Siete proyectos meten la mano a fondo para cerrar brecha digital
Fondo pagaría desde deuda pública hasta pensiones alimenticias
La creatividad parece ilimitada para presentar proyectos de ley que intentan cubrir necesidades que el Estado no puede resolver con las instituciones existentes.
En la actualidad en la Asamblea Legislativa circulan siete proyectos que tienen en la mira usar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para diversos fines, incluyendo algunos distintos a los de su creación.
Cuando se planteó la apertura en Costa Rica, en el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos se incluyó un compromiso para destinar recursos a un regulador independiente y a proyectos que cierren la brecha digital.
Así nació Fonatel, como “instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos, así como las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT)”.
Una década más tarde, los legisladores y el Poder Ejecutivo miran a los recursos de Fonatel casi como varita mágica o una caja chica a disposición.
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Empleo para mayores de 45 años El proyecto No. 21.252, presentado por el diputado Carlos Avendaño, propone fomentar trabajo para personas mayores de 45 años, con dificultades de empleabilidad por razones de edad, y plantea utilizar recursos de Fonatel para capacitación tecnológica.
En su artículo 4 se estipula que se destinará un 10% de los recursos de Fonatel a favor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para el desarrollo de programas de educación para personas mayores de 45 años con énfasis en el aprendizaje de otros idiomas, computación, uso de Internet y herramientas telemáticas.
Para la industria este es una de las acciones que deberían ser valoradas a nivel del Micitt para incluirla como política pública. 2
Pago de deuda pública
El proyecto conocido como Ley Pagar se impulsa bajo expediente No. 21794 presentado por el Poder Ejecutivo plantea que varias instituciones autónomas, fondos y dependencias estatales trasladen dinero al Ministerio de Hacienda.
Se incluyen 11 entidades, entre las que está Fonatel que deberá cumplir con ¢40.000 millones. Según el artículo 16 esos recursos están disponibles “en sus superávits institucionales del ejercicio económico previo”.
Hacienda queda obligada a utilizar los recursos para pago de la deuda del Estado.
Sutel y la industria de telecomunicaciones han reiterado que Fonatel no tiene superávit, que los recursos están comprometidos en proyectos y que los tratados comerciales firmados por Costa Rica, entre otros, hacen inviable legalmente ese traslado de recursos .
Por su parte, el Micitt estudiaba la viabilidad legal de esta propuesta, pero el tema originó la renuncia de Luis Adrián Salazar y Edwin Estrada como ministro y viceministros de esta cartera. 3
A la Omar Dengo
La diputada Yorleny León presentó el proyecto que traslada la administración y los recurso de Fonatel a la Fundación Omar Dengo (expediente No. 21.920).
La iniciativa indica que los costos administrativos alcanzan hasta casi ¢2.110 millones, un 6,67% de los ingresos del fondo, lo que demostraría deficiencias tanto de Fonatel como de Sutel.
El proyecto propone que la Fundación Omar Dengo sustituya a Sutel como la encargada de proponer, diseñar y ejecutar los proyectos que el Poder Ejecutivo defina en el PNDT, los cuales serán asignados a los operadores con licitaciones, tal como se realiza actualmente.
La Contraloría General de la República y el Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, advirtieron que no es factible trasladar competencias y funciones del Estado a entidades privadas, entre otras observaciones que plantearon a este proyecto. 4
Internet en comunidades
El proyecto Ley de Acceso Universal y Solidario de Telecomunicaciones en todo el Territorio Nacional (expediente No. 21.945) fue planteado por el diputado Óscar Cascante a finales de abril de 2020, ya en plena pandemia del COVID-19.
Para ese momento la euforia por la capacidad de realizar teletrabajo y educación remota habían dado paso a las preocupación por los problemas de conectividad y acceso a Internet.
El proyecto plantea “rescatar” los programas de acceso, garantizar Internet en los hogares en comunidades rurales y urbanas de menor desarrollo y fortalecer la instalación de infraestructura tecnológica.
Para las pymes registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se propone un subsidio del 50% de la tarifa de Internet.
Además plantea que Sutel sea la encargada de brindar conectividad de banda ancha a centros educativos (1 Mbps mínimo por estudiante) y un subsidio del 50% a estudiantes becados de las universidades públicas y privadas. 5
Economía solidaria
El proyecto de Ley de Fomento Socioeconómico Local (No. 21.970) fue presentado por 13 legisladores, encabezados por Daniel Ulate el 19 de mayo.
La iniciativa propone crear un consejo que impulse el desarrollo territorial y un modelo de “economía social solidaria”.
El objetivo del proyecto es que se impulsen empresas comunales, municipales y cooperativas, centros de comercialización y ferias para pequeños y medianos productores, y plataformas “telemáticas” de mercadeo.
Se establece varias fuentes de financiamiento y Fonatel subsidiaría por dos años el pago de Internet a las pymes.
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Bono conectividad educativa
El diputado Wagner Jiménez propuso el proyecto de Ley de Creación del Bono Conectividad para la Educación (expediente No. 22.106), el cual fue presentado en estas últimas semanas de julio.
Se basa en el informe del Estado de la Educación, perteneciente al Programa del Estado de la Nación, que alerta sobre la brecha de acceso a Internet a nivel educativo en las regiones.
El proyecto indica que Fonatel financiará los costos de conectividad a Internet para estudiante de primaria, secundaria y postsecundaria en condición de pobreza, así como de los docentes que atienden poblaciones vulnerables.
Este es otro plan que la industria considera intenta llenar el vacío provocado por la indefinición del Poder Ejecutivo y del Micitt en la materia.
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Pensiones alimenticias
El proyecto de Ley para Garantizar las Pensiones Alimenticias en el Marco de la Crisis Derivada de la Enfermedad COVID-19 (No. 22.019) fue presentado por la diputada Paola Vega.
El objetivo es garantizar el derecho a alimentos de las personas beneficiarias de una pensión alimentaria.
Autoriza, además, la suspensión temporal y excepcional del apremio corporal a personas deudoras de esta pensión.
En un segundo artículo indica que tiene aplicación temporal.
Crea un Fondo de subsidio de pensiones alimentarias con los ingresos de Fonatel, “mediante el traslado excepcional y temporal de la contribución parafiscal”.