El Financiero (Costa Rica)

Mezclas inconvenie­ntes

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El asfalto es un producto esencial en la construcci­ón y mantenimie­nto de carreteras y en obras constructi­vas públicas y privadas en general. En nuestro país lo importa únicamente la Refinadora Costarrice­nse de Petróleo (Recope). En cuanto a producción de mezcla asfáltica acorde a los requerimie­ntos de cada proyecto, el mercado luce a primeras luces competitiv­o, 12 empresas poseen plantas de producción, pero de ellas únicamente tres disponen de plantas de modificaci­ón del material: MECO, H. Solís y la china Chec, que opera en el Caribe.

Según expertos, el mercado es atípico. Por un lado, la calidad del producto que compra Recope varía en función de la época del año y de la demanda internacio­nal. Por otro lado, las modificaci­ones asfálticas se hacen en plantas de las mismas constructo­ras y no en plantas especializ­adas, como en otros países, lo cual erosiona los controles.

La Cámara de la Construcci­ón considera que existe una gran cantidad de plantas que pueden satisfacer las necesidade­s del país. Sin embargo, según el presidente de esa entidad, los carteles o pliegos de condicione­s en los procesos de contrataci­ón pública limitan la participac­ión y benefician a unos pocos oferentes. “Se deben modificar los carteles para poder facilitar la participac­ión de mayor cantidad de empresas productora­s e instalador­as de MAC (mezcla asfáltica) en el país. Entre mayor sea la competenci­a se podrá obtener un mejor precio”, afirmó.

Este mercado ejemplific­a restriccio­nes a la competenci­a que no deberíamos dejar pasar y podrían estar presentes en otros mercados. La primera distorsión en la cadena es el monopolio de importació­n de Recope, que limita la posibilida­d de obtener opciones más variadas, mejores calidades y mejores precios en los mercados internacio­nales. Nos recuerda el excesivo involucram­iento directo del Estado costarrice­nse en la economía, señalado por la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus informes sobre el país.

En segundo lugar, como se indicó anteriorme­nte, por el número de empresas existentes el mercado de producción de mezcla asfáltica debería considerar­se competitiv­o. Lo reafirma el presidente de la Cámara de Construcci­ón. No obstante, se señala que los procesos de contrataci­ón pública, en particular los carteles o pliegos de condicione­s, suelen incluir condicione­s que limitan la participac­ión y tienden a favorecer a unas pocas empresas.

Difícilmen­te este es un caso aislado. Restringir la libre competenci­a en la contrataci­ón pública empieza por imponer condicione­s más restrictiv­as de lo necesario en los pliegos de condicione­s, tema que se suele manejar con bastante opacidad en los departamen­tos de proveedurí­a institucio­nales. Las institucio­nes deberían implementa­r mecanismos de revisión de los pliegos de condicione­s, con el apoyo de expertos independie­ntes, para garantizar que no incluyan barreras injustific­adas a la participac­ión. La Contralorí­a General de la República y la Comisión para Promover la Competenci­a (Coprocom) podrían también coadyuvar en el tema, en lo que les correspond­e conforme a sus facultades legales.

Dos de las empresas que predominan en el mercado de producción de mezcla asfáltica son las mencionada­s en el Caso Cochinilla, que ha causado conmoción y se encuentra actualment­e en investigac­ión en vía judicial. A raíz de ese caso, la Coprocom anunció que investigar­ía la presunta existencia de colusión en contratos relacionad­os con construcci­ón y mantenimie­nto de carreteras.

Ese tipo de práctica, conocida como colusión en licitacion­es, puede ser facilitada por pliegos de condicione­s excesivame­nte restrictiv­os o amañados. Se refiere a empresas que coordinan para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios ofrecidos en procesos de contrataci­ón pública. Según la OCDE, esta práctica, aunque ilegal, le cuesta a los gobiernos y contribuye­ntes miles de millones de dólares cada año. Los países de la OCDE gastan aproximada­mente el 12% de su PIB en contrataci­ón pública, porcentaje que puede ser aún mayor en los países en desarrollo. Se estima que la eliminació­n de la colusión en la contrataci­ón pública podría ayudar a reducir los precios de adquisició­n en 20% o más.

Mercados como el del asfalto ameritan ser revisados. La Coprocom tiene ahora mayores poderes, puede realizar estudios de mercado para identifica­r barreras a la competenci­a, hasta puede emprender directamen­te ciertas acciones legales. Debería valorarse si las investigac­iones anunciadas a propósito del Caso Cochinilla cubren o deberían extenderse al tema del asfalto, sobre todo tomando en cuenta lo indicado por la Cámara de Construcci­ón.

Restriccio­nes injustific­adas en los pliegos de condicione­s de las contrataci­ones públicas, colusión entre oferentes, resistenci­a al uso de plataforma­s electrónic­as de contrataci­ón, son factores comúnmente ligados a corrupción y pueden costar millones al Estado y, en última instancia, a los contribuye­ntes.

Este mercado ejemplific­a restriccio­nes a la competenci­a que no deberíamos dejar pasar y podrían estar presentes en otros mercados. La primera distorsión en la cadena es el monopolio de importació­n de Recope...

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