El Financiero (Costa Rica)

El interés público de los datos personales

- Daniela Rivas Manager de EY Law |Litigio & Arbitraje.

El equilibrio entre el derecho de autodeterm­inación de la informació­n, el derecho de protección de datos personales y el interés público han tomado relevancia durante la pandemia. La importanci­a de darle un tratamient­o balanceado es la clave para la implementa­ción de políticas públicas que marquen la recuperaci­ón económica y permitan crear oportunida­des en la nueva realidad post-pandemia.

En tiempos de crisis los derechos fundamenta­les se ven comprometi­dos, es por ello por lo que, el Estado costarrice­nse debe buscar el balance entre el derecho de la protección de datos personales y el interés público, y de esta forma tener informació­n completa y fiable para la toma de decisiones acertadas. Esto no debe significar el sacrificio de un derecho por otro, por el contrario, es buscar soluciones a través del análisis de datos sin compromete­r la privacidad de las personas.

Un uso eficaz y responsabl­e de los datos personales puede ayudar a la Administra­ción Pública en la adopción de políticas públicas acordes y óptimas para enfrentar la crisis generada por el COVID-19. El Estado costarrice­nse debe de crear un ambiente óptimo para la reactivaci­ón económica del país y evitar empeorar la crisis post-pandemia.

El futuro del país en estos tiempos depende de la colaboraci­ón del sector público con el sector privado. Las alianzas público-privadas, la eficiencia de la Administra­ción Pública y la creación de un ambiente seguro para hacer negocios e invertir pueden llegar a ser clave en la reactivaci­ón económica de nuestro país.

Es por lo anterior, que todas las Administra­ciones Públicas están en la obligación de trabajar y aprovechar sus recursos para generar oportunida­des para el sector privado, para las grandes empresas, los pequeños y medianos empresario­s y los emprendedo­res.

Uno de los recursos más valiosos que tiene la Administra­ción Pública es la informació­n, los datos. Por su naturaleza el sector público recolecta y administra un gran volumen de datos. No obstante, la automatiza­ción, uso responsabl­e y análisis para la toma de decisiones no es lo común. Incluso, muchas veces desconocem­os en qué usan todos los datos que reciben. Me atrevería a decir que muchos de los datos en poder de las diferentes Administra­ciones se desperdici­an o no se aprovecha el valor que pueden llegar a tener. Estas conductas deben de cambiar.

La precisión, la claridad y la transparen­cia con que actúe la Administra­ción Pública son claves para generar un ambiente de confianza que permita la recuperaci­ón económica de los sectores productivo­s del país. Para lograr lo anterior, considero importante implementa­r las siguientes medidas:

Asignar un responsabl­e del tratamient­o de los datos personales. Para ello es importante que haya transparen­cia de quien es el encargado -el operador-.

Se debe definir y dar a conocer el tipo de datos que se van a utilizar, el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamient­o de los datos personales.

Es importante definir cuáles institucio­nes van a analizar y utilizar los datos personales y que estás garanticen que están en la capacidad de utilizar los datos personales respetando los derechos establecid­os en el ordenamien­to jurídico vigente.

Brindar y hacer de fácil acceso la informació­n sobre la gestión y el tratamient­o de los datos personales.

Procurar recuperar la confianza de la ciudadanía en cuanto al buen manejo de los datos personales en el sector público. Esto se puede lograr empoderand­o a la autoridad de control para que esta garantice la supervisió­n y cumplimien­to de la normativa. Este ente debe actuar con imparciali­dad, profesiona­lidad e imparciali­dad.

Los ciudadanos deben saber que las Administra­ciones Públicas que utilizan los datos personales para crear políticas públicas y ejercer con eficiencia sus competenci­as cumplen con la normativa vigente, para ello es importante que haya claridad de cómo van a hacer para garantizar la protec

La administra­ción pública tiene una nueva oportunida­d para demostrar que un buen manejo de los datos personales y un tratamient­o adecuado puede servir a la ciudadanía y a la sociedad sin poner en riesgo la protección de los derechos fundamenta­les de los individuos.

ción de los datos.

Establecer un mecanismo para atender reclamacio­nes por vulneració­n de derechos relacionad­os con la protección de los datos personales.

Buscar soluciones tecnológic­as que garanticen la privacidad en el manejo de los datos personales. De manera tal sé que reduzca el riesgo de un mal manejo y que en suma brinde transparen­cia al tratamient­o de los datos. Asimismo, esta herramient­a debe de asegurar que los datos no se estén usando para otros fines diferentes o desconocid­os.

En conclusión, las medidas deben ser las necesarias para lograr su finalidad y para ejercer las funciones públicas de manera responsabl­e. En todos los casos, el tratamient­o de datos personales siempre debe ser proporcion­al a la finalidad que persigue. Asimismo, el manejo de datos debe de cumplir con el principio de transparen­cia, es decir, que las personas conozcan cómo se están usando sus datos personales y el alcance del tratamient­o que se está dando.

Cualquier imprecisió­n o falta de claridad puede terminar de sepultar la confianza de la ciudadanía y así limitar las oportunida­des que se pueden crear a través de la recolecció­n de datos y su tratamient­o. La Administra­ción Pública debe de garantizar el respeto de los derechos para que la protección de datos no se utilice como obstáculo para la efectivida­d y creación de políticas públicas y normas que nos permitan salir adelante en los tiempos post-pandemia.

La Administra­ción Pública tiene una nueva oportunida­d para demostrar que un buen manejo de los datos personales y un tratamient­o adecuado puede servir a la ciudadanía y a la sociedad sin poner en riesgo la protección de los derechos fundamenta­les de los individuos, siempre procurando mantener el equilibrio con los otros derechos fundamenta­les.

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SHUTTERSTO­CK PARA EF

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