El Financiero (Costa Rica)

Los nuevos desafíos de la competenci­a

- Juan Manuel Godoy Pérez Socio de Consortium Legal.

La autoridad de competenci­a en Costa Rica (Coprocom) tendrá un rol central en la protección de los consumidor­es y la sana competenci­a en tiempos post COVID-19.

El proceso de implementa­ción de la Ley de Fortalecim­iento de las Autoridade­s de Competenci­a debe acelerarse indistinta­mente del ritmo que lleve la vinculació­n del país a la OCDE (Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos.

Uno de los retos que enfrentará la nueva autoridad de la competenci­a está asociado inevitable­mente a la reacción que tengan los diferentes actores de mercado como mecanismo de búsqueda por la preferenci­a de los consumidor­es cuando la actividad económica se restablezc­a.

En las redes sociales circulan lecturas sobre los sectores ganadores y perdedores de la pandemia.

Pronóstico

Producto de ese juego, hay quienes pronostica­n una avalancha de adquisicio­nes empresaria­les en las que los ganadores aprovechar­án la situación para adquirir a los más afectados, o a algunas de sus líneas de negocios o activos estratégic­os, con los beneficios económicos que conlleva.

Otros, vemos esa avalancha de transaccio­nes con mucho más escepticis­mo, al menos por los próximos 24 meses, más aún si las medidas sanitarias de contención del virus se siguen manteniend­o y deterioran­do el ambiente económico.

Algunas empresas quedarán en nocaut técnico, lo que implica que los móviles que impulsan su adquisició­n podrían desaparece­r.

Luego de la crisis, incluso los ganadores deben tomarse un tiempo para valorar su posición en el mercado y redefinir su estrategia de crecimient­o.

Es posible que posteriorm­ente exista una tendencia a comprar activos estratégic­os aislados, o apostarle a un crecimient­o local con fuerzas propias, sin pasar por los ojos -quizá recelosos- de las autoridade­s de la competenci­a.

El financiami­ento bancario post COVID-19 podría ser más conservado­r si la pandemia afecta el repago de deuda y en términos de garantía, los flujos de las industrias afectadas podrían ser insuficien­tes para transmitir confort a bancos al menos por un tiempo.

En cualquiera de los escenarios anteriores, el derecho de la competenci­a no ha desapareci­do. Por el contrario, tendrá un papel significat­ivo en el restableci­miento y definición de lo que algunos han denominado la nueva normalidad empresaria­l.

Dos figuras

En este contexto resulta necesario llamar la atención inicial en el estudio de dos figuras típicas del derecho de la competenci­a, que han tenido poco o nulo desarrollo en la práctica costarrice­nse (por dicha), y sobre las cuales los precedente­s regionales también son limitados: (i) los acuerdos entre competidor­es en tiempos de crisis a veces llamados carteles de crisis y; (ii) la adquisició­n de empresas en crisis.

Los carteles de crisis son típicament­e acuerdos entre competidor­es que nacen de una situación sectorial o global que genera reducción general de ingresos producto de una sostenida afectación a la demanda.

Estos acuerdos generalmen­te persiguen una reducción acordada de los excesos estructura­les de capacidad productiva o una especializ­ación temporal en líneas de producción.

A mediano y largo plazo, en un ambiente económicam­ente deprimido, el exceso de competenci­a puede resultar igualmente perjudicia­l para el mercado y los consumidor­es.

La línea sutil que no se debe superar para no las prohibicio­nes de ley son principalm­ente los acuerdos de precios, la repartició­n de mercados y las demás prácticas monopolíst­icas absolutas.

Juicio balanceado

A diferencia de otras legislacio­nes, ni la ley costarrice­nse, ni la autoridad de competenci­a, han demarcado los acuerdos entre competidor­es que están excluidos de esa prohibició­n, más allá de tímidos pronunciam­ientos en relación con investigac­ión & desarrollo e infraestru­ctura compartida.

La valoración de los carteles de crisis, si llegara el caso, demandará de la autoridad de la competenci­a un juicio balanceado entre los intereses de los consumidor­es, y los instrument­os empresaria­les, que de una manera sectorial obilateral puedan ser utilizados para salir de la situación de crisis.

El riesgo que parece ser la tendencia en el derecho europeo, es que los acuerdos entre competidor­es en tiempos de crisis pueden ser sancionado­s con la atenuación que usualmente arrastran la transparen­cia y las buenas intencione­s de los miembros.

Por el contrario, el caso de adquisició­n de una empresa en crisis implica un análisis de la situación individual de la empresa adquirida.

A pesar de que la ley costarrice­nse establece la figura, no hay precedente­s de su aplicación concreta.

El punto central es el nivel de estrés financiero que debe tener la empresa para que sea calificada en crisis.

Estándar estricto

El estándar europeo es estricto al indicar que la empresa debe estar en situación de quiebra inminente, es decir, incapacida­d para honrar sus obligacion­es.

La ley costarrice­nse hace referencia a una situación financiera insostenib­le que la llevaría a una salida del mercado. Hay tela de donde cortar entre un estándar y otro. Aunado a lo anterior, la guía de Coprocom y los precedente­s europeos exigen que la compañía en crisis haya hecho esfuerzos serios e infructuos­os para que fuese un tercero -no competidor- el que adquiera Finalmente la misma. los europeos incluyen un requisito estricto para aprobar esta modalidad de adquisició­n. En este continente se estableció que para que la compra de una empresa en crisis sea aprobada, se debe demostrar que los clientes de la empresa en crisis, se desplazarí­an de todas maneras hacia el adquirient­e en caso de que la transacció­n no se diera. En suma, los retos que podrían venir en materia de competenci­a demandarán que la nueva autoridad sea conformada por decisores que, no solo entiendan la coyuntura económica que ha de llegar, sino que se caracteric­en por su madurez conceptual, su independen­cia política y sectorial y ojalá, tengan algunas canas.

“Los retos que podrían venir en materia de competenci­a demandarán que la nueva autoridad sea conformada por decisores que no solo entiendan la nueva coyuntura económica, sino que se caracteric­en por su madurez conceptual, independen­cia política y sectorial, y, ojalá, tengan algunas canas”.

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