Proyecto de empleo público se frena
La discusión del proyecto lleva dos semanas en pausa, pese a que es clave en acuerdo con FMI
Interrupción de sesiones por COVID-19 y celebración del 1.° de mayo impiden avance del plan, clave de cara al FMI.
El Gobierno de la República puso como una de sus metas para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación del plan de reforma al empleo público a finales de este mes de mayo; sin embargo, una combinación de factores dio al traste con esa expectativa y ahora el pronóstico más optimista es concretar el trámite en julio, apenas al cierre del plazo para la primera revisión de la entidad.
El proyecto se disponía a concluir su etapa de mociones de revisión, última votación de propuestas de cambio previamente rechazadas, en la última semana de abril. Sin embargo, los contagios de COVID-19 de un asesor de la presidencia legislativa y de la diputada socialcristiana María Inés Solís, puso los planes en pausa desde el 21 de abril.
Otro factor ha sido la falta de quórum y la ruptura del mismo en algunas de las sesiones, pues el Congreso solo puede trabajar con la presencia de al menos 38 legisladores.
También incidieron las actividades solemnes de cambio de legislatura de cada inicio de mayo, que abarcaron toda la primera semana de este mes.
El proyecto de reforma a empleo público es la principal medida legislativa que el Gobierno debe alcanzar en el Congreso para la primera evaluación del FMI, según han reiterado distintas autoridades de Gobierno a los diputados, como parte de los compromisos adquiridos por el Costa Rica con el organismo internacional para estabilizar sus finanzas a partir de 2023.
Esas medidas son la contrapropuesta que hizo el Estado para acceder a un financiamiento por $1.778 millones, a través de una facilidad de Servicio Ampliado (SAF), por tres años.
Ahora, el Banco Central (BCCR) modificó sus expectativas y espera que el proyecto alcance su votación en primer debate a finales de junio o principios de julio. Así lo indicó el presidente del emisor y gobernador de Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero, en entrevista con EF.
Cubero aceptó que le preocupan los efectos del COVID-19 en el Congreso y los eventuales contagios de legisladores, pero dijo mantenerse optimista. “Eso genera incertidumbre, pero confío en que los tiempos se mantengan relativamente”, indicó el jerarca.
Alcanzar una eventual aprobación del proyecto hasta julio implicaría un atraso en los cronogramas de alrededor de un mes y medio, pero, según Cubero, sería
“manejable”.
El FMI otorgará a Costa Rica el financiamiento del acuerdo en seis tractos iguales: el primero lo dará tan pronto como se apruebe el convenio en el Congreso y los restantes cinco los entregará únicamente si el país cumple satisfactoriamente con sus propuestas para estabilizar la economía.
La primera revisión se hará contra los resultados hasta julio, indicó a EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas; a partir de una misión que realizará su chequeo algunas semanas más tarde.
Congreso
Pese a los atrasos, el Gobierno se propone avanzar la próxima semana con la tramitación de las últimas propuestas de cambio al proyecto, las cuales en realidad corresponden a mociones ya rechazadas de las cuales se solicitó una revisión (repetir sus votaciones).
“Queda terminar de ver el informe del presidente y que la próxima semana estemos en condiciones de regresar al conocimiento de las 40 mociones que hacen falta (...)”, afirmó a este medio el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales. Morales ha sido uno de los principales operadores de la reforma por parte del oficialismo en el Congreso, desde su gestión como presidente en la Comisión de Gobierno y Administración –donde se dictaminó semanas atrás.
Una vez que el proyecto concluya la votación de mociones de revisión, deberá ser enviado a consulta de varias instituciones en un período que no suele tardar más de dos semanas. Luego, se podrá discutir y votar en el primero de dos debate.
De ser aprobado, irá a revisión de la Sala Constitucional por un período de 30 días, y regresará para su votación final al Congreso.
Los planes; sin embargo, ahora se ven amenazados ante los nuevos aislamientos de diputados por COVID-19.
La socialcristiana Shirley Díaz y el independiente Dragos Dolanescu tienen orden sanitaria; y el Ministerio de Salud analiza los posibles vínculos de la legisladora liberacionista Karine Niño, quien confirmó su diagnóstico positivo de la enfermedad este 6 de mayo.
Niño participó en la sesión solemne del 1.° de mayo –junto con otros 55 legisladores– y su diagnóstico obligó a retirar preventivamente a la fracción del PLN este jueves del Congreso. La recién electa presidenta del Congreso, Silvia Hernández, indicó que la medida la recomendó el Ministerio de Salud, mientras se determina si es necesario emitir órdenes de aislamiento a otros congresistas.
La ausencia de los liberacionistas impidió sesionar la tarde del jueves para comentar el informe de labores del presidente Carlos Alvarado, pues solo llegaron 33 legisladores a trabajar.
Otros proyectos
El plan de empleo público es solo uno de los siete proyectos que deben avanzar en el Congreso, como parte del convenio con el FMI.
Sin embargo, el panorama es más complejo con el resto de iniciativas, que apenas dan sus primeros pasos en comisión.
Entre esos otros proyectos están algunas la eliminación de algunas exoneraciones, la estandarización de la tasa a las rentas de capital y algunas otras reformas tributarias, incluida la imposición de un sistema de renta global (no cedular). Asimismo, incluye el establecimiento de un aporte extraordinario por cuatro años a las empresas públicas del Estado.
Todo ello, en conjunto con otras medidas administrativas para contener el gasto público, busca revertir el déficit primario (ingresos menos gastos sin contar intereses) y estabilizar la deuda pública del país a partir de 2023.
Sobre estos proyectos, el presidente del Central indicó que ”esperarían ver algún nivel de avance”, al igual que con la cartera de créditos de apoyo presupuestario con entidades multilaterales que siguen pendientes de aprobación.
“Ciertamente en los meses de mayo y de junio esperaríamos ver un progreso importante en todo eso, a nivel de comisión y ojalá que algunos salgan de ellas y progresen en el Plenario”, comentó.
Colaboró la periodista Andrea Hidalgo
“Queda terminar de ver el informe del Presidente y que la próxima semana estemos en condiciones de regresar al conocimiento de las 40 mociones que hacen faltan”.
Diputado, PAC.