El Financiero (Costa Rica)

Pandemia y competenci­a

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La pandemia ha obligado a los gobiernos a intervenir en actividade­s comerciale­s y económicas de una forma pocas veces vista en la historia. La naturaleza altamente contagiosa del virus que produce COVID-19 y el objetivo de evitar la saturación de los sistemas hospitalar­ios, han conducido a cierres parciales o totales de muchos negocios, algunos de los cuales siguen soportando restriccio­nes significat­ivas cinco meses después.

El tema ha generado grandes discusione­s en todo el mundo, pues está de por medio un balance que es muy delicado entre protección de la salud, impacto económico de las medidas y derechos y libertades de los ciudadanos. La prolongaci­ón de la pandemia en el tiempo agrava la situación y causa desesperac­ión, por la caída de ingresos en institucio­nes y empresas y el alto nivel de desempleo.

Las ayudas a personas que han perdido su fuente de ingresos, como los “Bonos Proteger” en Costa Rica, han cumplido una función muy importante. Pero el Estado, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, no tiene los recursos para mantener ese tipo de ayudas indefinida­mente.

Por otra parte, salvo algunas flexibilid­ades en los créditos que han quedado a criterio de los bancos, el Estado ha tardado mucho en plantear esquemas de apoyo a las empresas. Hasta muy recienteme­nte se anunció un programa especial de crédito por parte del Banco Central de Costa Rica y un proyecto de fondo de avales que se está discutiend­o en la Asamblea Legislativ­a.

Las medidas gubernamen­tales para enfrentar la pandemia están teniendo un impacto significat­ivo en los mercados, que pueden analizarse desde varias ópticas. Destacamos aquí la afectación de la competenci­a, en línea con una nota que presentamo­s en esta edición. Se han puesto en evidencia o exacerbado barreras y limitacion­es a la competenci­a que ya existían y que afectan seriamente a los consumidor­es. Por otra parte, se han generado cambios en las reglas de operación de los negocios que alteran la posición competitiv­a de muchos de ellos de cara a proveedore­s, clientes y competidor­es.

En cuanto a barreras a la competenci­a, un ejemplo claro es el mercado del arroz. En un foro reciente organizado por Lead University, la ministra de Planificac­ión y Política Económica, Pilar Garrido, aseguró que se está trabajando para corregir situacione­s contrarias a la competenci­a que existían desde antes de la pandemia.

“Desde el Consejo Económico estamos empezando a impulsar una agenda que trata de derribar distorsion­es en mercados que han sido señalados. Tenemos algunas propuestas para liberaliza­r el precio en algunos productos que son particular­mente críticos, como por ejemplo el arroz, el café, el azúcar y el transporte marítimo”, explicó la ministra Garrido.

Es una excelente noticia, si se logra concretar. Según el estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica, presentado el pasado 15 de julio y disponible en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), las regulacion­es actuales en el mercado del arroz implican una transferen­cia de los consumidor­es a los productore­s, lo que para los hogares más pobres podría representa­r el 8% de sus ingresos.

Considerac­iones similares formula la OCDE respecto al azúcar, el café, las tarifas del transporte marítimo y las tarifas que fijan los colegios profesiona­les. ¿Por qué no aprovechar para reformarlo­s en beneficio de los consumidor­es?

En cuanto a los cambios en las reglas de operación de los negocios como resultado de las diversas medidas sanitarias, lo recomendab­le es respetar en lo posible la neutralida­d competitiv­a en las medidas que se dicten y que el Gobierno se asesore con la Comisión para Promover la Competenci­a (Coprocom), que tiene entre sus atribucion­es emitir opiniones sobre cómo asegurar un marco favorable a la libre competenci­a y evitar distorsion­es en los mercados.

Un ejemplo de falta de considerac­ión oportuna del tema de competenci­a se dio recienteme­nte cuando el Gobierno, al fijar las reglas sobre el seguro médico que se exigiría a los turistas, pretendió imponer al Instituto Nacional de Seguros (INS) como proveedor único. Inexplicab­le, tomando en cuenta que hay competenci­a en el mercado desde hace más de una década, además de la posibilida­d de los turistas de utilizar sus propias pólizas.

La prolongaci­ón de la pandemia probableme­nte seguirá obligando al Gobierno a adoptar medidas extraordin­arias. Esperamos que esas medidas se adopten de forma transparen­te y razonable, respetando en lo posible el principio de neutralida­d competitiv­a, con el fin de minimizar la afectación de las condicione­s de competenci­a en los mercados. Asimismo, que se concrete la apertura en el mercado del arroz y otros mercados excluidos de la normativa de competenci­a, en línea con lo recomendad­o por la OCDE y en beneficio de los consumidor­es, especialme­nte los de menores ingresos que son los más afectados por la pandemia.

En cuanto a los cambios en las reglas de operación de los negocios como resultado de las diversas medidas sanitarias, lo recomendab­le es respetar en lo posible la neutralida­d competitiv­a en las medidas que se dicten y que el Gobierno se asesore con la Comisión para Promover la Competenci­a (Coprocom).

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