año: la de emergencia.
La cláusula abre el portillo para que algunas instituciones puedan gastar más recursos durante la pandemia, la emergencia que enfrenta el país, pero no permite abrir la llave del gasto para todas las instituciones públicas, explicó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.
De momento, el Gobierno necesita fondearse más y preparar sus arcas para lo que enfrente, aunque llevaba varios meses de tener liquidez suficiente para atender sus obligaciones ahora estas incrementaron.
EF consultó al Ministerio de Hacienda cuánto asciende su liquidez actualmente y cuál es el periodo de tiempo que están cubiertos los gastos conforme entran sus ingresos, sin embargo, no se recibió respuesta al cierre de este reportaje.
La liquidez que tenga actualmente el Gobierno para hacer frente a sus obligaciones es vital para conocer cuán imperiosa es su necesidad de acudir a los mercados en busca de más recursos y cuán presionado puede estar el mercado local en caso de que las puertas del fondeo externo no se abran como antes.
“Es muy posible que el costo de ese financiamiento aumente, con lo que además, la deuda aumentará y el pago por intereses también”, anotó José Luis Arce, economista y director de FCS Capital.
Una opción es obtener recursos a largo plazo de organismos multilaterales. Estos se usarían para desarrollar programas de apoyo a los sectores productivos hacia una pronta recuperación.
El Gobierno ya toca algunas puertas, incluida la del Fondo Monetario Internacional (FMI) con quien podría renegociar al menos la deuda existente u obtener más dinero, pero la fila para obtener los recursos es amplia. Es una crisis mundial.
Aunque el FMI no abastece de una cantidad fuerte de recursos, da gotas de disciplina en el manejo de las finanzas, lo que puede ayudar además a buscar más fondeo después, explicó Francisco de Paula Gutiérrez, economista y expresidente del Banco Central.
El Gobierno cuenta además con luz verde legislativa para obtener los $500 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Estos recursos tienen el objetivo de aportar a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también serán utilizados para combatir la crisis causada por el COVID-19.
En 2020, la Tesorería Nacional también contaba con $550 millones del Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como $380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza Francesa.
Estos préstamos serían de ayuda en la coyuntura actual, pero mientras llegan el Gobierno necesita más recursos.
En esta línea, el equipo económico evalúa algunas medidas por el lado del ingreso: por un lado, recaudar los recursos provenientes del ahorro en la factura petrolera, y por otro, recibir un aporte inmediato del Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢75.000 millones, para lo cual se presentó un proyecto de ley.
Por lo anterior, el Gobierno podría recurrir a una nueva emisión de deuda externa. Eso sí, cuando los mercados se estabilicen.
Esto le permitiría “gestionar la deuda que vence próximamente y así evitar el estrujamiento del mercado local que de por sí necesitaría tasas de interés bajas con el objetivo de apoyar también la recuperación”, indicó Freddy Quesada, de INS Valores.
Más allá del nuevo fondeo, no es un secreto que tanto el Congreso como la población misma esperan que el Gobierno incluya en su agenda un programa de racionalización del gasto.
En esa línea es que la administración Alvarado Quesada presentará un presupuesto extraordinario, que busca redireccionar el gasto hacia la emergencia sanitaria al quitarlo de otros rubros del presupuesto.
Más allá de redireccionar recursos, el panorama ideal es que se recorten gastos en transferencias, algo que es complejo pero que se puede lograr con voluntad política, afirmó Gutiérrez. Sin que esta sea la solución en sí misma, pero a modo de referencia, Gutiérrez señaló la posibilidad de reducir las jornadas y por ende salarios en la acera pública, y no solo en la privada como hasta ahora. En donde, por ejemplo, los educadores reciban menos salario al no estar dando clases a tiempo completo, anotó.
Medidas extraordinarias son necesarias en una coyuntura sin precedente. La realidad hace indispensable seguir de cerca las decisiones que tomará el Gobierno para atender la emergencia, pero también garantizar la ruta hacia la sostenibilidad de las finanzas una vez que esta concluya.