Diputada, Partido Liberación Nacional El Gobierno debe hacer su parte
Costa Rica se sentará a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las próximas semanas un “acuerdo de derecho de giro” para acceder a $2.250 millones de dólares en tres años de acuerdo con declaraciones del presidente de la República. Sin embargo, el Gobierno llega a la mesa de negociación con poca claridad sobre las grandes reformas que será necesario implementar para que el préstamo pueda ser aprobado, con una coordinación improvisada con las distintas fuerzas políticas y sociales del país, y sin una visión sobre las finanzas públicas después del 2021.
Ninguna de estas tres deficiencias por parte del gobierno son una sorpresa. El manejo errático de las finanzas públicas quedó evidenciado en la negociación e implementación del plan fiscal y en la falta de articulación política del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa desde mayo del 2018. Sobre la falta de diálogo y poca coordinación con diversos sectores sociales y productivos del país, estos ya han manifestado su descontento por su cuenta. A estas preocupaciones, se suma ahora la incógnita de qué pasará con las finanzas públicas más allá del 2021, producto de la grave recesión económica que el país experimentará a causa de la pandemia de COVID-19.
Negociar este acuerdo con el FMI es crucial para la solvencia y estabilidad de la economía nacional. Aún así, el Gobierno ha presentado una serie de excusas para formalizar esas negociaciones, por lo que finalmente celebramos que sucediera.
Alcanzar un acuerdo con el FMI es valioso por dos razones principales: primero, porque dotaría de recursos adicionales al Estado en un momento en que su liquidez se verá seriamente comprometida para seguir prestando servicios públicos; segundo, porque el acuerdo, si es exitosamente negociado e implementado, podría aumentar la credibilidad en la política económica de un Gobierno que hasta ahora ha sido ambiguo en la materia. Esto último es particularmente importante porque el país requerirá acceder a otras fuentes y esquemas de financiamiento aparte del FMI. Una mayor credibilidad en la política económica se traduciría en mejores condiciones de crédito.
El problema es que esa credibilidad se ha venido deteriorando como lo demuestran diversos indicadores de calificación de la deuda del país. El Ejecutivo ha insistido en que la racionalización del gasto público y la lucha contra la evasión fiscal son sus prioridades, pero en ambos frentes quedan múltiples tareas pendientes. El Presidente habla de “metas” en lugar de “condiciones” a la hora de negociar con el FMI, pero desconocemos cuáles son esas “metas” y cómo serán cumplidas.
La presentación del presupuesto extraordinario anterior era una oportunidad para que el gobierno señalara el camino, pero desperdició la oportunidad para traer credibilidad y dirección al manejo de las finanzas públicas. Por esa razón, en la Comisión de Asuntos Hacendarios revisamos con gran cuidado el nuevo presupuesto para activar las alarmas por la inacción del Gobierno si fuese necesario, y para poner en su justa dimensión la grave crisis financiera que atravesará el país en los próximos años.
Petición por más claridad
Si no fue antes, esperamos que ahora, en una situación fiscal agravada por los efectos económicos y sociales de la pandemia, el Presidente y su equipo hagan su parte, empezando por elaborar un plan de acción sobre el que podamos discutir cómo pagaremos nuevos empréstitos y construiremos el futuro de las finanzas públicas. Necesitamos claridad del Gobierno para saber cómo mantendremos las transferencias para proteger a las personas más vulnerables; cómo apoyaremos a las pymes y al sector turístico, que son el principal motor de la economía nacional tanto en áreas urbanas como rurales; cómo lidiaremos con la informalidad y el desempleo; cómo reactivaremos las lecciones en escuelas y colegios con la poca conectividad existente en el país; cómo se refinanciará la Caja Costarricense del Seguro Social y se seguirá atendiendo la emergencia sanitaria; y cómo los proyectos de infraestructura se empatan con todas estas prioridades.
La negociación con el FMI es una oportunidad para darle coherencia y contenido a nuestra política económica y fiscal. No para contar con una hoja de ruta en ausencia de la del Gobierno, porque no son sustitutos, sino también para implementar reformas que estructuralmente cambien la dirección de deterioro de las finanzas públicas.
Sin embargo, para ello se requieren señales más precisas sobre el rumbo del país y soluciones técnicas, concretas y detalladas para resolver el problema fiscal. Los diputados de oposición ofrecemos nuestra ayuda, pero requerimos de antemano un plan de acción articulado y claro por parte del Gobierno. Desde el inicio de esta Administración lo hemos estado esperando.
Necesitamos claridad del Gobierno para saber cómo mantendremos las transferencias para proteger a las personas más vulnerables; cómo apoyaremos a las pymes y al sector turístico.