De 324.616 alumnos sin Internet, solo a 14.000 se le brindaría una solución
Apenas se discuten estrategias para atender problema el próximo año
La capacidad de las instituciones encargadas de brindar una solución a la falta de conectividad a Internet de estudiantes de primaria y secundaria para estudio remoto es insuficiente, lenta y más que tardía.
El cierre del periodo lectivo está a la vista, para diciembre. En forma realista, es muy lejana la posibilidad de resolver la situación a 324.616 estudiantes sin Internet que identificó el Ministerio de Educación (MEP).
Ni siquiera está claro cuándo iniciará la entrega de 14.000 soluciones en los meses que restan del año, que son las que se implementaría a través del Programa Hogares Conectados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), de acuerdo a documentos de los que EF tiene copia.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, respondió Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP. “No se podrá tener al 100% conectados”.
Villalta reconoció que no se tiene la fecha en que se iniciará la entrega de las soluciones y que apenas se está hablando qué hacer con el resto de los estudiantes a partir del 2021.
El MEP identificó que un tercio de los estudiantes afectados tiene dispositivos, pero no cuenta con el servicio de Internet. El resto carece de ambos: ni equipos ni Internet.
La ubicación de los 324.616 estudiantes la realizaron los directores de los centros educativos y se concluyó a finales de julio.
Villalta resaltó tanto este esfuerzo como la implementación de diferentes estrategias del MEP para atender a esa población.
Contra tiempo
La entrega de la limitada cantidad de soluciones que se está previendo se encuentra en una etapa embrionaria.
Los ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de la Presidencia formaron un grupo de trabajo a finales de julio junto con el IMAS y Sutel, a cargo de Fonatel, para buscar una solución al problema de conectividad de los estudiantes.
Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le corresponde la tarea de validar que los hogares beneficiarios, a los que se les brindará la conectividad y el dispositivo, cumplen los límites de ingreso definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para los quintiles de menores ingresos.
La formación de este grupo de trabajo no fue una reacción oportuna.
El grupo se constituyó cuatro meses desde que se inició el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 y tres meses después que la ministra de Educación, Giselle Cruz, reconoció la situación de estudiantes sin conectividad.
El empujón final para que se reunieran esas instituciones lo recibieron cuando un informe del Programa de Estado de la Nación confirmó que casi un tercio del 1,1 millón de estudiantes de primaria y secundaria de Costa Rica carece de conectividad.
Las instituciones dejaron pasar el tiempo y ahora este juega en su contra, porque implementar una solución a partir de la mitad del año exige más agilidad en las decisiones políticas y la ejecución de acciones.
El 24 de julio la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) advirtió que era necesario que el MEP suministrará al IMAS los datos de los estudiantes. El MEP dijo que ya cumplió este paso.
Sutel también le propuso al Micitt aumentar la cantidad de soluciones a brindar en los próximos años, lo que implica actualizar de seguido la meta del Programa de Hogares Conectados en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones.
El paso es necesario. Equivale a la orden que el Poder Ejecutivo le da a Fonatel para que implemente las acciones y empiece a coordinar tanto con el Banco Nacional, que administra el fideicomiso, como con los operadores, que ejecutan los proyectos.
Anteriormente Sutel había propuesto otorgar 61.500 soluciones a través del Programa Hogares Conectados durante 2020 y 2021. Micitt redujo la cantidad de enlaces a 46.462 hogares.
La nueva propuesta de Sutel está pendiente de respuesta por parte del Micitt.
¿Caso omiso?
Las llamadas de atención no siempre se escuchan. Más de un mes después, es decir: esta misma semana, Sutel tuvo que insistir.
El 1° de setiembre anterior Sutel volvió a plantear la preocupación a la ministra Paola Vega, jerarca del Micitt, porque todavía se necesitaba que el MEP le indicara al IMAS cuáles son los casos prioritarios a los que hay que darle conectividad.
Según Sutel, el MEP también tiene pendiente firmar un convenio con Microsoft para incluir licencias de Windows y Office en los equipos del programa. Era una observación que había planteado desde el 10 de agosto, de acuerdo con el documento del cual EF tiene copia.
A estas dificultades institucionales, se suman los problemas generados por la pandemia de la COVID-19 a nivel global tanto en la industria de fabricantes y ensambladores de equipos tecnológicos como en la logística para su importación.
Los operadores advirtieron que los plazos para entrega de equipos de Internet aumentaron debido al incremento de la demanda mundial: ahora se dura entre 60 y 90 días.
Los operadores son los encargados, después de procesos de licitación, de ubicar a los beneficiarios elegidos por el IMAS y de brindarles la conectividad.
Una situación similar ocurriría en el caso de las computadoras, para el caso de familias que las requieren, por las situaciones de los fabricantes y la logística de transporte e importación.
Eduardo Castellón, vocero de Sutel, respondió que se está coordinando con los operadores. El problema parece no ser ese. Si las decisiones se atrasan más, con los problemas de los fabricantes y de la logística, los meses que quedan se esfumarán sin avances o con muy pocos avances.
“Considerando que la coordinación interinstitucional es parte del rol de la rectoría y que ésta es cada vez más relevante, le solicitamos respetuosamente impulsar el cumplimiento de las acciones mencionadas a efecto de poder avanzar con la ejecución del Programa Hogares Conectadas”, le pidió Federico Chacón, presidente de Sutel, a la ministra Vega.
Ante una consulta de EF, el Micitt respondió que aún está afinando unos datos y “tomando ciertas decisiones”, por lo que utilizarían los 10 días establecidos por ley para contestar y que, de tener las respuestas en un plazo menor, las remitirían de inmediato.
La velocidad de respuesta institucional ante la situación definitivamente no parece coincidir con el paso de este difícil año y menos con la necesidad de los estudiantes.